Lo que no se nombra no duele: políticas de silencio y estética de la desigualdad

En la destartalada sala de espera del consultorio, doña Rosa aguarda con paciencia su turno, sentada en una silla que se tambalea. A su lado, un par de hombres intercambian datos sobre cómo saltarse la fila para ver al especialista, mientras una señora reclama en voz alta que lleva meses esperando los resultados de sus exámenes. El ventilador chirria como si estuviera en las últimas, mezclándose con el murmullo de las quejas y las historias de negligencia que todos parecen compartir. Nadie se sorprende; es como si esta precariedad fuera parte del paisaje cotidiano.

Esa escena —tan reconocible que casi no merece relato— no es solo una anécdota. Es una radiografía. El problema no es el ventilador, ni la silla, ni siquiera la fila. El problema es lo que esa escena revela: cuando el deterioro se vuelve “normal”, la indignación se apaga. Y donde se apaga la indignación, se instala la indolencia. Una indolencia que no siempre se expresa como crueldad explícita, sino como la suma de decisiones postergadas, presupuestos insuficientes, sistemas fragmentados y burocracias que operan como si el tiempo de la gente no tuviera ningún valor.

Chile parece haberse entrenado para eso: para adaptarse a lo inaceptable. Y esa adaptación tiene cifras. Según cifras del Ministerio de Salud, con corte al tercer trimestre de 2025, la mediana de espera para una consulta nueva de especialidad en el sistema público fue de 242 días: cerca de ocho meses esperando, antes siquiera de entrar a la puerta del especialista. Y cuando el país se acostumbra a esperar ocho meses por una primera consulta, ¿qué queda para lo que no se mide, lo que no se prioriza, lo que no tiene voz?

Aprendemos a “movernos”, a “buscar el dato”, a “ver a quién conoce a alguien”, a tener paciencia como si fuera un documento más. Y así, sin darnos cuenta, transformamos derechos en gimnasios de supervivencia.

Lo más desolador es que esta normalización no se queda en el servicio. Se derrama hacia lo fundamental: cómo protegemos —o dejamos de proteger— las trayectorias de vida desde la infancia en adelante. Cuando la precariedad se vuelve paisaje, el Estado llega tarde. Y cuando el Estado llega tarde, el costo lo pagan siempre los mismos: los niños, niñas y adolescentes, la familia, el barrio.

Dejar de llegar tarde

Chile debe dejar de reaccionar tarde y construir una red temprana, integrada y territorial para proteger las trayectorias de vida de todas las personas. Esto, que puede sonar técnico, es principalmente ético: significa asumir que las infancias no pueden depender del código postal, de la suerte, ni del capital cultural de sus cuidadores.

Y aquí viene la idea que incomoda porque rompe un relato cómodo: tanto la adversidad como la resiliencia están, principalmente, fuera de los niños y niñas. No están “dentro de su cabeza” como un defecto individual que corregir a punta de discursos sobre esfuerzo o charlas motivacionales. Están en las estructuras sociales, en los entornos, en el acceso a servicios, en la estabilidad material, en la calidad de los vínculos disponibles, en la seguridad del barrio, en la escuela y en la posibilidad real de ser cuidados.

Nos gusta celebrar “resiliencias” como si fueran proezas personales: “salió adelante”, “es fuerte”, “no se quebró”. Una narrativa que puede en un principio emocionar, termina siendo tremendamente peligrosa. Porque, si la resiliencia se vuelve mérito individual, entonces la falta de resiliencia se convierte en responbilidad individual. Y así, el país se lava las manos: si un adolescente se desregula, “es problemático”; si se ausenta, “es floja”; si se pelea, “le faltan límites”; si consume, “tomó malas decisiones”. Todo puede explicarse sin mirar alrededor.

Pero mirar alrededor es lo único honesto.

La burocracia como pedagogía de la resignación

Hace poco fui a renovar mi carnet al Registro Civil. La fila daba la vuelta a la manzana y varios funcionarios estaban con licencia médica, lo que ralentizaba aún más el proceso. Lo sorprendente no fue la demora: fue la preparación de la gente. Llegaban con sillas plegables, termos y cosas para comer, como si fuera un día de picnic. Esa logística doméstica frente al colapso no es “cultura cívica”; es adaptación a la ineficiencia. Es la ciudadanía aprendiendo, una vez más, que el sistema no va a estar a la altura, así que más vale organizarse para resistir.

