Recortar presupuesto en salud es diferir el gasto y multiplicarlo

Según el último informe de la OCDE, Chile destina el 10,5% de su PIB a salud, mientras que Corea del Sur destina el 8,4%. A pesar de gastar menos, los coreanos viven casi dos años más, esperan semanas por cirugías y el 71% está satisfecho con su sistema de salud, comparado con solo el 44% en Chile. La diferencia no está en cuánto se gasta, sino en cómo. Chile tiene un sistema de financiamiento dual: FONASA, que atiende al 84% de la población, con USD 680 por persona, y las ISAPREs que atienden al 13% con USD 2.500 a 3.000 por persona. Además, la duplicación administrativa en salud entre 14 entidades cuesta entre USD 500 y 600 millones al año.

El Oficio Circular N°16 del Ministerio de Hacienda, del 21 de abril de 2026, ordenó un recorte del 3% al presupuesto del MINSAL, equivalente a $517 mil millones. Después de negociaciones, el recorte se fijó en un 2,5%, unos $431 mil millones. Hacienda propuso descontinuar 24 programas de salud y recortar el presupuesto en al menos un 15% a otros 20. Entre los programas considerados para eliminar están cuidados paliativos, salud mental comunitaria, prevención del suicidio y Plan Nacional de Demencia; y los que se recortarían incluyen vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones, alimentación complementaria para embarazadas y niños y programa de listas de espera.

En Chile hay adultos mayores que viven años en camas de hospital porque no tienen adónde ir. Esta situación, se llama “hospitalización social”. Son personas mayores con demencia, fragilidad o sin apoyo, que permanecen más de 60 días en hospitales sin necesitarlo, solo porque no hay un lugar adecuado para su cuidado. Estas hospitalizaciones representan solo el 1% de los egresos, pero consumen el 15% de los días-cama del sistema. En 2019, el costo fue de $35.619 millones al año, que actualizado a 2025, corresponde a $49.831 millones. El gobierno propone eliminar el Plan Nacional de Demencia y las residencias protegidas, lo que empeorará la situación.

Cuando el sistema público de salud no ofrece cobertura financiera total, las personas deben pagar de su propio bolsillo. En Chile, este gasto representa el 39% del gasto total en salud, el más alto en la OCDE, comparado con Francia (9%), Reino Unido (15%) y Corea del Sur, donde es menor. Una familia del quintil más pobre gasta entre el 8% y el 10% de sus ingresos en salud. Para quien gana $550.000 mensuales, esto puede afectar su subsistencia. El 5% de los hogares chilenos incurre en gastos catastróficos, cayendo en la pobreza por pagar atención médica. Además, la tendencia de gasto catastrófico ha aumentado de 18,8% a 22,5% en las últimas mediciones. Si se recorta el presupuesto del sistema público de salud, la gente no deja de enfermarse; simplemente paga más, espera más, no se atiende o fallece en la espera, lo que agrava la situación de salud de la población.

Lo más desconcertante de estas políticas son las contradicciones internas:

1. El gobierno ha declarado una alerta sanitaria por las listas de espera en cáncer, con 33.702 pacientes esperando diagnóstico o tratamiento oncológico, pero propone recortar el programa de resolución de estas listas. 
2. En febrero de 2026 se aprobó la Ley Chile Cuida para el Sistema Nacional de Cuidados, pero dos meses después el Ministerio de Hacienda pretende eliminar programas clave, como residencias protegidas y Plan de Demencia.
3. En campaña electoral, el presidente Kast prometió no recortar beneficios sociales, pero este proyecto de ley recomienda recortar la Pensión Garantizada Universal (PGU), afectando a más de 1,5 millones de mayores de 65 años y revisar 260 programas sociales.

¿Por qué se hacen recortes? Los recortes en salud y programas sociales buscan compensar la menor recaudación fiscal por una reducción del impuesto a las grandes empresas del 27% al 23%. El 80% de este beneficio irá a solo el 1% de los contribuyentes más ricos, lo cual aumentará aún más la desigualdad en el país.

El Estado debe gastar bien, pero esto no significa gastar menos. En Chile, hay grandes oportunidades de mejorar sin recortar fondos de programas efectivos de salud. Por ejemplo, la hospitalización social cuesta $49.831 millones anuales por camas ocupadas sin necesidad médica. Crear alternativas de egreso sería mucho más económico y ayudaría a reducir las listas de espera. 

Chile necesita gastar de manera diferente en salud, lo que implica una reforma estructural cuyos objetivos sean: mantener a la población sana y saludable, orientada hacia la eficiencia, equidad, con un modelo de atención integral de salud centrado en el paciente y gestionada con la ayuda de modernas tecnologías de la información.

El sistema de salud chileno enfrenta problemas graves: gasta mucho, gasta mal y su ineficiencia afecta a los más pobres. El pretendido recorte lineal del 3% empeorará esta situación, y que de tener éxito aliviaría solo temporalmente el déficit. La verdadera pregunta es si podemos permitirnos no reformar el sistema de salud. El recorte, que ahorraría $431 mil millones, generará costos mayores en el futuro, además de un serio impacto social expresado en aumento de las listas de espera y de muertes evitables.