Infancia en riesgo, seguridad en juego

Como es esperable, el debate público sobre seguridad sigue en la primera línea, cambios ministeriales, cuenta pública y debates en los medios de comunicación también seguirán marcando la pauta.

Sin embargo, y a pesar de la evidencia y casos dramáticos que han impactado a la opinión pública y que han puesto el acento en la participación de jóvenes en hechos delictuales, como lo ocurrido al ex presidente del TC o el caso de la adulta mayor de Coronel, entre muchos otros; la seguridad y la infancia no están apareciendo con fuerza en el debate, más allá de la interpelación de que es un tema del que hay que hacerse cargo, ni como una prioridad en el discurso ni en el relato de las autoridades e incluso del parlamento, más allá de medidas exclusivamente punitivas. 

NNA, sea como víctimas de la delincuencia o como participes en hechos delictivos, debe seguir movilizándonos con urgencia, por lo que sería un gran error que, por prejuicios o desconfianzas sin fundamento, se abandonen las estrategias en implementación, que además se establecieron institucionalmente.

La evidencia es contundente: la exclusión, la deserción escolar, la violencia intrafamiliar y la falta de espacios comunitarios, entre otros factores suelen ser la antesala de trayectorias delictivas. Ignorar esta realidad ha tenido costos profundos, tanto sociales como económicos para nuestra sociedad y se ha perdido tiempo valioso.

En este contexto, desde la creación de la Subsecretaría de Prevención del Delito se han desarrollado diversas políticas públicas; fortalecimiento de diagnósticos territoriales e intervenciones focalizadas, una mayor articulación y financiamiento del sistema de seguridad  municipal, intervención en barrios críticos, acompañamiento a familias en riesgo y el trabajo con adolescentes en conflicto con la ley, las que han contribuido a construir una base institucional que, aunque aún incipiente, marca un cambio de paradigma que ha permitido avanzar en la instalación de la prevención temprana como eje estratégico.

Y en el último año, el aumento de la cobertura del programa Lazos de 4.500 a 12.000 familias, reduciendo reincidencia juvenil en un 18%; el Grupo de Trabajo Especializado para la prevención de homicidios de NNA logrando una disminución del 33% entre 2024 y 2025; el Comité Interministerial de Prevención en Infancia —surgido del Consejo Nacional de Prevención del Delito—; las Fuerzas de Tarea sobre trayectorias delictivas y reclutamiento temprano por bandas criminales; y los datos consolidados del programa 24 Horas de Carabineros, entre otras iniciativas, han permitido avanzar desde la evidencia, proponer  nuevas políticas y  evaluar el impacto, algo indispensable para una buena gestión del Ministerio de Seguridad.

Por otra parte, se avanzó en incorporar miradas externas y establecer redes de cooperación públicas y privadas para ampliar la mirada. También, en integrar la seguridad con otras dimensiones del desarrollo social como educación, salud, desarrollo social, reinserción juvenil y el sistema de protección de la niñez, entre otros, lo que ha permitido comprender que la seguridad no se reduce a la ausencia de delito, sino que requiere condiciones de vida dignas y entornos protectores. 

En contextos de alta presión ciudadana que exige resultados inmediatos, existe la tentación de abandonar políticas efectivas en favor de medidas más efectistas, por lo que volver a instalar una discusión sobre seguridad dominada por respuestas reactivas, centradas sólo en el control y la persecución penal, dejando en segundo plano los factores de riesgo que se gestan desde edades tempranas, sería un error y más aún una clara señal de retroceso.

También implica perder inversión pública ya realizada y retroceder en aprendizajes institucionales que han costado años consolidar, y volver a una lógica donde el estado llega tarde y cuando el daño ya está hecho.

Por ello el desafío no es partir de cero, sino profundizar y corregir lo avanzado. El Ministro de seguridad dio una buena señal inicial sobre La Política Nacional de Seguridad que también aborda este como un objetivo de estado, por lo que es urgente retomar las instancias que se crearon para abordar este tema con sentido de urgencia.

Proteger la infancia no es solo una cuestión ética, sino también una estrategia de seguridad. Y como toda política seria en esta materia, requiere continuidad, evidencia y convicción política.