Corrupción municipal: un problema de salud

La atención primaria es la parte más costo-efectiva de la atención médica. En los consultorios se realizan intervenciones de gran impacto en salud y a la vez económicas, como las campañas de vacunación, que salvan miles de vidas cada año, o la atención y educación a pacientes crónicos, evitando hospitalizaciones mucho más costosas. También se entrega alimentación a recién nacidos, se educa en lactancia, se ejecuta parte importante del apreciado subsistema Chile Crece Contigo, y se atienden numerosos casos de salud mental. La atención primaria es el músculo más importante del sistema de salud y con mayor llegada territorial. Sin embargo, enfrenta un peligro existencial: la corrupción.

Los municipios son lugares donde los alcaldes actúan como pequeños monarcas, con poderes casi absolutos y concejos municipales con escasas atribuciones legales para enfrentarlos. A esto se suma una Contraloría con pocos recursos para fiscalizar. Todo esto se ha convertido en un caldo de cultivo para la corrupción.

El poder del alcalde es total. El director de Control Municipal no tiene independencia del alcalde, quien puede además elegir a dedo al administrador municipal o al director jurídico, como lo hizo la exalcaldesa Cathy Barriga en Maipú, designando ocho personas en estos cargos durante su gestión. La alta dirección pública no existe en los municipios.

El alcalde puede ordenar sumarios y, una vez que la polémica por un caso de corrupción baja de temperatura en los medios o en la atención de los vecinos, puede absolver al sumariado si el resultado no le agrada. Esto hizo la alcaldesa Daniela Peñaloza en Las Condes, absolviendo al histórico director de Compras, pese a las sanciones recomendadas por contratar en su dirección a la hija de un proveedor del municipio.

Un alcalde puede ocultar el destino de miles de millones de pesos a sus electores, como lo ha hecho Irací Hassler y sus predecesores en Santiago, que han transferido un total de 95 mil millones a la Corporación de Santiago (Cordesan) sin dar cuenta de su destino. Todo esto, a pesar de las instrucciones del Consejo para La Transparencia, a instancias de Fundación América Transparente, de abrir los libros de esta corporación en un máximo de cinco días hábiles. Ha pasado casi medio año y lo mandatado por el consejo aún no se cumple, sin mayores sanciones para el municipio. Del mismo modo, en la otra vereda política, en Lo Barnechea, se han transferido más de 50 mil millones de pesos a organizaciones funcionales vecinales, creadas por funcionarios del mismo municipio, cuya ejecución también es opaca.

Las corporaciones municipales y organizaciones funcionales permiten a los alcaldes manejar recursos públicos como si fuera plata propia, sin procesos de licitación, mercado público, ni transparencia, como está ampliamente documentado en el caso de Vitacura, donde el exalcalde Torrealba usó recursos municipales para financiar encuestas para campañas electorales.

La Contraloría General de la República, con 2.200 funcionarios para fiscalizar 346 comunas, gobernaciones, ministerios y el Gobierno Central en general, tiene recursos insuficientes. Más aún, si la mitad de las comunas del país ya está bajo investigación por corrupción. La combinación de falta de transparencia, ausencia de licitaciones públicas y Alta Dirección Pública, debilidad de Contraloría y la posibilidad de absolver a sancionados, hace que la corrupción municipal esté fuera de control.

Es sabido que la corrupción es un impuesto a los más pobres, privándolos de servicios municipales esenciales, como la salud primaria, lo cual está pasando hoy en día. En Las Condes, la falta de probidad en el gasto resultó en un proceso de 11 mil millones de pesos para comprar un terreno para un Cesfam, sin licitación y con sobreprecios, sin autorización del Concejo Municipal. Para empeorar la situación, legalmente podría ahora no ser posible construir el Cesfam en el terreno ya pagado. Es decir, los vecinos no solo se quedaron sin 11 mil millones, que difícilmente puedan recuperarse, sino que además se quedaron sin su Cesfam.

La situación se repite en el municipio de Santiago. Sus vecinos necesitaban y necesitan más servicios médicos, sin embargo, la posibilidad de ampliar las prestaciones de salud fue abortada al detectarse un pago de un sobreprecio de casi 5 mil millones, aproximadamente lo que cuesta construir un Cesfam desde cero. Si bien en este caso, a diferencia de Las Condes, la transferencia de dinero no se alcanzó a ejecutar, los santiaguinos y las santiaguinas igualmente se quedaron sin un nuevo centro médico municipal.

Tras este desolador panorama, cabría esperar que las propuestas de la Comisión Engel para enfrentar la corrupción tuvieran su mayor grado de avance en el ámbito municipal, allí donde es más urgente e impactan de mayor modo en los servicios que alcanzan a la ciudadanía. Lamentablemente, es a nivel de municipios que las propuestas de la Comisión Engel tienen el menor avance de todos. A casi 10 años del informe de este grupo técnico, solo el 34% de sus propuestas en probidad municipal se han llevado a cabo.

Finalmente, en 2024, año de elecciones, es clave que el Gobierno priorice una agenda de probidad en las comunas, incluyendo la Alta Dirección Pública en cargos municipales, fortaleciendo la capacidad de Contraloría y vinculando a los contralores municipales al contralor nacional, para que puedan tener capacidad real de fiscalizar a su alcalde.

En este periodo electoral existe una ventana de oportunidad para estas reformas, pues los candidatos están más abiertos a reformas a favor de la transparencia. Tras las elecciones del domingo 27 de octubre, como en tantos otros lunes del pasado, volveremos a tener pequeños monarcas municipales, celosos de su poder, hasta el año 2028. La corrupción municipal ya es un problema de salud y es clave actuar para que la enfermedad no siga empeorando.