Opinión
Las últimas semanas la escena política nacional se ha visto remecida por la inédita situación que atraviesa el Frente Amplio a nivel nacional por el fallido proceso de inscripción de candidaturas a los Consejos Regionales. Las declaraciones cruzadas y explicaciones se han tomado los titulares de diversos medios, pero de soluciones, todavía nada.
Al conocerse esta situación el día inmediatamente después del cierre de las inscripciones, desde diferentes espacios políticos, de manera transversal, se levantaron voces que concebían como un absurdo la posibilidad de dejar sin representación a todo un bloque político por una falta administrativa. Por su parte, Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Servel y exanalista político de la UDI, ha sido enfático en decir que se actuó conforme a la ley y en este caso no hay nada más que hacer.
Creo que la esencia última de un sistema democrático se sustenta en la posibilidad de permitir a la ciudadanía deliberar y tomar acuerdos colectivos para la convivencia a través de procesos transparentes, justos, representativos y participativos. Al mismo tiempo, entre los documentos oficiales del Servicio Electoral se declara que su misión es “Contribuir a la democracia mediante la promoción de la participación ciudadana informada; el apoyo al rol de los partidos políticos y el ejercicio de los derechos de los independientes (…)”.
En estas palabras no pretendo, ni me compete, dilucidar qué tanto se ajusta o deja de ajustar la situación al procedimiento legal, pero sí creo que es importante recalcar eso: se trata de una discusión sobre procedimiento. Me pregunto, entonces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a trasferir responsabilidades políticas a una falta procedimental?
Y es que las consecuencias políticas no son menores. En primer lugar (y probablemente lo más evidente) está el hecho de dejar a todo un sector político fuera de un proceso eleccionario. Estamos hablando de cientos de candidaturas a lo largo de todo el país, que son simplemente marginadas de la contienda electoral, como si cada una de estas candidaturas no representara un trabajo colectivo territorial, coordinación de voluntades, programas políticos e idearios. Siento, ante esto, que las palabras de Andrés Tagle al decir “no hay nada más que hacer” son una respuesta peligrosamente simple a un problema de amplias complejidades.
En segundo lugar, quienes vivimos en regiones extremas y constantemente debemos luchar contra el flagrante centralismo con que se toman las decisiones en nuestro país, entendemos perfectamente la tremenda importancia que tiene la posibilidad de instalar fuerzas políticas transformadoras en el Consejo Regional, espacio que adquiere una relevancia crucial en el proceso de descentralización y en el contexto de la nueva institucionalidad regional que busca brindar mayor autonomía en la administración territorial.
Para nosotros esta no es una elección menor. Por lo mismo, hace tanto ruido el hecho de que, como resultado de falencias en un proceso absolutamente centralizado (haya una falta procedimental o no), en términos concretos se termine dejando fuera a cientos de candidaturas territoriales que sí presentaron sus declaraciones y documentación en regla. Más aún, el punto se vuelve crítico cuando hablamos de candidaturas que, viniendo desde espacios independientes, hemos encontrado cabida en listas de partidos políticos, como una forma de conectar el mundo de las organizaciones sociales con las decisiones políticas. A la larga nos encontramos con lo mismo: decisiones centralistas, consecuencias territoriales.
Creo necesario abordar el problema desde una mirada que responda a la misión del Servicio Electoral (y de todo proceso democrático) de “la promoción de la participación ciudadana informada; el apoyo al rol de los partidos políticos y el ejercicio de los derechos de los independientes” y no que genere trabas que desde una posición de superioridad moral determinen quién juega y quién no. Más participación significa mayor representatividad y más representatividad significa más y mejor democracia. Para faltas administrativas, sanciones administrativas; ojalá nunca el precio sea menos democracia.
