Hace algunas semanas fuimos testigos de los dichos transfóbicos emitidos por el diputado Gonzalo de la Carrera en contra de la diputada Emilia Schneider, primera parlamentaria trans de nuestro país. Luego, en el punto de prensa posterior al hecho, él mismo calificó de “feminazis» a las diputadas que manifestaban su apoyo a la parlamentaria afectada.
Si bien es esperable que se manifieste el disenso entre quienes participan del debate político, afirmaciones como las expresadas por el parlamentario escapan a lo que podemos entender como una opinión legítima en este contexto y corresponden a dichos manifiestamente discriminatorios que impiden sostener un diálogo democrático saludable. La erradicación de este tipo de conductas supone un desafío necesario para alcanzar una democracia plena.
La incorporación de las mujeres y diversidades sexogenéricas en los espacios de toma de decisión política se ha enfrentado históricamente a obstáculos que aún son muy difíciles de franquear. Si bien se han adoptado medidas legislativas que buscan asegurar la participación de las mujeres en el Congreso, como la Ley 20.840, que establece una cuota de género en las candidaturas, y se ha instalado en el debate la necesidad de avanzar hacia leyes que aseguren la paridad en estos y otros órganos políticos, se trata de medidas insuficientes si, al acceder a estos espacios, nos vemos enfrentadas a ejercicios de violencia política de género, manifestada, entre otras formas, a través de discursos que menoscaban nuestra identidad, nuestras capacidades y nuestras convicciones políticas.
Esta particular manifestación de la violencia de género es propia de una sociedad como la nuestra, que ha relegado históricamente a las mujeres a la esfera de lo privado y ha aceptado la violencia como mecanismo de disciplinamiento. La incorporación de las mujeres y las diversidades sexogenéricas en los espacios de toma de decisiones públicas exacerba la violencia de aquellos que buscan restringirla, ya que cuando ocurren este tipo de hechos la víctima directa no es la única afectada, pues la violencia es observada por otras mujeres que ven cómo sus pares que deciden participar del debate político son atacadas.
A raíz de los hechos recientes se alzaron voces desde distintos sectores exigiendo una modificación al Reglamento de Ética de la Cámara que agrave las sanciones para este tipo de conductas. Además, el Ejecutivo anunció que se pondría urgencia al proyecto, actualmente en tramitación, que busca incorporar como causal de remoción de los parlamentarios el incurrir en actos de violencia.
Si bien una condena transversal cuando ocurren hechos de esta naturaleza es necesaria, pues envía un mensaje de que son inaceptables en nuestra sociedad, una respuesta punitiva es insuficiente para disuadir a futuros agresores de incurrir en conductas como la descrita y no da cuenta de la magnitud y el carácter estructural de la problemática.
Una democracia plena requiere de la participación de todas, todos y todes en los espacios donde se toman las decisiones y para resguardar este objetivo es indispensable erradicar la violencia política de género. Para ello, además de las sanciones a hechos concretos, es indispensable y urgente que se diseñen e implementen políticas públicas que fomenten una cultura de participación democrática, que erradiquen los estereotipos de género, que prevengan las manifestaciones de violencia y que fiscalicen la actuación de las autoridades públicas.
