Reconocido está, por diversas fuentes, entre ellas los informes de verdad y justicia evacuados por las comisiones Rettig y Valech I y II, que en Chile, entre los años 1973 y 1990, operó una dictadura de carácter cívico militar. Esto implicó que, de entre otras cosas, particulares fueran contratados bajo diversas modalidades y con recursos estatales para la realización de diversas labores de inteligencia y de “colaboración” en el contexto de la política de represión, terror, exterminio y desaparición del régimen que operó en el país.
Usualmente, cuando se hacen llamados a cooperar con la entrega de información en relación a los atroces crímenes de aquella época, se alude al papel de las Fuerzas Armadas, así como al de las de orden y seguridad pública. Y es que efectivamente, radica allí una responsabilidad superio, por cuanto es el Estado el principal sujeto obligado en esta materia. Sin embargo, tengo la impresión, que pudo haber varias personas, ciudadanos de a pie, que vieron o se enteraron de cuestiones que quizás en su momento minimizaron, naturalizaron o que no pudieron entregar por desconfianza y temor respecto de las consecuencias que esto podría haber tenido para ellos/as.
Con esto me refiero a la vecina de una casa colindante que escuchó prácticas de tortura y ejecución dirigida a mujeres, a personas que vieron trasladar y subir cuerpos a un camión o tirar al mar o a un trabajador de la construcción de un sector rural que se encontró con cuerpos al momento de una excavación, por mencionar algunos posibles ejemplos. En consecuencia, es importante que la ciudadanía toda tome consciencia respecto de lo importante que es, especialmente en este tiempo en que se conmemoran 50 años tras ese fatídico hecho, entregar toda la información de la que dispongan, sea cuantiosa o sea puntual, sea que se considere “relevante” o “insignificante”.
A su vez, es clave que el la justicia recepcione estos relatos, incentive y favorezca esta acción, otorgando un marco que contemple todos los debidos resguardos que implican estas develaciones.
Es natural que las personas que fueron testigos de hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad sientan temor a quedar de alguna manera implicadas al momento en que deciden romper esos “otros” pactos de silencio, pero lo que no es natural es que pase medio centenario y familiares, especialmente mujeres, esposas, compañeras, abuelas, fallezcan y no tengan información respecto de las circunstancias de ejecución o bien respecto al paradero de las víctimas que fueron gravemente violadas en sus derechos.
Chile debería contar con una instancia que permita alentar, otorgar protección a quienes cooperen con la justicia, recoger y procesar estas informaciones. El Plan de Búsqueda actual puede ofrecer un espacio de oportunidad para ello. La consigna “No más pactos de silencio” no sólo debiera interpelar a los/as ex funcionarios/as del régimen militar sino a todos/as aquellos/as que están en condiciones de aportar a la verdad y a la memoria histórica desde un marco de compromiso irrestricto con la dignidad humana.
Se trata, en definitiva, de un derecho que tienen no sólo las víctimas y sus cercanos, sino toda la sociedad, de conocer lo ocurrido para establecer el destino de sus restos y avanzar realmente en la construcción de una cultura de derechos humanos que profundice la calidad de nuestra democracia y se posicione desde un genuino Nunca Más y desde el ejercicio de garantías de no repetición.
Opinión
