Opinión
No perdamos la oportunidad de maximizar los beneficios de cuidar la tierra, por mantener una sola visión de desarrollo. Entonces, el camino parece ser el desarrollo de una gran alianza público privada para promoverla, porque definitivamente el Estado no pudo, no puede, ni podrá por sí solo, y el actual escenario no deja más espacio que sumar esfuerzos y entender que todos somos un actor relevante en ella, pero a nadie le pertenece exclusivamente, aunque a algunos grupos les cause tanto conflicto compartir la protección de la naturaleza.
El cambio climático y la crisis medioambiental son fenómenos con los que definitivamente la humanidad está en deuda, pues no hemos sido capaces de tomar medidas profundas para detener su avance. En esto, las cifras hablan por sí solas: menos del 30% del planeta está conservado y la vida salvaje ha disminuido en un 68% durante los últimos 50 años. Y si hacemos zoom en nuestro país, el gasto del Estado en conservación es de menos de dos dólares por hectárea, solo un 21% de nuestro territorio está bajo Áreas Protegidas, y el reciente conflicto de los guardaparques nos hizo recordar que apenas uno de ellos debe resguardar cerca de 36 mil hectáreas.
Sin embargo, es un privilegio que en nuestro país contemos con bosques capaces de almacenar tres veces más carbono por hectárea que la Amazonía, al mismo tiempo que tenemos la tercera reserva de agua dulce más importante del mundo. Pero, es evidente que el Estado, filántropos, ONGs y grandes grupos económicos no pueden ser los únicos actores de la conservación, ya que más del 65% del bosque nativo en Chile está en manos de privados.
En este contexto, la conservación privada ha jugado un importante rol subsidiario de estas deficiencias. En 1997 los privados conservaban 450 mil hectáreas en Chile, y en 2013 esa cifra creció casi hasta el millón 700 mil hectáreas. Dicho trabajo está siendo actualizado y prontamente se darán a conocer los números actuales, que se anticipan aún más altos.
En este sentido, un modelo eficiente y eficaz para democratizar la conservación es el de los parques rurales, los que existen gracias a la voluntad de miles de personas que, de manera particular se acogen a un formato donde el resguardo de espacios naturales que les pertenecen es total, dejándolos asegurados a perpetuidad y monitoreados por un tercero que actúa como garante y fiscalizador. Así, el dueño mantiene su derecho de propiedad, pero bajo “nuevas reglas”, en las cuales la protección del patrimonio ambiental se impone al concepto más tradicional de propiedad privada.
Esta tendencia, inspirada en el modelo Land Trust de EEUU, e impulsado en diferentes lugares del mundo, lleva años teniendo presencia en Chile con iniciativas lideradas por Geute Conservación Sur, Patagonia Sur, Fundación Tierra Austral y muchas otras organizaciones, ONG´s y privados que han hecho posible su desarrollo a lo largo del país.
Sin embargo, pese a lo innovador del modelo, no todo ha sido fácil en el desarrollo de estos proyectos, ya que líneas más puristas de conservación, sin fundamento técnico ni jurídico, quieren dejar a toda costa a las personas como turistas de la naturaleza y no como protagonistas.
Lo anterior nos hace preguntarnos: ¿Es la conservación únicamente la protección absoluta sin presencia humana de un área natural?
No perdamos la oportunidad de maximizar los beneficios de cuidar la tierra, por mantener una sola visión de desarrollo. Entonces, el camino parece ser el desarrollo de una gran alianza público privada para promoverla, porque definitivamente el Estado no pudo, no puede, ni podrá por sí solo, y el actual escenario no deja más espacio que sumar esfuerzos y entender que todos somos un actor relevante en ella, pero a nadie le pertenece exclusivamente, aunque a algunos grupos les cause tanto conflicto compartir la protección de la naturaleza.
