Opinión
AgenciaUno
Esperemos que los partidos políticos estén a la altura de los desafíos que la realidad nacional nos impone, ya que es la oportunidad de enmendar el rumbo –en las próximas elecciones de octubre– y de concentrarse en las demandas de la ciudadanía.
Un hecho que no se puede obviar es que varios municipios del país se encuentran bajo investigación por serios delitos de corrupción. De acuerdo con lo informado en medios de comunicación, el Ministerio Público mantiene actualmente 642 causas abiertas relacionadas con delitos de malversación y fraude al fisco, lo que involucra a los alcaldes y a los funcionarios locales.
En la corrupción de los municipios confluyen una serie de factores claramente identificados por el “Informe Comisión Asesora Ministerial”o Informe Jaraquemada, tales como la información dispersa en los registros, estructura de gobierno, rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos de las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) –corporaciones y asociaciones municipales, que son las que engloban los mayores recursos– cuando se realizan transferencias de fondos desde los municipios a estas entidades. En efecto, casos como el ocurrido en las organizaciones VITA, de la comuna de Vitacura, en la práctica han sido controladas por los alcaldes, careciendo los concejos municipales de independencia, capacidades y, muchas veces, de la información necesaria para fiscalizar el correcto uso de los fondos municipales y la ejecución de las políticas públicas. Todo esto se traduce en una permanente opacidad en la gestión municipal, la que ha quedado develada en los diversos casos que la Fiscalía Nacional se encuentra investigando.
No obstante, la clase política –de cara a las próximas elecciones municipales que tendrán lugar en octubre de este año y consideradas una antesala predictiva de las presidenciales– una vez más muestra su desconexión con la ciudadanía, haciendo cálculos para disputar los cargos edilicios especialmente en comunas emblemáticas. Así, los partidos políticos sin caer en la cuenta de que la misma ciudadanía –a quienes pedirán el voto– ya percibe las deficiencias de gestión, de transparencia y de probidad en la gestión municipal, empiezan a mostrar signos de defensa de sus cupos (“el que tiene, mantiene”) en un escenario político complejo donde las preocupaciones de la población son la seguridad, el crimen organizado, la economía y la transparencia de las autoridades. Las primarias tampoco parecen contar con consenso para resolver los conflictos entre los políticos de todos los sectores en tiempos en que los acuerdos políticos se perciben como “cocina” y la desafección política va en aumento.
Indudablemente, esta desafección política tiene que ver con que a la hora de enfrentar elecciones –en este caso, municipales y regionales– los partidos políticos entran en guerra, olvidando que lo que se espera de ellos es pensar candidaturas que aseguren de manera razonable, no solo una buena gestión municipal, sino que una gestión comprometida con el combate a la corrupción.
Si a esto le sumamos el último informe de Transparencia Internacional que mide el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), vemos que Chile ha experimentado una caída en su puntuación desde 2014 (baja dos puestos en el ranking mundial). Además, nuestro país ha sido colocado como “país a observar”, dada su caída significativa desde 2014 y su pérdida de liderazgo regional, lo que ocurre desde que trascendieran varios casos de corrupción de alta connotación y que involucran a importantes figuras de casi todos los partidos políticos principales.
De acuerdo con el reporte, Chile tiene una oportunidad única de frenar el crimen organizado si se implementa la Ley de Registro de Beneficiarios Finales (que se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado) y se implementan las recomendaciones de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia (Informe Jaraquemada) y se aplica de manera efectiva la Primera Estrategia Nacional de Integridad (orientada a mejorar los estándares de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción), así como la modernización en áreas claves para prevenir, investigar y sancionar la corrupción, y el fortalecimiento de los gobiernos corporativos de las IPSFL.
Es hora de aplicar el cumplimiento dentro de la función pública con una gestión eficiente de identificación, comprensión y valoración de los riesgos en materia de corrupción, lo que solo se logrará implementando las medidas propuestas en el Informe Comisión Asesora Ministerial, ya citado, respecto de los municipios, entre las que se encentran la creación legal de la figura del Oficial de Cumplimiento con las mismas características de independencia, medios y facultades que las empresas del sector privado.
Frenar el descenso de Chile en el IPC y salir del estado de “país a observar” requiere –en mi opinión– no solo la aprobación de nuevas leyes. Es un trabajo de todos los poderes del Estado y de la sociedad en su conjunto: organizaciones civiles, gremiales, comunitarias, etc., y, particularmente requiere que las autoridades escuchen y tomen en cuenta a los académicos y expertos en estas materias, demostrando una voluntad política real de provocar un cambio y control en el avance de la corrupción que avanza más veloz de lo que creemos, mientras somos observadores pasivos de este fenómeno.
Esperemos que los partidos políticos estén a la altura de los desafíos que la realidad nacional nos impone, ya que es la oportunidad de enmendar el rumbo –en las próximas elecciones de octubre– y de concentrarse en las demandas de la ciudadanía, para que esta no sea testigo de disputas por ganar o conservar los cupos de los municipios, en lugar de demostrar una genuina preocupación por postular candidatos que se perciban en la línea de la anticorrupción.
