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Ministerio del Medio Ambiente y ley REP: posturas y contradicciones ininteligibles Opinión

Ministerio del Medio Ambiente y ley REP: posturas y contradicciones ininteligibles

Cristián Zamorano Guzmán
Por : Cristián Zamorano Guzmán Analista y doctor en Ciencias Políticas.
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En el caso de Chile, con las normativas actual y futura, el país se posiciona como un candidato para transformarse en un vertedero internacional y facilitar el auge de un negocio que tiene innombrables aspectos negativos y, como lo hemos subrayado, puede tener nexo con el narcotráfico. La importación de productos como el ácido sulfúrico, a través de baterías de plomo, aumenta el riesgo de que ello sea utilizado para la producción de cocaína y drogas derivadas de ella por su uso como precursores.


Como he subrayado en columna muy reciente, existe en Chile un problema con uno de los inciso de la Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor) que puede ir totalmente a contra corriente con el discurso defendido por este gobierno en el primer año de su mandato, y que concierne el tema de la protección medioambiental, que fue declarada, antes de que la contingencia volcara totalmente la agenda política hacia el tema de la seguridad pública, como una de las prioridades del Ejecutivo.

El 14 de julio de 2022, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, presidido por la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas, aprobó el reglamento que regula el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, una normativa que Chile tiene pendiente desde la suscripción del Convenio de Basilea en 1992 y de su ingreso a la OCDE en 2010.  Nueve meses después de esta decisión, la entrada en vigencia de la norma aún está pendiente. el Ministerio de Salud está elaborando un informe sobre el tema, tras lo cual se revisará nuevamente para su envío a Contraloría y su toma de razón por parte de la entidad, con lo cual ya esta sería ley. En concreto, esta normativa -con la cual supuestamemte Chile se pone al día después de tres décadas de asumir el compromiso de regular esta materia- permite la exportación e importación de residuos peligrosos; desde neumáticos, baterías en desuso, hasta desechos minerales y tecnológicos.

Si nos referimos a las declaraciones entregadas, al Diario Financiero, por el abogado y doctor en Derecho Ambiental, Lorenzo Soto, “este proyecto de reglamento no hace otra cosa que facultar el tráfico internacional de residuos peligros, en contra de la tendencia más moderna que inspiran Basilea y la OCDE que es de minimizar la generación de residuos y, existiendo estos, tratarlos por parte de quienes los generan”.

A nivel internacional, y si nos fiamos a los países más avanzados en el tema de la protección medioambiental, en una declaración muy reciente, de enero 2023, del Tibunal de Cuentas Europeo (TCE); que es la institución que audita los ingresos y los gastos de la Unión Europea (UE) para verificar que la percepción, uso, rentabilidad y contabilidad de los fondos son los correctos; podemos leer que “ el tráfico y el vertido ilegal de residuos peligrosos sigue siendo lucrativo: este tráfico genera unos ingresos anuales estimados entre 1 500 y 1 800 millones de euros. Estas prácticas rara vez se detectan, investigan y procesan, y las sanciones son leves”. Eva Lindström, miembro del TCE y encargada de investigar este tema, indica, en ese mismo documento, que “ la generación de residuos peligrosos va en aumento y la UE debe abordar con determinación ese problema”.

Así, el  Parlamento Europeo, que es otra institución de la UE, votó, en enero de este mismo año, a favor de una nueva ley que introduce procedimientos y controles más estrictos para el envío de residuos. Los eurodiputados apoyaron una prohibición explícita de los envíos de todos los residuos destinados a su eliminación en la UE, a menos que se autorice en determinados casos limitados y debidamente justificados. También se prohibirán las exportaciones de residuos peligrosos de la UE a países no pertenecientes a la OCDE, para luchar contra ese tipo de negocio contaminante.

En efecto, en varias oportunidades, los productores de residuos peligrosos buscan exportarlos al exterior. Se estima que el 10% de los residuos producidos en el mundo cruzarán fronteras. Greenpeace, al respecto, ha mencionado tres ejes principales en relación a estos movimientos, tres “caminos”:

  • Desde los Estados Unidos a países de América Latina, incluyendo a Ecuador, Haití, Panamá, México.
  • Desde Europa hacía algunos países africanos.
  • Entre los mismos Estados miembros de la Unión Europea.

