Opinión
El reporte del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros establece que, a junio de este año, se registran 25.591 detenidos por robo con violencia en el país, de los cuales 3.155 son niños, niñas y adolescentes (NNA).
Se trata de estadísticas tan reveladoras como preocupantes. Un triste récord que nos debe movilizar no solo a la reflexión como país, sino que a actuar para ponerle coto a la participación de NNA en delitos de alta connotación pública.
Es preciso señalar que la delincuencia juvenil no es un fenómeno reciente, pero sí se observa una participación de menores de edad en delitos más violentos, lo que, a juicio de expertos, obedecería al “secuestro” de niños y jóvenes por bandas de narcotraficantes o asociadas al crimen organizado.
Para prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es urgente, antes que todo, que la sociedad en su conjunto procure un desarrollo armonioso de los niños y adolescentes, y respete y cultive su personalidad basada en valores universales a partir de la primera infancia. Pero también se debe avanzar en la formulación de doctrinas y criterios especializados para la prevención de la delincuencia juvenil, considerando las leyes, los procesos, las instituciones, las instalaciones y una red de servicios.
Es evidente que la oferta pública no ha sido capaz de interrumpir la reiteración de las conductas antisociales de niños, niñas y adolescentes. Tal y como establece la evidencia empírica, un alto porcentaje de NNA involucrados en trayectorias delictivas desiste de ella en la medida que se reintegran al sistema educativo formal o vuelven a vivir bajo el alero de familias con modelos prosociales, medidas que deben abordarse con la mayor premura y responsabilidad.
