Gratuidad: el efecto que no estamos midiendo

La matrícula total de primer año pasó de 338 mil ingresantes en 2015 a 362 mil en 2025: un aumento de apenas 7% en una década, en línea con la evolución demográfica. Pero esa lectura confunde más de lo que aclara. Juzgar la gratuidad por esa cifra es medirla por el margen que nunca podía mover de manera significativa.

No podía hacerlo, primero, por una razón institucional. El sistema no permite que las instituciones adscritas expandan libremente sus vacantes. El artículo 102 de la Ley 21.091 establece que los cupos máximos del primer año son fijados por la Subsecretaría de Educación Superior, con crecimientos acotados según el desempeño institucional. Es decir, la política se implementó dentro de una estructura que, por diseño, restringe la expansión acelerada de la oferta.

Tampoco podía esperarse un gran salto por una razón económica. En Chile, la gratuidad no llegó a reemplazar un sistema en el que los estudiantes estuvieran completamente excluidos del financiamiento, sino uno en el que ya existía un acceso amplio al crédito estudiantil estatal. Con el CAE y, sobre todo, tras la rebaja de su tasa a UF+2%, buena parte del costo ya podía postergarse. En ese contexto, hacer gratuita la educación reduce la deuda futura, pero no necesariamente cambia drásticamente la decisión de postular. La evidencia internacional sobre sistemas con crédito estudiantil o repago diferido apunta en la misma dirección: los efectos sobre la matrícula agregada suelen ser bajos o nulos.

A eso se suma un tercer elemento: la demografía. La cohorte en edad de ingresar a la educación superior no ha crecido de manera significativa. Por eso, esperar que la gratuidad disparara por sí sola la cobertura total era exigirle un efecto que el contexto institucional, financiero y demográfico hacía poco probable.

El problema, entonces, no es que la política no haya generado efectos. El problema es que la seguimos evaluando con la pregunta equivocada. Cuando se mira donde realmente podía impactar, los efectos aparecen con claridad.

El primero es composicional. La gratuidad no opera en todas las instituciones. Para adscribirse, se exige un conjunto de condiciones que incluye la acreditación, la ausencia de fines de lucro y mecanismos de admisión transparentes. En otras palabras, la política opera dentro de un grupo de instituciones que cumplen estándares relativamente altos. Y dentro de ese espacio sí hubo un cambio relevante en la trayectoria de los estudiantes.

Entre la cohorte 2014 —la última antes de la gratuidad— y la cohorte 2024, el porcentaje de egresados de colegios municipales que ingresó a institutos profesionales cayó de 33,0% a 24,3%, mientras que el que ingresó a carreras universitarias —profesional con licenciatura— subió de 46,5% a 54,5%. No es un ajuste menor. Es una señal de reasignación hacia trayectorias universitarias en el segmento que históricamente ha tenido menos acceso a ellas. Entre los egresados de colegios particulares pagados, en cambio, prácticamente no hubo variación: ya en 2014 cerca del 89% ingresaba a universidades. El cambio ocurrió, precisamente, donde la política buscaba intervenir.

El segundo efecto es más directamente distributivo. En 2014, ningún estudiante proveniente de colegios municipales ingresaba con gratuidad, porque la política no existía. En 2024, en cambio, el 79% de los egresados municipales que se matriculan lo hace con gratuidad: 28.709 estudiantes por cohorte, casi ocho de cada diez. Entre los egresados de colegios particulares pagados, la cifra asciende solo al 9%. El contraste es contundente. La política sí alcanzó, en proporción masiva, al perfil que buscaba beneficiar.

Además, la brecha en la tasa de transición hacia la educación superior entre egresados de colegios municipales y particulares pagados cayó de 34 a 21 puntos porcentuales entre las cohortes 2014 y 2024. La desigualdad de acceso no desapareció, pero sí se redujo significativamente. Y esa disminución difícilmente puede considerarse irrelevante.

El tercer efecto es el más importante de largo plazo. Hoy, casi ocho de cada diez estudiantes municipales que ingresan a la educación superior no lo hacen a costa de una deuda. Sin gratuidad, una parte importante de ellos habría financiado su formación mediante CAE u otros mecanismos de endeudamiento. Eso significa que podrán destinar su ingreso futuro a vivienda, emprendimiento, ahorro o formación de familia, en vez de cargar durante años con el pago de sus aranceles. Ese es el principal mecanismo redistributivo de la política, y opera incluso si la cobertura agregada del sistema cambia poco.

El debate público sobre el futuro de la gratuidad —su continuidad, recorte o rediseño— se está construyendo sobre un diagnóstico parcial. El argumento de que “no movió la aguja” aplica a una métrica que la política, por su diseño legal y el contexto internacional, nunca podía mover de forma significativa. Las métricas que sí podían afectar —composición institucional de destino, brechas de acceso por origen escolar, deuda futura entre estudiantes vulnerables— se movieron en la dirección esperada.

Evaluar aranceles regulados, régimen de vacantes o criterios de elegibilidad es legítimo y necesario. Lo que no lo es es concluir que la política fracasó porque no produjo un efecto que, por construcción, no podía producir.