Universidad, autoridad y violencia: una frontera que no se puede cruzar

La agresión sufrida por la Ministra de Ciencia durante su visita a la Universidad Austral de Chile no puede ser relativizada ni interpretada como un episodio más dentro del repertorio de manifestaciones universitarias. No lo es. Lo ocurrido marca una frontera que, como sociedad, no deberíamos cruzar.

Las universidades están llamadas a ser espacios de pensamiento crítico, deliberación y cuestionamiento del poder. Ese es su rol, y es indispensable para una democracia sana. Pero precisamente por eso, también están obligadas a resguardar ciertas condiciones mínimas: el respeto, la posibilidad de escuchar, y la garantía de que las diferencias se expresen dentro de marcos institucionales. Cuando estas condiciones desaparecen, se deteriora la convivencia universitaria y se empobrece el debate público.

La violencia no es una forma legítima de expresión política. No amplifica las causas, no mejora las demandas, no genera mayor comprensión. Por el contrario, las deslegitima. Cuando una autoridad de Estado no puede ejercer su rol en un espacio universitario sin ser agredida, lo que queda en evidencia es la fragilidad de los mecanismos que sostienen la convivencia democrática.

Existe malestar en el mundo científico y académico respecto de ciertas decisiones recientes en materia de financiamiento, becas y política pública. Ese malestar es real y merece ser escuchado. Las universidades, precisamente por su naturaleza, deben ser espacios donde esas tensiones se expresen, se argumenten y se procesen. Pero hay una diferencia fundamental entre conflicto y violencia.

El conflicto es inherente a la vida universitaria. La violencia, en cambio, es la negación de esa misma vida. Sustituye el argumento por la imposición, la discusión por la interrupción, y el diálogo por la cancelación del otro.

Lo ocurrido en la UACh no solo interpela a quienes participaron directamente en los hechos. Interpela también a las instituciones. A la universidad, en su capacidad de garantizar condiciones básicas de respeto y seguridad. Al Estado, en su deber de resguardar el ejercicio de la autoridad pública. Y a la sociedad en general, en la medida en que normalizamos, o no, ciertos límites en la forma en que enfrentamos nuestras diferencias.

Episodios como este afectan la confianza, erosionan su credibilidad y proyectan una imagen que difícilmente contribuye a fortalecer su rol en el debate nacional. En momentos en que el país enfrenta desafíos complejos en materia de desarrollo científico, innovación y formación de capital humano avanzado, resulta particularmente preocupante que la conversación se desplace desde el contenido de las políticas hacia las condiciones mínimas que permiten discutirlas.

La universidad crítica es necesaria. La universidad incómoda, también. Pero la universidad violenta no es compatible con el rol que la sociedad le ha encomendado.