Abrir la transparencia y cerrar las brechas en acceso a la información

Recientemente se cumplieron 17 años desde la entrada en vigencia de la ley de acceso a la información pública, regulación que generó un cambio de paradigma en la Administración del Estado y en el ejercicio de la actividad política, bajo una premisa que era simple pero transformadora: donde hay recursos públicos es tu derecho saber que se hace con ellos.

Ello significó un cambio importante en la forma en que se gestionan los asuntos públicos, desde la “información es poder” a “la información compartida es aún más poderosa”.  Obligó a las autoridades y funcionarios públicos comenzar a rendir cuentas, ser capaces de explicar qué están haciendo, cómo lo están haciendo y por, sobre todo, por qué lo hacen, poniendo en el centro de las decisiones el bienestar colectivo y la legitimidad de las acciones que se emprenden desde las instituciones estatales.

Tímidamente, las personas comenzaron a preguntarle a las instituciones del Estado que hacían. Con casi dos mil solicitudes de acceso a la información en los primeros años, hasta empoderarse en el ejercicio de este derecho con más de 311.000 solicitudes en el año 2025. Estas consultas han permitido descubrir situaciones corruptas y malas gestiones, como en la licitación de la renovación del estadio Ester Roa en Concepción o los problemas que dejaron en desuso cámara hiperbárica en el Hospital San Pablo de Coquimbo.

Pero también ha ayudado a definir la frontera entre lo qué es público y lo qué es privado.  Abordando cuestiones como la posibilidad de acceder a correos electrónicos de autoridades, registros de beneficiarios de bonos o subsidios, así como a información esencial para cuidar el uso de los recursos públicos.

Si queremos que la ley de acceso a la información siga siendo una herramienta útil para las personas debemos ser capaces de responder a los cambios tecnológicos, al uso y consumo de información y, particularmente, darle significancia a la información disponible del Estado para las personas.

Al menos hace ocho años se discute un proyecto de ley en el Congreso que busca modernizar las obligaciones y derecho reconocidos en esta ley, trámite que ha avanzado sin que los acuerdos hasta ahora aporten al fortalecimiento sustancial de nuestro sistema de transparencia, dinamizando la oferta de información, disminuyendo los plazos de tramitación y respuesta, mejorarnos la gobernanza de la entidad garante y, menos abordando las disparidades de cumplimiento de las obligaciones entre los poderes del Estado.

Abrir aún más la transparencia y encaminarnos a cerrar las brechas existentes en acceso a la información asume el desafío de escuchar fuera del Ejecutivo y el Congreso, ideas como las que han sido promovidas por el Consejo para la Transparencia y Chile Transparente pueden contribuir a mantener nuestro régimen de acceso a la información pública a la vanguardia mundial.