Opinión
Las políticas públicas deben dar respuestas a las necesidades de la gente. Deben estar concebidas de tal manera que impacten integralmente en la vida de la ciudadanía. Los buenos resultados se alcanzan cuando una política genera, junto a otras, mejoras sostenidas y sustanciales en la vida de los más vulnerables, y bajo esta mirada, el Estado debe abordar integralmente las problemática y los fenómenos sociales.
En lo que va del año 2022, tenemos 36 femicidios consumados y 159 femicidios frustrados. Además de mi rol sindical, soy dirigente territorial de una de las más luchadoras y vulnerables comunas de Santiago. En Cerro Navia, muchas mujeres viven a diario bajo el maltrato y la violencia física con riesgo de muerte. Mujeres con altos índices de depresión y dependencia económica, se ven obligadas a vivir bajo el mismo techo que sus agresores.
En el país de los emprendedores y emprendedoras, lo que en estricto rigor llamaría sobrevivientes, existen políticas públicas y locales de fomento a la producción que han mejorado el día a día de algunas mujeres, pero créanme que no es suficiente, pues me pregunto: ¿quién puede vivir en dignidad e independencia con subsistencias por debajo de la línea de la pobreza?, ¿sin seguridad social ni Estado que les ampare más que el esfuerzo individual? ¿O sueldos mínimos que no alcanzan para mantener solas a sus familias? Sin duda, muchas han logrado, a costa de un embrutecido esfuerzo, soledad y valentía, mejorar sus condiciones y escapar del yugo de sus agresores, pero las políticas públicas no se basan en excepciones, sino en establecer generalidades, en alcanzar la transformación de las condiciones sociales de las mujeres y la sociedad.
El sistema patriarcal, la acumulación del capital y la ideología dominante, las obliga a callar, naturalizar y reproducir sin su voluntad el horror de vivir en espacios de violencia y pobreza. Así es la socialización de género, sin cuestionamiento; y si te alzas, no faltarán las voces que nos inviten a conciliar y soportar el maltrato, y a decirnos que: calladitas nos vemos más hermosas.
La experiencia me sostiene, y puedo decir que el femicidio también existe por los altos índices de consumo de drogas y alcohol en los habitantes de los territorios, por la deserción escolar que reproduce en los jóvenes la ignorancia, la falta de empatía y el aprendizaje de conductas solidarias, respetuosas y humanas, por los cientos de hogares disfuncionales, pobres, acechados por las deudas, la enfermedad, y el padecimiento de la enfermedad mental. Nadie muere de amor, ni mata por amor. El que mata, lo hace porque posee severos rasgos psicóticos de colopatía, narcisismo, machismo y embrutecimiento cultural. Embellecer el femicidio, diciendo que el agresor lo hace por amor, es una de las reproducciones simbólicas de mayor criminalidad contra las mujeres
¿Por qué el Estado llega tarde? ¿Por qué las políticas públicas no dan resultados visibles y contundentes en esta materia? ¿Qué pasa con el gobierno central, regional y local? Muchas mujeres no encuentran salida, saben que al denunciar solo se exponen a la furia de sus agresores que, gracias a la lentitud de los procesos judiciales, tienen el tiempo y la impunidad para matarlas. Porque pagar una asesoría de abogados resulta inalcanzable, y porque sabemos que las corporaciones de asistencia judicial no tienen suficiente dotación de personal, ni los recursos necesarios para realizar procedimientos judiciales adecuados a las amenazas que viven las víctimas.
Hay esfuerzos, sin duda. En los municipios feministas y en el sindicalismo con identidad de género, en buena hora abundan las charlas con enfoque de género que las mujeres agradecen. No obstante, ¿qué viene después? Después de la charla, deben seguir viviendo bajo el mismo hogar y clima hostil de sus victimarios.
El Estado y sus servicios deben bajar al territorio. Formando Centros de Acogida para las Mujeres que sufren violencia de género y mantienen procesos judiciales contra sus agresores. Hogares que las alberguen junto a sus hijos e hijes, donde puedan aprender oficios para su desarrollo personal, con atención psicológica y médica, y un sistema nacional de inserción laboral destinado a mujeres con este tipo de experiencias, para que el lugar de trabajo también sea un espacio que las proteja y parte de la cadena de fiscalización. Los Centros deben entregar las herramientas y el apoyo judicial a todas quienes se encuentran en riesgo. El Estado debe cumplir un rol protector haciendo uso de los impuestos que paga cada una de las mujeres violentadas en todas las formas.
La sinergia y coordinación debe involucrar el Estado, los territorios, sus municipios, organizaciones y centros laborales. También implementar centros de rehabilitación de agresores, centros de rehabilitación de drogas y alcohol, nuevos programas educativos, nuevos centros de Asesoría jurídica para que todos tengan acceso a la justicia. No sigamos tapando hoyos, exijamos políticas públicas y locales implementadas con la fuerza de la historia. Cerro Navia y las organizaciones sindicales, merecen seguir multiplicando la rebeldía en sus flores.
