El país fue testigo hace unos días del ahorcamiento irracional que ejerció un funcionario de Carabineros en contra de la convencional constituyente Tiare Aguilera, en un procedimiento policial por violencia intrafamiliar.
Sin entrar en las razones para que la policía llegara a ese lugar, a todas luces y sin duda, observamos un acto desproporcionado, carente de fundamento, que no justifica en caso alguno el uso de violencia en contra de la ciudadana, que solo pedía explicaciones por el procedimiento adoptado. La forma de actuar no guarda relación alguna con las normas procesales y administrativas exigidas, lo que muestra claramente una falta de internalización por parte del funcionario policial del entramado normativo. Prueba de esto, fue su rápida baja por “conductas impropias que la institución no tolera ni acepta”.
Hace ya más de un lustro Carabineros gozaba de ser una de las más confiables instituciones de Chile. Así lo declaraba la mayoría de las encuestas. Las razones de esa percepción, para algunos, existían de sobra.
Sin embargo, desde el 2016 el pedestal en que se encontraban comenzó a debilitarse con grietas provocadas por una seguidilla de presuntos delitos cometidos por la oficialidad. Así es como el “PacoGate” (2016), “Gastos Reservados”el mismo año, los casos “Huracán” (2017) y “Catrillanca” (2018) se tomaron los titulares, a lo que se sumaron las investigaciones por violaciones de los Derechos Fundamentales que involucraban a efectivos de Fuerzas Especiales (2019-2020) en razón del estallido social.
Era un discurso repetido: cada vez que se revelaban estos procesos judiciales reactivos a los hechos, se anunciaba una mesa para abordar la “reforma” y “modernización” de la institución policial. Modificaciones que, si se aplicaron en el ámbito administrativo, al parecer, no tuvieron un mayor efecto.
También se habló de los manuales de primeras diligencias, de nuevos protocolos de actuación, de respeto irrestricto de los derechos de los imputados y de la protección de los derechos humanos. Todo, siempre, con el apoyo del gobierno de turno. Sin embargo, estos episodios de violencia no pararon y con lo ocurrido a la convencional queda en evidencia que algo ocurre con la instrucción y la aplicación de estas normativas, ya que de ninguna manera se están respetando.
¿De qué sirve anunciar con bombos y platillos que la institución cambiará, que se aplican correctivos, si en la práctica siguen ocurriendo este tipo de situaciones? La mesa de expertos no ha solucionado la problemática, lo que constituye derechamente un fracaso.
Las consecuencias de estos hechos que afectaron la fe pública y los derechos fundamentales, provocaron que la Convención Constitucional haya aprobado la idea de sustituir Carabineros por otra institución dirigida por civiles, debiendo colocar los acentos en la defensa de los Derechos Fundamentales. Algunos, incluso sostuvieron la idea de desconstitucionalizar el organismo, debiendo este ser regido por una ley ordinaria.
Más allá de la legitimidad que detenta el poder constituyente para que decida qué tipo de fuerza policial queremos para Chile, la cuestión pasa principalmente por el tipo control que debe instituirse y ejercer respecto de la nueva policía que se está refundando, y en especial con el entendimiento claro de que la doctrina de protección de los derechos fundamentales no es un relato imaginario o literatura que solo se debe aprender en la escuelas para poder egresar o ascender, sino que su entendimiento y ejecución debe ser la condición de posibilidad de la existencia de una policía moderna dentro de un Estado democrático.