Cuando la austeridad es para los enfermos y la generosidad para los accionistas

Hay decisiones políticas que se disfrazan de tecnicismo presupuestario. El Decreto N°333, firmado el 19 de marzo de 2026 por el Ministro de Hacienda Jorge Antonio Quiroz Castro, es una de ellas. Bajo la prosa anodina de un “ajuste al Aporte Fiscal Libre”, se esconde el mayor recorte al presupuesto de salud en la historia democrática de Chile: $413.193 millones menos para el Ministerio de Salud. Para dimensionarlo: es como si de un día para otro desaparecieran entre 3 y 4 hospitales de mediana complejidad durante un año completo.

Pero lo verdaderamente revelador no es cuánto se recorta, sino para qué. El ajuste fiscal que incluye este decreto tiene un destino declarado: financiar la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%. Según análisis tributarios, el 80% del beneficio de esa rebaja se concentra en el 1% de mayores ingresos del país. Traducido al lenguaje de la calle: se le quitan camas de hospital al 84% de la población que depende de FONASA para entregarle un alivio tributario a quienes menos lo necesitan.

Los números que no mienten

El 45,7% del recorte — casi la mitad — golpea directamente la capacidad de los hospitales para atender pacientes. Calculado sobre el valor base de un egreso hospitalario por grupo relacionado por diagnóstico (GRD) ($2.821.990 en 2024), esto equivale a 28.019 hospitalizaciones que simplemente no serán cubiertas.

Mientras tanto, en el sistema público 33.702 pacientes oncológicos esperan diagnóstico o tratamiento, y más de 12.000 niños, niñas y adolescentes en lista de espera quirúrgica No GES de urología aguardan cirugías con un promedio de 200 días de espera. Y el gobierno, en un acto de contradicción que raya en lo absurdo, declara una “alerta sanitaria oncológica” con una mano mientras con la otra firma el decreto que recorta el financiamiento de los hospitales que deben resolver esa alerta.

La trampa del ahorro ilusorio

Quienes defienden el recorte argumentarán que el Estado debe ser austero, que no se puede gastar lo que no se tiene. El argumento suena razonable hasta que se examina la evidencia. Olivares-Tirado y Zanga (2024) documentaron que el derroche en el sistema de salud chileno — hospitalizaciones innecesarias, duplicación de exámenes, falta de coordinación, burocracia excesiva — corresponde aproximadamente entre 20-25% del gasto total en salud. El recorte del Decreto N°333 representa entre el 10% y el 13% de ese derroche en el sistema público.

Peor aún: el recorte no reduce el derroche. Lo amplifica. Al eliminar programas de derivación y cuidado comunitario, obliga a los pacientes a usar servicios más caros. Al recortar la Atención Primaria en $18.856 millones, empujará a los pacientes hacia urgencias hospitalarias donde la atención cuesta entre 5 y 10 veces más. Al eliminar alternativas de egreso para adultos mayores hospitalizados socialmente — cuyo gasto en el sistema público alcanzó $15.473 millones en 2019, equivalente al 82% del recorte en APS —, lo cual perpetúa la ocupación ineficiente de camas que podrían estar atendiendo pacientes agudos.

El resultado es paradójico: un decreto que pretende ahorrar terminará costando más de lo que ahorra. Pero ese costo adicional no aparecerá en la columna del Ministerio de Hacienda: aparecerá en las cuentas médicas de las familias, en las listas de espera que se alargarán, en las vidas que se perderán y deteriorarán sin atención.

Los que pagan la cuenta

Cuando el sistema público se contrae, alguien absorbe el costo. En Chile, ese alguien tiene rostro: es la familia del decil I que gana $157.082 mensuales y para la cual una consulta privada representa entre el 14% y el 22% de su ingreso. Es el adulto mayor con demencia cuyo Plan Nacional de Demencia fue marcado para “descontinuación” por el Oficio Circular N°16 de Hacienda. Es el adolescente en riesgo suicida cuyo programa de prevención — que logró contener la tasa de suicidio desde su peak de 14/100.000 en 2008-2009 — ahora figura entre los 24 programas para ser eliminados.

Se estima que entre 100.000 y 160.000 hogares adicionales cruzarán el umbral de gasto catastrófico en salud durante 2026-2027. Eso significa familias que deberán elegir entre comer o curarse, entre pagar el arriendo o comprar los medicamentos. El 5% de los hogares chilenos ya cae en pobreza por gastos de salud. El Decreto N°333 engrosará esa cifra.

La promesa rota

“No vamos a recortar ningún beneficio social”, declaró el Presidente Kast durante la campaña. Sin embargo, el Oficio Circular N°16 de Hacienda clasifica 24 programas de salud para descontinuación. La Pensión Garantizada Universal — que cubre a más de 1,5 millones de personas mayores de 65 años — encabeza la lista de programas sociales amenazados. Chile Cuida, las residencias protegidas, el Plan Nacional de Demencia: todos marcados para eliminación.

No se trata de un olvido ni de un ajuste técnico inevitable. Se trata de una decisión política que tiene ganadores y perdedores claramente identificables. Los ganadores son el 1% que se beneficia de la rebaja tributaria. Los perdedores son los 15 millones de chilenos que dependen del sistema público de salud.

El riesgo que nadie calcula

Hay un elemento adicional que debería preocupar incluso a quienes aprueban la austeridad fiscal: la eliminación del Programa de Contingencias Operacionales ($88.758 millones). Este programa es el fondo de emergencia del sistema hospitalario — el que financia la respuesta a brotes epidémicos, desastres naturales y picos estacionales de demanda.

Chile es un país sísmico. Tiene estacionalidad respiratoria marcada. Acaba de atravesar una pandemia. Y ahora enfrenta el inicio del invierno sin colchón financiero para responder a una emergencia sanitaria. Si un terremoto, un brote de influenza severo o cualquier evento imprevisto golpea al sistema de salud en los próximos meses, la responsabilidad será directa y documentada: un decreto con fecha, firma y registro.

La alternativa que existe

Lo más frustrante de este debate es que la alternativa está documentada. Reducir el derroche del sistema — reformar el financiamiento hospitalario, crear alternativas comunitarias para la hospitalización social, integrar la coordinación entre niveles de atención — generaría un ahorro neto superior al monto del recorte, sin reducir la capacidad de atención. Cada dólar invertido en salud mental retorna entre 2,3 y 5,7 dólares. Cada peso invertido en Atención Primaria resolutiva ahorra entre 5 y 10 pesos en urgencias hospitalarias.

El problema no es que Chile gaste demasiado en salud. El problema es cómo lo gasta. Pero reformar requiere inteligencia, voluntad política y enfrentar intereses creados. Recortar solo requiere una firma.

El Decreto N°333 no es un acto de responsabilidad fiscal. Es una transferencia de recursos desde los enfermos hacia los accionistas, desde los consultorios hacia las corporaciones, desde los adultos mayores sin alternativas hacia quienes nunca pisarán un hospital público. Es, en definitiva, una decisión sobre qué tipo de sociedad queremos construir.

Chile ya vivió las consecuencias de acumular demandas sociales insatisfechas. El estallido de octubre de 2019 no surgió de la nada: surgió de décadas de promesas rotas en salud, pensiones y educación. El Decreto N°333 no solo refleja que quienes lo emitieron no aprendieron esa lección: la repiten con la arrogancia de quien cree que esta vez será diferente.