Opinión
La pandemia de COVID-19 ha tensionado y puesto desafíos al sistema educativo como nunca antes en la historia, tanto a nivel nacional como en el mundo entero. Nuestro país, con experiencia en situaciones de emergencia, no había experimentado circunstancias en las cuales un elemento tan esencial de la práctica y estructura del sistema, como es la participación e interacción entre integrantes de la comunidad escolar, se haya interrumpido o se encuentre mediada por diferentes tecnologías remotas durante tanto tiempo. En este año y medio de pandemia, profesores y profesoras, directivos y directivas, profesionales y técnicos y técnicas de la educación y de niveles intermedios han ido reelaborando y construyendo formas diferentes, antiguas y nuevas, para sostener lo esencial: el aprendizaje como un proceso de vínculo y participación con otras y otros, y la educación como un derecho para todos los niños, niñas y jóvenes.
Es necesario tener siempre presente que lo que nos moviliza es el derecho de los niños, niñas y jóvenes a aprender y a educarse. Las consecuencias de la exclusión escolar son profundas y permanentes en la vida de las personas, disminuyendo sus posibilidades en sus proyectos de vida y acrecentando las desigualdades, con efectos de corto y largo plazo en nuestra sociedad y en el desarrollo del país. En contraposición, un sistema educacional robusto y denso en este derecho, que prevenga la exclusión escolar y promueva las trayectorias de todas y todos los estudiantes presenta grandes beneficios. Chile tiene una importante historia al respecto, con las últimas décadas avanzando de manera notable en indicadores asociados al acceso, pero presentando aún grandes desafíos en equidad y calidad educativa, los cuales, aunque provienen desde antes de la pandemia, pueden verse profundizados y acrecentados como consecuencia de esta.
Ante la incertidumbre y posibilidades que abre el escenario de transformaciones actuales, el principio de que todas y todos importan, y que mantener y promover las trayectorias de todos es una tarea colectiva, resulta fundamental. En ese escenario, el Servicio Local Andalién Sur viene trabajando desde el 2020 en una iniciativa, junto con el CIAE de la Universidad de Chile y Fundación Educacional Arauco, que potencia las propias capacidades de las comunidades escolares con miras a establecer trayectorias educativas positivas para que ningún niño, niña o joven vea alterado u obstaculizado su camino en el sistema educacional y pueda ejercer plenamente su derecho a la educación. Los resultados hasta el momento han sido promisorios, puesto que, en las comunas de Concepción, Chiguayante, Florida y Hualqui, en la región del Biobío, la tasa de deserción cayó de 2,3% en 2020 a 0,7% para el presente año, pese a las enormes desafíos que han impuesto las condiciones sanitarias.
Hoy, en medio de la enorme incertidumbre sobre el devenir de la pandemia, pero con las esperanzas puestas en el avance de la vacunación masiva y en el cumplimiento de las medidas sanitarias, creemos que es necesario mirar a mediano plazo. Construyendo confianzas, con el debido resguardo de los protocolos sanitarios y cuando sea seguro para estudiantes y docentes, todos los sostenedores, comunidades escolares y familias debemos trabajar de manera colaborativa para el retorno seguro a clases presenciales de nuestros niños, niñas y jóvenes, puesto que con ello estaremos fortaleciendo el derecho a una educación de calidad para todos, como al mismo tiempo, en asegurar no solo que no se acrecienten las brechas de aprendizaje sino que podamos reducir las que más de un año de pandemia han generado entre nuestros estudiantes.
