336.984 extranjeros residentes en situación irregular: ni metáfora ni hipérbole

¿Cuántos migrantes en situación irregular hay en Chile? Es una pregunta que ha resonado de manera persistente en el debate público y alcanzó su mayor exposición durante la segunda vuelta presidencial entre la candidata Jara y el candidato Kast. En el fragor de esa contienda electoral, la respuesta emergió como un hecho social objetivado en forma de estadística oficial. La cifra de “300 mil irregulares”, presentada como verdad incuestionable, concentró la atención pública y articuló distintos compromisos políticos. El más explícito de ellos: expulsar a la totalidad de las personas comprendidas en ese número, sin considerar elementos tan básicos como el arraigo laboral o familiar, la edad de las personas involucradas, ni las necesidades económicas del país para impulsar el crecimiento a través del trabajo migrante.

Como señala la académica española Blanca Garcés, frente a la migración irregular los Estados disponen de tres alternativas que pueden combinarse parcialmente: (1) regularizar, (2) expulsar o (3) tolerar la presencia irregular (o hacer la vista gorda). Las opciones 1 y 2 pueden operar en paralelo, la alternativa 3 no es compatible con 1 o con 2, pero apostar solamente por la 2 es lo más parecido a aplicar la opción 3. Vale decir, centrarse en la ejecución de expulsiones equivale, en la práctica, a tolerar y mantener la irregularidad migratoria. Sin que nadie se lo exigiera, y antes incluso de asumir el gobierno, el presidente Kast condicionó el éxito de su política migratoria a la estrecha capacidad del Estado para ejecutar expulsiones: un mecanismo costoso —tanto financiera como logísticamente—, y que en buena medida depende de la cooperación de terceros países, como Venezuela, con quien Chile aún no mantiene relaciones diplomáticas. En ese escenario, el único éxito relativo al alcance de esta política será compararse con el gobierno anterior, que a su vez fue más “exitoso” que su inmediato antecesor: el gobierno del presidente Boric registró un promedio de 500 expulsiones administrativas anuales, un 51% más que el promedio del gobierno del presidente Piñera.

No obstante, la vara que verdaderamente importa es la que fija la estadística oficial sobre irregularidad: cuánto se reduce efectivamente, año a año, el número estimado de migrantes en esa condición. En Chile, la cifra de 336.984 extranjeros en situación irregular al año 2023 comenzó el 2022 mediante un trabajo interinstitucional que reunió al Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel), el Servicio de Registro Civil (SRCel) y el Ministerio de Educación (Mineduc). Sin esa coordinación sostenida, las respuestas sobre el volumen real de la migración irregular seguirían siendo inciertas. Vale recordar que un primer intento —fallido— se realizó durante los últimos años del gobierno de Sebastián Piñera, bajo la conducción de Álvaro Bellolio, hoy asesor del segundo piso de La Moneda y consejero regional de la RM, quien encabezó el recién creado Sermig. Allí se realizó “por primera vez una estimación de irregularidad“, sumando denuncias por ingreso por paso no habilitado y personas con sobreestadía  de turismo. En retrospectiva, ese esfuerzo merece reconocimiento: demostró tanto la necesidad de contar con una cifra oficial como la exigencia de producirla con el rigor metodológico e institucional que requiere toda estadística de Estado. Y es que una estadística de ese tipo no es un dato accesorio: es condición necesaria para diseñar, implementar y evaluar cualquier política pública. Un Estado que gobierna es aquel que conoce con precisión a la población en su territorio y las condiciones en que esta reside; solo desde ese conocimiento puede asignar recursos de manera eficaz y rendir cuentas sobre los resultados. Ignorar ese principio no es solo malgastar recursos escasos: es abdicar de la función de gobernar.

La estadística oficial de 336.984 personas en situación irregular es fruto de un esfuerzo interinstitucional que representa lo mejor del trabajo del Estado, comparable —aunque con una historia más breve— a mediciones consolidadas como la de pobreza (desde 1987) o el Índice de Precios al Consumidor (desde 1928). Con ese antecedente, manteniendo a las instituciones involucradas y la metodología de trabajo, cabe esperar que durante 2026 el gobierno comunique oficialmente una nueva cifra estimada con referencia al año 2025. Con alta probabilidad, esa cifra revelará un aumento del número de migrantes irregulares, posiblemente cercano a los 400 mil. El gobierno tendrá a mano el recurso de atribuir responsabilidades a la administración anterior. Pero también tendrá la oportunidad de rectificar su unidimensional camino: de abandonar las expulsiones como único eje de la política migratoria y —quizás bajo la presión de gremios agrícolas— avanzar hacia un proceso de regularización que, desde las coordenadas de un gobierno de derechas, reconozca el aporte de la migración al crecimiento económico que Chile necesita con urgencia. Porque, más allá de las motivaciones ideológicas, regularizar es el camino más eficaz para reducir la irregularidad migratoria.

Por el contrario, si el gobierno omite la publicación de una nueva estimación, ese silencio será la señal más clara de que se ha instalado un precedente peligroso: gestionar la política migratoria sin su principal insumo estadístico. Eso sitúa al Estado en el terreno de la improvisación y la retórica, ocultando lo que ya es evidente: que una política migratoria sustentada exclusivamente en expulsiones equivale, en los hechos, a no hacer nada frente a la migración irregular.