El Estado enseña con sus prácticas. Cuando el sistema funciona tarde, fragmentado o mal, enseña resignación. Enseña a pedir poco. Enseña a agradecer migajas. Y eso, en materia de infancias y adolescencias, es devastador: porque ellas y ellos no tienen sillas plegables ni termitos emocionales para esperar años a que “les toque”.

La normalización opera como una trampa moral: si todo el mundo ha vivido lo mismo, deja de ser escandaloso: “Siempre ha sido así.” “¿Qué se le va a hacer?” “Por lo menos…”. Ese “por lo menos” es el idioma oficial de la indolencia.

Y la indolencia termina siendo política pública cuando aceptamos que el sistema sea reactivo: que intervenga cuando el daño ya se consolidó. Cuando niños y niñas ya fueron expulsados (simbólicamente a veces) de la escuela, cuando la familia ya está cansada, cuando la salud mental ya estalló, cuando la violencia ya se volvió rutina. Llegamos con protocolos para administrar consecuencias, no con redes para prevenir causas.

Porque si de verdad quisiéramos dejar de llegar tarde, el Estado tendría que ordenarse alrededor de tres cosas simples —y por eso mismo incómodas—: anticiparse, cuidar y coordinar. No como slogans de campaña, sino como compromisos medibles, con plazos, responsables y consecuencias.

Lo primero es dejar de funcionar como si las infancias fueran invisibles hasta que “explota” el problema. Un país que busca ejercitar estándares éticos no espera a que el o la adolescente se ausente crónicamente, se desregule o fracase para recién mirarle. Detectar a tiempo no debiera ser nunca etiquetar, sino activar apoyos oportunos antes de que el daño se enquiloce. Para eso se necesitan rutas claras, tiempos máximos de respuesta y seguimiento real, no esa frase burocrática “se derivó”, que muchas veces significa simplemente “ahora es problema de alguien más”.

Lo segundo es entender que no basta con atender. Importa cómo se atiende. Un sistema puede ser formalmente correcto y, al mismo tiempo, emocionalmente brutal. Un enfoque informado en trauma y derechos no es un lujo blando, es eficacia: reduce la retraumatización, cuida el trato, sostiene vínculos protectores, capacita y protége a equipos y garantiza continuidad. Las personas logran desplegarse mejor cuando están seguras. Y cuando no lo están, el sistema debiera ser refugio, no otra fuente de daño.

Lo tercero es abandonar la ficción de que la vida viene por áreas o disciplinas. Salud, educación y protección social no pueden seguir operando como tres mundos que no conversan. La coordinación intersectorial no es una palabra bonita, es continuidad territorial. Es que los apoyos no se pierdan entre ventanillas; que la familia no sea la mensajera agotada que repite su historia como peaje; que el territorio tenga capacidad de sostener trayectorias y no solo apagar incendios.

Lo incómodo es que todo esto obliga a hacer algo que en Chile evitamos cuando se trata de desigualdad: medir. Poner cifras a los tiempos de espera, brechas comunales, cobertura real, continuidad de apoyos, capacidad de respuesta en salud mental, deserción, ausentismo crónico, violencia intrafamiliar, consumo problemático. No porque esas cifras sean un reflejo exacto de la realidad, por que no lo son, sino porque lo que se mide deja de ser opinable: se vuelve exigible. Y lo exigible obliga, por fin, a gobernar.

Un país serio no romantiza a sus jóvenes. Dejemos de pedirle a la juventud que sea heroica para sobrevivir a lo que nosotros normalizamos. Dejemos de romantizar la resiliencia como si fuera una virtud individual y empecemos a construirla como infraestructura social: vínculos, estabilidad, acceso, continuidad, protección.

Porque el mínimo civilizatorio es este: que el desarrollo temprano no dependa de la suerte; que el cuidado no sea un privilegio; que la precariedad deje de ser paisaje; y que la indolencia deje de pasar por “realismo”.

Dejemos de normalizar.