Opinión
Recientemente se ha anunció la cuarta inoculación contra el COVID-19 por parte del Ministerio de Salud, y aunque a todas luces es un gran logro para el sistema de salud de nuestro país y una de las principales herramientas para combatir la pandemia, no es suficiente si no se promueve la inmunización a nivel global.
Hace algunos meses escuchábamos a Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), recordar incansablemente a los países desarrollados e industrializados su obligación moral de suministrar vacunas contra el coronavirus a los países más pobres del mundo.
A finales de noviembre del 2021, solo 3 de 100 personas estaban vacunadas en los países más pobres y esto propició el aumento de los casos y la detección de la variante ómicron en el sur de África. Por otro lado, en Chile el 92,2% de la población objetivo se encuentra completamente inmunizada y se ha asegurado el suministro de vacunas necesarias para toda la población.
Esto sin duda muestra las grandes desigualdades que existen en el acceso a atención en salud, pues –como lo han señalado varios expertos– el dejar fuera a los países más pobres es un caldo de cultivo para nuevas mutaciones del virus.
En este sentido, el Art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aborda el derecho a la salud estableciendo lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios”.
Entender la salud bajo un enfoque de derecho, significa que los Estados están disponibles a afrontar y corregir las desigualdades existentes en el sistema salud, orientando las políticas públicas a mejorar progresivamente el derecho al goce de la salud de las personas. Sin embargo, esto no solo implica acciones locales, sino que involucra la comunicación y cooperación activa con aquellos lugares (nacionales e internaciones) donde las brechas son aún más grandes.
En el contexto actual, resulta esencial la cooperación internacional para asegurar la inmunización global contra el COVID-19 y que esta asegure la no discriminación a la hora de la inoculación, la calidad en la atención en salud y la disponibilidad de recursos que permitan acortar las distancias en relación con el manejo de la pandemia.
Este es un problema global que necesita la cooperación de todos para superarlo. Pero, para ello, es necesario comprender que no es posible el goce efectivo del derecho a la salud, si otras comunidades y otros países no pueden acceder a él.
