Bassa acusa al Gobierno “deshonesto”: “Mete de contrabando” reformas de orden público por seguridad

El diputado del Frente Amplio Jaime Bassa reconoció la necesidad de entregar nuevas herramientas al Estado para enfrentar las transformaciones que ha experimentado la criminalidad en Chile, pero acusó al Gobierno de aprovechar la discusión sobre seguridad para impulsar modificaciones que, a su juicio, apuntan al control del orden público y restringen derechos fundamentales.

La crítica del parlamentario se produce luego de que el Ejecutivo ingresara al Senado su reforma constitucional en materia de seguridad, que contempla ocho modificaciones a la Carta Fundamental y comenzó su tramitación con suma urgencia.

Entre los principales cambios se encuentra la incorporación expresa de la seguridad pública dentro de los deberes esenciales del Estado, la creación de un nuevo estatuto constitucional para enfrentar a las organizaciones criminales y un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, Bassa sostuvo que existe un diagnóstico que la oposición no puede desconocer respecto de las nuevas características que ha adquirido la delincuencia.

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“La estructura de la criminalidad en Chile cambió”, afirmó el abogado constitucionalista, quien agregó que existen “fenómenos criminológicos que son distintos” y que “probablemente para esa novedad, el Estado necesita nuevas herramientas”.

Para Bassa, abordar esas transformaciones constituye una conversación “honesta” e incluso “necesaria”. Sin embargo, sostuvo que el problema aparece cuando, bajo ese objetivo, el Ejecutivo incorpora otro tipo de modificaciones.

“Lo que me parece que es deshonesto es que, con ocasión de esa conversación, el Ejecutivo meta de contrabando reformas que están vinculadas con el control del orden público”, afirmó.

El parlamentario extendió sus reparos a eventuales restricciones sobre derechos fundamentales que identifica dentro de la propuesta.

“O que meta de contrabando restricciones a la libertad de civiles, a la libertad de opinión, a la libertad de prensa o la libertad de reunión. Porque son cuestiones que no están dirigidas al narcotráfico o al terrorismo”, sostuvo.

Uno de los aspectos que genera preocupación en Bassa es el registro de organizaciones criminales. El diputado vinculó una medida de esas características con experiencias impulsadas por otros gobiernos que calificó como autoritarios.

“Eso va en la línea, efectivamente, de lo que han estado impulsando otros gobiernos autoritarios en el mundo, estoy pensando principalmente en Estados Unidos, precisamente para hacer una especie de lista negra”, señaló.

El exvicepresidente de la Convención Constitucional advirtió que la discusión no se limita, a su juicio, a la efectividad de las herramientas propuestas para combatir el crimen organizado, sino que involucra también los efectos que podrían tener sobre el funcionamiento democrático y los derechos fundamentales.

“Me preocupa profundamente porque ya sabemos cómo termina esto. Los procesos de erosión democrática no terminan con el fortalecimiento de la democracia”, afirmó.

Bassa llamó, en ese sentido, a que las instituciones revisen los alcances de las modificaciones durante su discusión legislativa, incluso si La Moneda consigue los respaldos necesarios para aprobarlas.

“Yo esperaría que el sistema institucional recapacitara, porque más allá de que el Gobierno eventualmente para alguna de estas reformas tenga los votos o logre pasar de contrabando alguna de sus propuestas, son retrocesos autoritarios importantes en materia de derechos fundamentales”, concluyó.