Reforma política heredada de Boric cierra su paso por el Congreso con 125 votos

La reforma al sistema político terminó este miércoles su recorrido por el Congreso. Por 125 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta y despachó la iniciativa a ley, cerrando una discusión legislativa que comenzó bajo el gobierno de Gabriel Boric y que la administración de José Antonio Kast decidió acelerar en su tramo final.

La votación terminó despejando el único punto que permanecía abierto: la obligación de que las declaraciones de principios de los partidos políticos condenen el establecimiento de sistemas totalitarios y el uso de la violencia como método de acción política, además de expresar un compromiso con la probidad y la transparencia. Esa redacción había generado diferencias entre ambas cámaras y forzó la constitución de una Comisión Mixta.

El Senado había dado el primer paso la semana pasada, cuando ratificó la fórmula por 28 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones. La votación estuvo lejos de ser un cheque en blanco: desde distintos sectores se cuestionó tanto la redacción sobre totalitarismos como el diagnóstico general de una reforma centrada en reducir la fragmentación y reforzar la disciplina partidaria. Aun así, consiguió superar el quórum requerido y dejó a la Cámara la última palabra legislativa.

Este miércoles, el margen fue bastante más holgado. Los 12 votos en contra correspondieron mayoritariamente a diputados comunistas, además de Cristián Contreras (PDG) y otros parlamentarios, mientras René Alinco y Emilia Nuyado se abstuvieron.

La Moneda cierra una reforma que no nació en este Gobierno

El resultado completa un giro político que comenzó semanas atrás. El proyecto ingresó al Congreso en junio de 2025, durante la administración Boric, y tuvo entre sus impulsores al entonces ministro del Interior, Álvaro Elizalde. En su etapa final, sin embargo, fue el actual Ejecutivo el que decidió acelerar su despacho, llegando incluso a imponer discusión inmediata durante el trámite en el Senado.

La apuesta del ministro de la Segpres, José García Ruminot, había sido explícita: más que apurar formalmente los plazos, el objetivo era contar con los votos suficientes para cerrar una reforma que ya exhibía acuerdos entre oficialismo y oposición. La votación de este miércoles terminó entregándole al Gobierno ese margen.

Tras el resultado, García Ruminot destacó que el proyecto completó su tramitación legislativa y sostuvo que debería producir efectos para las próximas elecciones. También advirtió que todavía falta un paso antes de que pueda promulgarse: el control preventivo de constitucionalidad del Tribunal Constitucional, obligatorio debido a que varias de sus normas tienen carácter orgánico constitucional.

Por lo mismo, aunque el Congreso la despachó a ley, la reforma no pasa directamente a promulgación.

Más exigencias para partidos e independientes

El cambio más visible será la elevación de las barreras para constituir partidos. Se elimina la alternativa de formarlos en tres regiones contiguas y se exigirá presencia en al menos ocho regiones, con afiliados equivalentes al 0,3% del padrón electoral definitivo en cada una. Las colectividades actualmente constituidas dispondrán de 18 meses para cumplir el mínimo necesario para conservar su legalidad, equivalente al 50% de las firmas exigidas para constituirse.

La reforma también modifica el financiamiento público de los partidos y endurece las reglas para los independientes. En las elecciones parlamentarias, estos últimos no podrán representar más del 50% de las candidaturas presentadas por una colectividad; infringir ese límite puede provocar el rechazo de todas las candidaturas del partido en la elección respectiva.

Otro eje es el reconocimiento legal de los comités parlamentarios. La nueva regulación fortalece su capacidad de coordinación y considera una infracción grave a la disciplina interna el incumplimiento de sus acuerdos, aunque las sanciones no pueden privar a diputados o senadores de atribuciones constitucionales como votar o presentar iniciativas.

El último flanco se traslada al TC

El amplio respaldo no eliminó las objeciones. El diputado Jaime Mulet (FRVS) formuló una reserva de constitucionalidad, pero no contra la cláusula proveniente de la Mixta, sino contra aspectos estructurales de la reforma que, a su juicio, restringen el derecho de asociación y levantan barreras en favor de las colectividades de mayor tamaño.

Mulet calificó esa configuración como una “verdadera cartelización” y sostuvo que las nuevas exigencias dificultarán tanto la creación de partidos como la supervivencia de algunos actualmente constituidos.