Ley Jacinta: legislando sin (querer) entender dónde está el problema

El pasado mes de diciembre, por esas coincidencias de la vida, en la misma semana en que la PDI allanaba las dependencias de la dirección del tránsito de la municipalidad de Coyhaique y detenía a dos funcionarios municipales que formaban parte de una organización delictiva dedicada al otorgamiento ilícito de licencias de conducir, el Congreso aprobaba una moción parlamentaria que modifica la Ley de Tránsito y que establece nuevas exigencias para la obtención o renovación de licencia de conducir. Esta iniciativa, que la prensa bautizó como Ley Jacinta, se inscribe en una larga lista de iniciativas legislativas que apuntan lamentablemente en la dirección equivocada, y que terminan rascando donde no pica.

La trágica muerte de la pequeña  Jacinta González Schnitzer, que resultara atropellada en agosto del 2022 en el contexto de un choque múltiple causado por un conductor de 80 años que conduciendo a exceso de velocidad impactó a un segundo automóvil, el que terminó atropellando el coche en el que la pequeña Jacinta era paseada por sus padres, causó una natural conmoción por las diversas circunstancias que rodearon el accidente, entre ellas, los escasos meses de vida de la víctima y  la avanzada edad y deteriorada salud del conductor causante del accidente, lo que llevó a muchos a preguntarse respecto de lo razonable que una persona con tales déficits aun pudiera conducir.

Impulsados por ese dramático accidente, algunos parlamentarios se apresuraron a presentar sin mayor reflexión si es que alguna hubo, un proyecto de ley a fin de introducir una serie de modificaciones a la Ley del Tránsito. De las varias modificaciones que contemplaba el texto original de la moción, destaca aquella que proponía  incorporar una nueva exigencia al catálogo de aptitudes físicas o síquicas, consistente en que “En el caso de las personas mayores de 65 años, se deberá anexar, además, un certificado médico emitido por un médico geriatra o neurólogo, que certifique, bajo su responsabilidad, que el solicitante a conductor o a renovar su licencia se encuentra con todas su capacidades físicas y motoras aptas para conducir un vehículo motorizado y que no padece ninguna enfermedad cuyo tratamiento afecte de cualquier forma su capacidad psicomotora para conducir”. 

Durante la tramitación legislativa de la iniciativa se advirtió que establecer tal exigencia para las personas mayores de 65 años resultaba discriminatorio y producía una afectación de los derechos del mencionado grupo etario. 

En ese escenario, y a fin de morigerar el desvarío anterior, se presentaron nuevas indicaciones a lo largo de la tramitación del proyecto, a fin de establecer, entonces, que el nuevo requisito que se exigiría a los conductores es que se solicitaría un certificado médico a todas las personas mayores de 18 años solicitantes de licencia, que acreditara que la persona no presentaba una enfermedad que pueda limitar sus capacidades motoras, físicas o mentales.

Nuestra clase parlamentaria ha demostrado hasta la saciedad ser tenazmente reactiva frente a cualquier suceso grave e inesperado, como lo fue la absurda muerte de Jacinta, pero escasamente reflexiva y estudiosa a la hora de legislar con un mínimo de seriedad e impacto. Creemos que la Ley Jacinta, en los términos en que fue formulada y finalmente aprobada, se inscribe en esa larga tradición de populismo parlamentario. 

Por de pronto, en un país en que el otorgamiento y mal uso de licencias y certificados médicos falsos se ha transformado en una lucrativa y consolidada industria de larga data y difícil erradicación,  establecer la obligación de que todo solicitante de licencia de conducir mayor de 18 años tenga que acompañar un certificado médico que acredite que no presenta enfermedades que limiten sus capacidades mentales o físicas, lo único que logrará es que se terminará ampliando el giro de la industria de los certificados médicos falsos, y encareciendo la obtención o renovación de la licencia de conducir.

Si, a raíz de la lamentable muerte de Jacinta, las autoridades legislativas y ejecutivas hubieran tenido una genuina voluntad de dotar de seriedad al proceso de obtención y/o renovación de licencia de conducir, en lugar de colocar nuevas exigencias inútiles que van a terminar transformándose en fuente de nuevos fraudes y engaños, lo que debieran hacer de una buena vez es una  transformación estructural al sistema de otorgamiento de licencias de conducir, hoy entregado a los departamentos del tránsito de las municipalidades del país.

Es un hecho público y notorio que los municipios son hoy un bolsón de corrupción desbordada, de ineficiencia, y de falta de profesionalismo funcionario. Es en este turbio ambiente en que está radicado el otorgamiento de licencias de conducir, y es por eso que, certificados más o certificados menos, mientras su otorgamiento siga siendo responsabilidad de las municipalidades, seguiremos asistiendo a la corruptela institucionalizada que hoy día impera en esta materia, en que cualquiera, con o sin competencias o habilidades, accede a esta licencia y por tanto a conducir por las calles y rutas del país, amenazando la vida y la seguridad de todos. Las municipalidades no solo no tienen ninguna conciencia moral de la responsabilidad que tienen en sus manos, sino que, por el contrario, han transformado el otorgamiento de licencias en un vulgar negocio, que les reporta atractivos ingresos económicos.

Basta sumergirse en cualquier buscador de internet para comprobar que son innumerables los municipios involucrados en diversos ilícitos vinculados al otorgamiento de licencias de conducir. A la luz de estos hechos delictuales, reiterados en el tiempo, nadie con un mínimo de preocupación por el tema de la seguridad vial puede creer que las direcciones del tránsito municipales están en condiciones de seguir ejerciendo la delicada tarea de administrar el sistema de otorgamiento/renovación de licencias de conducir. Esta situación, además, se ve agravada por el hecho de que en los últimos años miles de inmigrantes se han incorporado al universo de conductores de vehículos motorizados, muchos de los cuales proceden de sociedades que carecen de una cultura de respeto a las normas del tránsito. Por último, ya es hora de terminar con esa idea absurda de creer que el acceso a la licencia de conducir constituye poco menos que un derecho natural, al cual todo individuo tiene derecho por el solo hecho de ser persona. 

Ya es hora de empezar a mirar los modelos comparados existentes en los países que enfrentan esta tarea con seriedad, tales como Japón, Alemania o China. Unas autoridades como las nuestras tan dadas a estar creando permanentemente burocracias estatales inútiles, tiene aquí una magnífica oportunidad de refundar desde sus cimientos esta institucionalidad, excluyendo toda participación de la corrupta institucionalidad municipal, entregando esta responsabilidad a un organismo nuevo, experto, profesional y transparente.