¿Qué hacer con la seguridad pública?

En la primera fase de gobierno (de marzo a mayo de 2026) dicha promesa se tradujo en una serie de improvisaciones que le costaron la salida a la ahora ex ministra Trinidad Steinert. 

Las principales acciones por las que se recordará esta primera (breve) etapa será el temprano anuncio del uso de la atribución presidencial de los indultos; la inauguración de obras de una zanja en el norte del país que, posteriormente, se señalaría que no alcanzaría a estar lista en la fecha prometida; el envío de un oficio reservado solicitando antecedentes de una investigación en Tarapacá; la sorpresiva salida de la subdirectora de inteligencia de la PDI; la desarticulación de equipos al interior del Ministerio de Seguridad Pública, y las convulsionadas sesiones en la Cámara de Diputados y el Senado donde se expresaría críticas al gobierno por la ausencia de un plan integral para abordar los urgentes temas de seguridad pública. 

En realidad, el gobierno sí presentó un plan ante las autoridades legislativas (Ministerio de Seguridad, 2026). Sugirió tres objetivos y un listado de acciones en torno a dichas metas: primero, recuperar el control territorial por la vía del control de la frontera, rutas, calles, cárceles, puertos y terrenos tomados; segundo, mejorar la eficacia la investigación judicial; y fortalecer el estado ampliando las facultades policiales y mejorando sus capacidades. 

Lo que sucedió es que a los congresistas les pareció insuficiente dada la magnitud y multidimensionalidad de esta problemática. Al observar las propuestas y verificar las acciones que el gobierno realizó en esta denominada “primera fase”, se pueden advertir acciones más bien reactivas frente a un contexto de alta preocupación ciudadana por la delincuencia y mantención de delitos violentos de alto impacto social. 

¿Qué debería, entonces, hacer el gobierno? La respuesta es relativamente simple: retomar el proceso de institucionalización de un sistema de seguridad pública en curso y que contó con el respaldo mayoritario del Congreso Nacional. En otras palabras, retomar la senda de construir una política—como gusta decirse—de Estado en materia de seguridad pública. 

La buena noticia es que los cimientos de tal política ya están instalados. Existe una política nacional contra el crimen organizado (Decreto 369). Existe una Estrategia nacional para prevenir el lavado de dinero (Plan 2023-2027). Pero además, en enero de 2026 se publicó la primera Política Nacional de Seguridad Pública del país (Decreto 96, 2026). Se trata de un instrumento de planificación que realizó un diagnóstico, y se definieron principios y líneas de acción concretas. Incluso se estableció una meta u objetivo general bastante concreto: “reducir los delitos violentos y el temor en la ciudadanía mediante el establecimiento de lineamientos al sistema de seguridad públicas”. Lo anterior implica fortalecer la coordinación y colaboración interinstitucional y la ejecución de políticas públicas basadas en evidencia. 

Si el norte es reducir los delitos violentos, entonces los planes y estrategias que se desarrollen deben estar alineados con ese objetivo. Es esta meta la que ordenará las acciones y les otorgará sentido. Aunque importante, no es el mayor número de decomisos de armas ilegales lo relevante, sino que cortar con el tráfico de armas. No basta con incrementar el número de patrullajes, sino que hacerlo estratégicamente en zonas que la evidencia muestra que genera un efecto. No basta con mostrar número de controles policiales en las calles, sino que mostrar cómo aquellos controles ayudan a reducir las percepciones de inseguridad de la población en zonas críticas. Así sucesivamente. 

Si el propósito es tener un país más seguro (reduciendo los delitos violentos y bajando las percepciones de temor), entonces se requiere colocar en primerísimo lugar la problemática del crimen organizado. Así, se requerirían definir planes y estrategias específicas en lo concerniente con el control del lavado de dinero; cortar la ruta del tráfico ilegal de armas; desarrollar una política carcelaria considerando temas de resolver el hacinamiento, construcción de plazas, seguridad de los recintos, rehabilitación, reinserción, y política de personal;  materializar la reglamentación en materia de seguridad municipal; y fomentar políticas preventivas en barrios y sectores más vulnerables—poniendo particular atención a la niñez y adolescencia. 

Una acción de política pública meramente reactiva (más controles), no reducirá los delitos violentos ni menos la percepción de temor e inseguridad de las personas. La política pública en esta materia requiere una sustantiva inversión en lo que podríamos denominar inteligencia institucional para prevenir y anticiparse a que esos delitos violentos ocurran: tomar decisiones basadas en evidencia y no en intuiciones, cortar las rutas del lavado, del tráfico de armas, del involucramiento temprano de jóvenes en estas carreras delictivas. En paralelo se requiere de una política muy proactiva de fortalecimiento de las redes comunitarias a nivel local para ofrecer alternativas de vida social a personas que han perdido el vínculo social.

La institucionalidad para coordinar acciones del Estado ya existe, planes y estrategias sectoriales respecto del crimen organizado ya están escritos. El plan nacional de seguridad pública (con metas, planes y líneas de acción) ya fue promulgado. Esperemos que en esta segunda fase no se pierda tiempo y se movilicen los recursos del estado para activar estos instrumentos con un propósito por todos compartidos: vivir en un país más seguro.