Sobre la política migratoria

El Presidente Gabriel Boric declaró hace pocos días que la inmigración no es un delito, pero que el Estado chileno tiene el derecho de saber quiénes son los que viven en nuestro territorio.

No puedo estar más de acuerdo con esa afirmación y pienso que ella señala los principios básicos que deberían guiar nuestra política migratoria.

Una política enteramente distinta a la seguida por el Gobierno anterior e implementada por el entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. Una política que se inició con una suerte de invitación a los venezolanos que querían salir de su país, producto del drama humanitario que vivían y que rápidamente se desmintió al exigirles condiciones de entrada legal a Chile prácticamente imposibles de cumplir para la mayoría de ellos. Esto derivó en el inicio de un masivo ingreso ilegal, tanto por la frontera con Perú como por la frontera con Bolivia, el que no se ha detenido hasta ahora.

Porque sigo a diario la situación que vive ese país, sé que el drama humanitario venezolano continúa y que seguiremos teniendo que enfrentar la migración venezolana mientras no se resuelva la crisis política que lo afecta desde 2017, que es el origen de todo.

Conozco el peligro que corren para viajar desde su patria a Chile. Nunca en avión sino por tierra: largos tramos en bus, otros más cortos pero agotadores a pie, en viajes que duran no menos de 10 días, donde son estafados por los llamados coyotes y otros abusadores, atravesando zonas de mucho calor y otras de mucho frío, como se da en el altiplano boliviano a más de 4 mil metros de altura, muchas veces con niños, incluso guaguas, y personas ancianas. Por eso también sé de la firme determinación que tienen de llegar a Chile, pase lo que pase, superando todas las vallas. Porque no es por gusto que migran. Es por supervivencia. Entonces, como es la experiencia universal, donde toda política migratoria represiva ha fracasado, también nos seguirá ocurriendo a nosotros.

Nadie sabe a ciencia cierta cuántos migrantes venezolanos habitan en Chile. Estimo que, por lo menos, un porcentaje significativo de la cifra conservadora del total de migrantes que han salido de Venezuela que Naciones Unidas ha informado recientemente: 7.200.000. Y que muchísimos de quienes ingresaron en los últimos 4 años lo hicieron por pasos no habilitados y se mantienen ilegalmente en el país

Lo que sí puedo asegurar es que la inmensa mayoría de estos últimos trabaja honestamente, obviamente de manera informal, muchas veces explotados por empresarios inmisericordes. No pocas veces, detenidos o multados por la policía solo por no tener documentación chilena, cédula de identidad o licencia para conducir.

Es efectivo que muchas de las bandas de delincuentes, especialmente dedicadas al narcotráfico y otros delitos violentos, están compuestas por migrantes. A ellos habrá que tratarlos como lo que son: criminales. Al igual que a los criminales chilenos.

Pero estoy convencido de que los migrantes delincuentes ni siquiera alcanzan al 1% de todos ellos.

¿Vamos a seguir entonces ligando migración con delincuencia, como interesadamente nos quiere hace creer la derecha y su prensa, estimulando la xenofobia en el país, lo que puede llegar a producir dramáticas consecuencias?

Es un profundo error tratar la inmigración con la misma vara con que se trata a los delincuentes.

¿Qué vamos a hacer con el 99% de ellos? ¿Vamos a expulsarlos a todos? Imposible.

¿Vamos a mantenerlos ilegales para siempre, incrementando la informalidad en muchos ámbitos de nuestra vida social, lo que atenta crecientemente contra nuestras instituciones, base de nuestro ordenamiento como país?

Por otra parte, ¿se va a seguir ocultando el enorme beneficio que en diversos planos nos han traído los migrantes, antes y ahora, como es la experiencia histórica de todos los países que han acogido la migración en alguna etapa de su vida?

¿Cuántos médicos venezolanos hay en Chile? Sin duda una proporción relevante de los 42 mil médicos que el Colegio Médico venezolano asegura que han escapado de su patria. Es bueno recordar que, con ocasión de la pandemia, el Ministerio de Salud se vio obligado a autorizar a los miles de médicos venezolanos que aún no habían revalidado su título, para que pudieran ser contratados por el Estado y otras clínicas privadas, para ayudar a atender la emergencia. Quién sabe cuántos muertos evitó esa decisión.

Hace pocos días se informó por la prensa que el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura le solicitó al Presidente Boric una cierta flexibilización para legalizar, aunque fuera temporalmente, a migrantes que resultan ser indispensables para la producción agrícola. Entiendo que hace algún tiempo algo similar solicitaron las empresas constructoras, ante la escasez de mano de obra especializada en el rubro.

Entonces, lo que debemos hacer es diferenciar radicalmente la política migratoria de la política de seguridad ciudadana.

Sin embargo, lo que dice el Presidente es justo. Necesitamos saber quiénes son los que habitan en nuestro país. La mejor manera de saberlo realmente es legalizándolos, no solo empadronándolos, atendiendo a su comportamiento ciudadano antes de llegar a Chile y durante su estancia en nuestro país, incorporándolos, de paso, a la indispensable formalidad.

No es una política imposible de implementar, como lo demuestra Brasil, que desde hace años tiene una política migratoria de acogida, no represiva, donde no se generan indocumentados y el Estado desarrolla una serie de iniciativas destinadas a incorporar a los migrantes a la vida económica y social del país. Política que se mantuvo incluso durante el gobierno de Bolsonaro. Se podrá argumentar que Brasil puede hacerlo porque tiene más de 11 veces la superficie territorial y la población de Chile. Discutible. Pero sería bueno estudiarla y aprender de ella.