Existen muchas razones para que un productor de residuos recurrirá a exportarlos:

  • Una exportación puede ser contemplada por un habitante  de un país que simplemente no tiene instalaciones de procesamiento.
  • El costo de eliminación puede ser menor en el extranjero.
  • También puede ocurrir que haya lugares de almacenamiento en otros lugares que no existen en casa, como minas en desuso, por ejemplo.

Ahora, también existen razones que motivan el movimiento ilegal de residuos que quizás son más matizadas, tenues, y que tienen que ver con  el hecho de encontrarse, en unos países extranjeros, con regulaciones menos estrictas que cumplir.

Indiscutiblemente, en el caso de Chile, con las normativas actual y futura, el país se posiciona como un candidato para transformarse en un vertedero internacional y facilitar el auge de un negocio que tiene innombrables aspectos negativos y, como lo hemos subrayado, puede tener nexo con el narcotráfico. La importación de productos como el ácido sulfúrico, a través de baterías de plomo, aumenta el riesgo de que ello sea utilizado para la producción de cocaína y drogas derivadas de ella por su uso como precursores.

En una columna reciente, Patricio Herman, presidente Fundación Defendamos la Ciudad, escribe que el proceder del actual gobierno nos está conduciendo hacia “una peligrosa desprotección ambiental, porque con el Reglamento aludido  aumentaría a niveles sin precedentes el flujo de residuos o desechos peligrosos, en abierta contradicción al Convenio de Basilea”….  y con la postura indicada en un inicio por el mismo Presidente de la República. La promulgación definitiva del reglamento tendrá desastrosas consecuencias, porque también “será el tiro de gracia de la economía circular ya existente en nuestro país y los empleos que actualmente genera y que podría seguir generando”. 

La economía circular es un modelo de producción y consumo que busca a garantizar un crecimiento sostenible en el tiempo, que promueve la optimización de recursos, la reducción en el consumo de materias primas y el aprovechamiento de los residuos, reciclándolos o dándoles una nueva vida para convertirlos en nuevos productos.

En efecto, como lo explica, siempre en el Diario Financiero, el ex jefe de Fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente, Rubén Verdugo, “convenios como el de Basilea o normas al amparo de la OCDE han establecido líneas de trabajo prioritarias, pensando en la economía circular y a través de ella en el cuidado del medio ambiente y las personas, por ejemplo en los ámbitos de baterías, neumáticos, plásticos, residuos que contengan mercurio o nanomateriales”.

En conformidad con lo acá indicado, desde 2020 la Unión Europea (UE) ha dejado de financiar la incineración de residuos peligrosos y los rellenos sanitarios correspondientes, considerándose ambas opciones insostenibles; y ha decidido fomentar las actividades de reciclaje. En diciembre pasado, un acuerdo fue firmado entre eurodiputados y Estados miembros de la Unión Europea (UE), para obligar a los fabricantes a hacer todas las baterías más ecológicas, más fácilmente sustituibles y reciclables, ya que los países europeos están apostando por la “economía circular” e impulsar así la producción de baterías en Europa misma y no en países extranjeros.  Dicho texto cubre todo el ciclo de la batería, desde el diseño hasta el final de su vida útil, y se aplicará a todo tipo de baterías vendidas en la UE -smartphones, electrodomésticos, scooters, coches o bicicletas eléctricas, baterías industriales… Como pueden observar,  todas las medidas tomadas por los principales promotores de la protección medioambiental van hacia el reciclaje y la economía circular, incentivando  las capacidades técnicas instaladas en los  países respectivos.

Conviene preguntarse porque no es el caso en Chile, sobretodo si consideramos que ya existe la “Hoja de Ruta de la Economía Circular” , establecida por 33 representantes de la esfera pública, privada y de la sociedad civil convocados por el Ministerio del Medio Ambiente en diciembre 2020, y que  fijó metas para 2040, proponiendo 32 iniciativas concretas a corto, mediano y largo plazo…

La postura tomada por el Ministerio del Medio Ambiente es difícilmente entendible y parece absolutamente incoherente, sobretodo si estimamos un informe redactado en septiembre 2022, por quien es hoy Ministro de la Justicia, Luis Cordero V., quien como Doctor y profesor de Derecho Administrativo indicaba que la norma aludida no podía ser adoptada en su estado actual. Ojalá que hoy, una vez ministro, siga sintiéndose concernido por el tema porque proteger el medioambiente, y accesoriamente luchar contra el narcotráfico, también es justicia.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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