Opinión
Con alegría celebramos la creación de la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial de la Convención Constitucional que le corresponderá visualizar las formas posibles de desarrollar un proceso amplio, inclusivo, descentralizado, incidente y deliberativo de la ciudadanía en este histórico proceso que vivimos como país avanzando en democratizar nuestra democracia en co-construcción.
Hace 10 años escribía una columna para este mismo medio que abordaba los déficits de nuestra anoréxica democracia, dentro de los puntos abordados se debe señalar que varios de ellos tuvieron avances, como por ejemplo: la existencia de un sistema electoral proporcional; el desarrollo de primarias públicas, abiertas y vinculantes financiadas por el Estado para selección de candidatos; la existencia de un límite en la reelección de representantes; la inscripción automática en los registros electorales; el voto de chilenos en el extranjero; la elección directa de consejeros regionales e intendentes -hoy denominados gobernadores-; y mejorar y transparentar el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. El proceso constituyente abre un espacio para avanzar en los temas que aún están pendientes: la existencia de iniciativa popular de ley; la convocatoria ciudadana a plebiscitos nacionales; la creación del Defensor del Pueblo u Ombudsman; modificar los elevados quórums constitucionales en el proceso legislativo; y, sobre todo, el contar con una Carta Magna legítima en su origen, democrática en su formulación y participativa en su constitución.
Para fortalecer este proceso quiero enfatizar en dos características que debería tener la participación. Primero, es necesario una participación multicanal, donde los mecanismos de participación ciudadana a establecer consideren los estándares de participación presentes en la literatura internacional: incidentes en la toma de las decisiones; inclusivos y representativos de actores e intereses; transparentes y con acceso a la información; que disminuyan asimetrías; oportunos y pertinentes para cada actor; y que permitan generar colaboración y alianzas para amplificar su alcance. Además, que se hagan cargo de lo ya avanzado y autoconvocado en forma espontánea para abrir nuevas y diversas instancias colectivas e individuales.
Como segunda característica está la participación multinivel, donde la sistematización y trazabilidad de este proceso inicial debería acompañar el proceso posterior de transformación del resto de los cuerpos legales necesarios tras el proceso de cambio constitucional. En el fondo, la traducción a clave constitucional de las expresiones ciudadanas es un primer paso, para luego avanzar con esos mismos insumos en la definición de las nuevas leyes y reglamentos asociados en su coherencia, por tanto, es un proceso participativo que debería incluir a otros actores políticos en sus posibilidades de incidencia (gobierno nacional, regional y local además del parlamento a elegir en noviembre de 2021). Siendo un compromiso abrir espacios de participación deliberativos para democratizar nuestra democracia y reconstruir el pacto social en coherencia.
