¿Para qué sirve la ciencia?

En las últimas semanas se ha instalado en el debate público una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿para qué sirve la ciencia?

La pregunta no es menor y no debe responderse a la defensiva. Por el contrario, es una oportunidad importante para que las propias comunidades científicas y el ecosistema de las ciencias —investigadores, universidades, centros de investigación, gestores científicos, agencias de financiamiento y comunicadores de las ciencias— reflexionemos más profundamente sobre el valor público del conocimiento científico y sobre las maneras en que las ciencias contribuyen efectivamente a la sociedad.

Es cierto: las ciencias deben responder a la pregunta por su impacto social. Sin embargo, este no se reduce —aunque también incluye— a las formas más tradicionales de producción y circulación del conocimiento, como los libros en bibliotecas utilizados por estudiantes de pre y postgrado para aprender más y mejor, y los indicadores clásicos de productividad científica: artículos indexados en WoS, Scopus o Scielo, cuartiles y número de citaciones.

Precisamente por ello, resulta problemático medir el valor de las ciencias solo por aquello que genera resultados económicos inmediatos o se traduce rápidamente en innovación tecnológica visible. Estas contribuciones son, sin duda, importantes para el desarrollo de un país, pero suelen emerger de procesos indirectos y acumulativos, cuyos efectos se despliegan en el largo plazo y rara vez pueden atribuirse de forma lineal a un único proyecto o centro de investigación.

Para responder a esta pregunta desde los centros de investigación ANID, es necesario hacer visible un eslabón fundamental que con frecuencia permanece invisibilizado: la relación entre el conocimiento científicamente riguroso que producimos y las maneras en que la sociedad —por medio de instituciones, organizaciones, políticas públicas y comunidades— logra comprenderlo, apropiarse de él, adaptarlo y convertirlo en herramientas para enfrentar problemas sociales complejos.

En ese eslabón, tantas veces invisibilizado, los propios proyectos y centros de investigación tenemos una responsabilidad ineludible: preguntarnos cómo comunicamos socialmente nuestros hallazgos, cómo volvemos inteligibles resultados muchas veces complejos para públicos más amplios y cómo construimos puentes efectivos entre producción científica, deliberación pública y transformación social. A mi juicio, ha llegado el momento de reconocer y hacernos cargo de esta dimensión, demasiado tiempo relegado a un segundo plano.

Es precisamente esa articulación la que da a la investigación un potencial transformador. El impacto social de las ciencias no ocurre de manera automática ni lineal. Se construye gradualmente, mediante conocimiento que circula, conversaciones que se sostienen y capacidades que se fortalecen. Es un proceso que toma tiempo, pero que puede traducirse en mejores respuestas a problemas complejos, una mejor calidad de vida y el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas.

En tiempos marcados por crisis ambientales, desigualdad, violencia, desinformación y desconfianza pública, el rol de las ciencias no es ofrecer respuestas simples ni soluciones inmediatas. Su principal aporte es producir evidencia rigurosa, enriquecer el debate público y ayudarnos a comprender de mejor manera problemas cada vez más complejos. También consiste en tender puentes para construir soluciones más pertinentes, justas y sostenibles.

Precisamente porque las ciencias tienen límites —y no reemplazan la deliberación política ni las decisiones democráticas— resulta fundamental defender su lugar en la sociedad. No para convertirlas en una autoridad incuestionable, sino para reconocer el valor de la evidencia rigurosa y del pensamiento crítico al momento de enfrentar problemas complejos. Cuando estos faltan, el riesgo es tomar decisiones basadas solo en intuiciones, soluciones simplistas o respuestas de corto plazo.

Los desafíos que enfrentamos hoy requieren respuestas construidas desde la colaboración entre distintas disciplinas, la articulación entre instituciones y el diálogo entre saberes, actores sociales y comunidades.

Con el propósito de aportar a este debate, el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva (EduInclusiva), financiado por ANID durante diez años, desarrolló una metodología participativa para comprender cómo distintos sectores de la sociedad entienden el impacto social de la investigación educativa. Participaron estudiantes, docentes, directivos, asociaciones gremiales, representantes del poder legislativo y ejecutivo, además de investigadores.

La pregunta que orientó el trabajo fue simple, pero decisiva: ¿para qué sirve la investigación educativa? A partir de ese proceso identificamos seis dimensiones ampliamente reconocidas por distintos actores: el aporte social y cultural; la incidencia en políticas públicas; el fortalecimiento de la participación de las comunidades; el uso de evidencia científica; la transformación de prácticas educativas y la formación profesional.

Este trabajo dio origen al “Protocolo de Evaluación del Impacto Social de la Investigación Educativa”, herramienta orientada a fortalecer las formas en que comprendemos, evaluamos y comunicamos la contribución pública de la investigación. Su presentación se realizará en el seminario-taller “El impacto social de las ciencias: cómo evaluarlo y comunicarlo”, siendo parte de una conversación más amplia sobre el lugar del conocimiento científico y su aporte a los desafíos colectivos.