PAÍS
En el largo plazo será necesario ponerle sentido de urgencia a la implementación de la Política Nacional del Litio, que representa una gran oportunidad para contar con una nueva fuente de riqueza siempre que evitemos el error histórico como el cometido con la política de clusters desarrollada en el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet y que en el Gobierno siguiente quedó en el cajón de los olvidos por razones exclusivamente ideológicas.
La trayectoria del crecimiento económico del país viene mostrando una tendencia sostenida a la baja. Así es, al observarse el desempeño de la economía para cada una de las décadas desde la recuperación de nuestra democracia, las cifras son elocuentes. En la década de los noventa crecimos a una tasa promedio anual algo superior al 6%, en el período 2000-2010 ese promedio cayó en 2 puntos porcentuales y en la década 2010-2020 nuevamente una desaceleración, que significó perder 1,5 puntos de crecimiento, llegando a un promedio anual del 2,5%.
En lo que va de esta década, los promedios alcanzados dan cuenta de una fluctuación muy marcada en las tasas de crecimiento económico. Mientras en 2021 el crecimiento llegó al 11,7%, en el 2022 fue de 2,4% y para este año se proyecta –ceteris paribus– una caída del PIB en un rango entre -0,1% y -0,5%.
Estas fluctuaciones se explican, principalmente, por la anómala tasa de crecimiento experimentada en 2021, la cual estuvo precedida de una caída del PIB de un -6% en 2020. La explicación obedece a lo que se puede caracterizar como las dos caras de una misma moneda. Esto es, el manejo de la política fiscal en esos años. Así es, mientras en el 2020 la política fiscal estuvo rezagada frente a la necesidad de actuar oportunamente de manera anticíclica por los efectos económicos y sociales negativos que estaba generando el COVID-19, en 2021 se provocó un shock de demanda provocada por la inyección artificial y episódica de liquidez en la economía (equivalente a un 25% del PIB), como consecuencia de los fuertes impulsos fiscales realizados por el Gobierno del Presidente Piñera (aumento del gasto público real del 30%) y la autorización por parte del Parlamento para el retiro de ahorros de los trabajadores y trabajadoras de sus fondos de las AFP.
A esto se sumó un shock de oferta producto de la interrupción de la logística del comercio exterior a consecuencia de la pandemia, que provocó un importante aumento de los precios de los bienes importados. La conjunción de ambos shocks devino en un aumento de la inflación a niveles que no se conocían en Chile desde hace 30 años, llegando en el 2022 a un 12,8%.
Este brote inflacionario incubado el año 2021 obligó al Gobierno del Presidente Boric a restablecer una política fiscal severa y responsable para enfrentar el déficit fiscal heredado de su antecesor (-7,6% del PIB). Por otro lado, el Banco Central inició un ciclo de creciente restricción monetaria con el objeto de controlar la inflación, llevando la Tasa de Política Monetaria (TPM) a un 12,25%, lo que inevitablemente ha tenido efectos negativos sobre la actividad económica del país en el presente.
En lo que respecta a la inflación, afortunadamente las señales son bastantes alentadoras. Es evidente que entramos en una trayectoria consistente y sostenida de baja, teniéndose una variación anual del IPC de un 8,7%. Esta cifra pone al Banco Central no solo en situación de revisar a la baja la TPM sino que también ante la responsabilidad de hacerlo con la intensidad necesaria y de manera oportuna, si no, se corre el riesgo de que el BC cometa el error de un sobreajuste, retrasando o restando así la contribución que puede y debe hacer la política monetaria como un componente esencial en la recuperación de la actividad económica en lo que resta del presente año, principalmente, por la vía de aumentar la inversión nacional y los niveles de consumo.
Sin embargo, un buen manejo de la política monetaria no será suficiente para revertir la tendencia de desaceleración que muestra la economía. Se requiere que esta sea complementada con una buena política fiscal contracíclica. El Gobierno del Presidente Boric tiene a su alcance la posibilidad de implementar una serie de iniciativas costo-efectivas que permitan actuar sobre la necesidad de reactivar la economía e impedir un deterioro en el empleo, en donde el mercado laboral está mostrando ciertas debilidades.
Por cierto, la reforma tributaria tiene mucho que aportar en esta dirección, pero la negativa a avanzar en un nuevo pacto fiscal de sectores del empresariado y la oposición constituyen una barrera que limitará su alcance hasta convertirla en una reforma más bien simbólica. Eso, en un escenario optimista.
Por lo tanto, habrá que hacer uso de otro instrumental. Para ello, el Gobierno tiene espacio para aumentar la deuda pública y reasignar gasto público en niveles que sean razonables pero útiles para disponer de más recursos, para implementar una serie de proyectos de rápida ejecución y que conectan con las demandas de la población.
Las carteras de Obras Públicas, Vivienda, Salud, Economía, entre otras, tienen mucho que aportar en esta dirección.
Una revisión rápida de algunas iniciativas es una prueba de que se puede actuar hoy y no esperar para mañana.
Aumentar y acelerar la construcción de viviendas sociales; ejecutar proyectos de mejoramientos de los espacios públicos, como plazas, calles, veredas, paraderos, instalación de cámaras, luminarias; implementar un programa de disminución de las listas de espera y salud digital; en el ámbito de las MIPYMES, un Programa de Fomento dirigido a la industria del turismo (intereses especiales, naturaleza e interno) y a la industria creativa, que privilegie los emprendimientos existentes y que se enfoquen en producir un upgrade en la calidad de su oferta por la vía de facilitarles el acceso a capital de riesgo y créditos, para aprovechar las ventajas competitivas que tenemos como país, son solo un ejemplo de medidas que el Presidente Boric puede impulsar e implementar en el corto plazo y que tendrán un impacto de reactivación económica local y en la generación de empleos.
Complementariamente se puede activar y acelerar la ejecución de una serie de proyectos de iniciativa privada, estructurando los contratos de concesiones en una amplia gama, como los siguientes: obras viales en el norte del país; caminos básicos en la zona centro-norte, centro-sur y sur; obras ferroviarias de San Fernando al sur; ampliación y modernización de centros penitenciarios, plantas desaladoras a través de una alianza público-privada y relicitaciones, entre otras.
En el largo plazo será necesario ponerle sentido de urgencia a la implementación de la Política Nacional del Litio, que representa una gran oportunidad para contar con una nueva fuente de riqueza siempre que evitemos el error histórico como el cometido con la política de clusters desarrollada en el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet y que en el Gobierno siguiente quedó en el cajón de los olvidos por razones exclusivamente ideológicas.
Cuando se tiene un PIB potencial cercano al 2%, no se tiene otra opción que relevar, en la agenda de este o cualquier otro Gobierno del futuro, el desafío del crecimiento. Caso contrario, lamentaremos ser un país que no supo superar la trampa de los ingresos medios y que desaprovechó la oportunidad de saltar al desarrollo.
