Niños bajo vigilancia: cuando el Estado vulnera sus derechos

En estos días, el Congreso Nacional dio un giro preocupante. El hemiciclo aprobó la idea de legislar un proyecto de ley que redefine y resignifica lo que hasta ahora había sido un compromiso transversal con los derechos de niños, niñas y adolescentes plasmados en la  Convención de los Derechos de la Niñez, ratificada y vigente en Chile. Lo que primó fue una mirada castigadora y discriminatoria que prioriza la sanción como método de aprendizaje para los jóvenes más vulnerables.

Esta mirada que se le imprime a un proyecto de ley que pretende resolver así, con más control y sanción y menos garantías, forma parte de una agenda antiderechos que se está buscando imponer a partir de mayorías circunstanciales que, no obstante, pueden hacer mucho daño.  

Porque de eso se trata. Cuando el Estado habilita revisiones de mochilas, controles sobre la apariencia o medidas intrusivas y punitivas en nombre de la seguridad, no solo redefine el espacio escolar, sino que normaliza su vigilancia y, con ello, vulnera derechos a niños, niñas y adolescentes. 

Así, durante la discusión en Sala, se rechazaron indicaciones que se presentaron desde el Frente Amplio y que buscaban, precisamente, equilibrar el proyecto, incorporando estándares de protección junto con las medidas punitivas.

Así, la derecha rechazó indicaciones clave como que estos procedimientos invasivos no se aplicaran a menores de 14 años, o que se informara a los padres cuándo se realizarán dichos procedimientos; que se proveyeran medidas especiales para niñeces con necesidades especiales, que se sancionara el abuso policial y que se elaboraran protocolos y capacitara al personal para realizar estos procedimientos de registro, así como también que la revisión se limitara a  mochilas y no se extendiera a la revisión de los cuadernos, agendas, libros y celulares. 

Este proyecto, que ahora pasó al Senado, afecta gravemente derechos de niños, niñas y adolescentes en la medida que no pone en el centro dos principios básicos, como son el interés superior del niño y la autonomía progresiva en el ejercicio de los derechos.

Con  todo, se abre la puerta a decisiones discrecionales peligrosas. ¿Bajo qué criterio se determinará que un niño de 7 años es sujeto de “revisión”? ¿Quién define cuándo una revisión es proporcional? ¿Cómo se evita que estas facultades recaigan con mayor intensidad sobre estudiantes más vulnerables? ¿Cómo se defiende un niño frente a algún abuso durante el procedimiento de revisión si no se informa a los padres?  

Lo que ocurre en las comunidades educativas es complejo y requiere de intervención, sin embargo, el problema requiere de una mirada integral, no solo de control y punitiva. Necesitamos mejorar la salud mental, generar instancias para que la convivencia escolar sea un real indicador de logro en los establecimientos educacionales, detener la  proliferación y acceso a armas de fuego en general y particularmente en el caso de niños, niñas y adolescentes, así como también protegerlos del uso abusivo que hacen de las  redes sociales. Esto, entre otras medidas que apuntan a distintos factores que convergen en la escuela.