PAÍS
Auditora del Congreso reconoce que no puede verificar asesorías ligadas a Calisto
Priscila Fuentes declaró que el Comité de Auditoría Parlamentaria solo revisa la coherencia formal de informes y boletas, pero carece de personal y presupuesto para comprobar si las actividades atribuidas a la exasesora Carla Graf se realizaron.
La coordinadora del Comité de Auditoría Parlamentaria, Priscila Fuentes, reconoció ante la Fiscalía que el organismo no cuenta con herramientas para comprobar si fueron realizadas las asesorías pagadas con asignaciones parlamentarias a Carla Graf, exintegrante del equipo del senador Miguel Ángel Calisto. La efectividad de esos trabajos es uno de los puntos centrales de la investigación por fraude al Fisco en la que el parlamentario independiente está imputado.
Según informó La Tercera, Fuentes declaró en mayo de 2024 ante el fiscal Luis Contreras y explicó que el comité fiscaliza el uso de recursos públicos destinados a personal de apoyo y asesorías externas. Quienes trabajan a honorarios deben presentar una boleta y un formulario con las actividades desarrolladas, fechas, lugares, materias y asistentes.
La abogada sostuvo que el organismo solo revisa una parte de esos antecedentes y que resulta difícil evaluar su verosimilitud. La defensa de Calisto ha planteado que la asesoría de Graf era estratégica, verbal, directa al entonces diputado y de carácter político, una actividad que, de acuerdo con Fuentes, puede ser consignada legítimamente en los informes.
Observaciones sobre los informes de Graf
Una auditoría al periodo comprendido entre mayo y agosto de 2020 detectó que los formularios presentados por Graf no tenían la firma de Calisto. Además, los documentos correspondientes a mayo, julio y agosto no identificaban a quienes habrían participado en las reuniones informadas. Las observaciones fueron comunicadas al parlamentario en marzo de 2021.
En otra revisión, correspondiente a agosto de 2021 y enero de 2022, el comité advirtió diferencias entre el contrato, que establecía labores comunicacionales, y los informes, que describían asesorías de gestión. También aparecían gestiones en favor de la comunidad, actividad prohibida para estos contratos. Tras solicitar antecedentes, el organismo consideró subsanada la observación.
Una fiscalización limitada
Fuentes admitió que el control se restringe a la documentación presentada: “No tenemos personal ni presupuesto para verificar que las actividades consignadas en el informe se hicieran o no”. El comité revisa principalmente que exista coherencia entre el contrato, las labores reportadas, el periodo, el monto acordado y la boleta emitida.
Respecto de un informe de abril de 2020, la auditora señaló que las labores descritas parecían corresponder a gestión territorial y que nuevamente no se identificaba a los asistentes de las reuniones. Su testimonio refuerza una de las dificultades del caso: los mecanismos internos del Congreso permiten controlar formalmente los pagos, pero no acreditar por sí solos que los servicios fueron ejecutados.
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