No tendremos la Constitución de 2023, tendremos la Constitución de 2024

Para el plebiscito del 17 de diciembre, ¿no podríamos decir que los ciudadanos tienen ante sí una elección, no entre dos constituciones, sino realmente entre tres: la Constitución de 1980, el proyecto del Consejo Constitucional y… el proyecto de la Comisión Experta? La línea de conducta para quienes prefieren esta tercera opción sería simplemente votar “En contra” del proyecto del Consejo y, al hacerlo, enviar un mensaje potente al Congreso para que vote el proyecto de sus expertos en bloque. Este último, sin ser perfecto, tiene legitimidad por la aprobación unánime de todo el arco republicano, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano.

Intentemos ver el asunto de forma balanceada. Hoy en día, las encuestas dicen que las intenciones de voto se comparten en porcentajes casi iguales por el “A favor” y el “En contra”, pero una gran parte de los “A favor” lo hacen más por cansancio frente a un proceso que ha durado demasiado que por el proyecto mismo.

Según lo que se puede oír, no les gustan algunas cosas importantes: su lado locuaz y burocrático, con la creación de un sinfín de instituciones estatales que van a complicar la eficacia del Estado, y el constitucionalizar asuntos que normalmente forman parte del debate democrático y caen dentro la jurisdicción de la ley. También se critica que pone restricciones a la organización de un Estado de bienestar: ¿cómo introducir algo de solidaridad en el sistema previsional?, ¿se volverá inconstitucional el sistema de pensiones a los militares?

Por otro lado, del proyecto les gustan algunas cosas, como la introducción de la regla de los 3/5 para la aprobación de una ley constitucional y la regla del 5% para que un partido acceda al Parlamento.

Ahora bien, las cosas que no les gustan no están en el proyecto de los expertos, pero sí las que sí. Conclusión: para estos electores, habría implícitamente una preferencia por el proyecto de la Comisión Experta más que por el proyecto del Consejo.

En cuanto a los que ya han decidido votar “En contra”, la gran mayoría no lo hace porque considere que la Constitución vigente sea deseable para el país, sino porque es una opción menos mala, pero claramente preferirían la de los expertos, por su calidad.

En resumen, la Comisión Experta hizo el único proyecto que reuniría una mayoría clara del voto popular y que reunió al de todos los partidos del Congreso. Pero ¿está este proyecto sobre la mesa?

Indirectamente, lo está. Hay que votar “En contra”. Si esta opción tiene la mayoría, no hay, por supuesto, garantía de que el Congreso esté dispuesto a votar a favor del proyecto de los expertos en bloque, pero tiene la alta responsabilidad de recuperar la iniciativa.

El Parlamento pudo construir un proyecto de buena calidad y unánimemente aprobado a través de los expertos que designó. Al contrario, los representantes del pueblo no pudieron, en dos ocasiones, construir una solución aceptada por el electorado. Desde luego, el Congreso debe actuar con celeridad y terminar el proceso, escogiendo como ley fundamental un proyecto que tiene la preferencia de la mayoría de la población. Esta solución parece mejor que votar “En contra” y esperar que el Congreso reforme la Constitución de 1980, la cual tiene, solo por su nombre y por la dinámica política abierta desde 2019, menos legitimidad que el proyecto de la Comisión Experta aprobado por unanimidad por la clase política.

Tal voto es facilitado por la reforma constitucional que los senadores Rincón y Walker, con gran acierto, promovieron e hicieron votar en 2022: el umbral de 4/7 para aprobar un cambio constitucional. Lo hicieron como una póliza de seguro en caso de un Apruebo al proyecto de la Convención, una póliza que irónicamente podrá servir ahora. No tendremos la Constitución de 2023, tendremos la Constitución de 2024.