El privilegio ilustrísimo: cuando la Corte de Santiago no habita su cargo

Los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago intentaron obtener autorización para circular en sus vehículos institucionales por las vías exclusivas para el transporte público de la Región Metropolitana. La solicitud, que surgió de una sesión de pleno del tribunal de alzada capitalino, celebrada en diciembre de 2025, fue finalmente rechazada, pero el solo hecho de que haya sido formulada dice más de sus promotores de lo que cualquier fallo pudiera decir.

Mientras miles de trabajadoras y trabajadores de Santiago, incluido el personal del propio Poder Judicial, se levantan de madrugada para enfrentar horas de tráfico, apretados en micros o atrapados en tacos que consumen su tiempo, su salud y su vida familiar, un grupo de ministros de la corte debatía en sesión formal cómo liberarse del mismo tráfico que el resto del pueblo soporta a diario. No como una necesidad institucional impostergable, sino como una extensión natural de los privilegios que, al parecer, consideran propios de su investidura.

El problema, según argumentaron desde el pleno, radica en que los ministros de la Corte de Apelaciones comparten estacionamientos con integrantes de la Corte Suprema, ubicados en el sector de Bandera con Compañía, y que debido a las restricciones de tránsito del centro de Santiago quedan expuestos a eventuales infracciones. Un problema, dicho sea de paso, que cualquier ciudadano de a pie resuelve caminando, usando el Metro o simplemente respetando las señales de tránsito, como el resto de los mortales.

Esto no es solo un debate sobre privilegios de circulación. Es un síntoma de algo más profundo: una Corte que no habita su cargo, una Corte que parece haber olvidado que la legitimidad de la jurisdicción no proviene de las insignias, los estacionamientos ni las pistas de tránsito exclusivas, sino de la cercanía con la realidad de las personas a quienes se debe.

Y resulta difícil no recordar, en este contexto, el caso de la ex jueza Verónica Sabaj. El máximo tribunal concluyó que la magistrada incurrió en conductas que afectaron los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura. Los antecedentes revelaron que el abogado Luis Hermosilla, junto a otros, gestionaron que Sabaj fuera la elegida para integrar la Corte de Apelaciones de Santiago, y que los vínculos entre ambos continuaron en el tiempo. Es decir, su nombramiento mismo fue el fruto de una red de influencias que traicionó el juramento al que todo magistrado se somete al asumir el cargo.

La Corte Suprema resolvió la destitución inmediata de Sabaj tras confirmar que vulneró los deberes de su cargo. Fue una decisión correcta. Pero la pregunta que la institución no se ha formulado con suficiente seriedad es la siguiente: ¿cómo es posible que una persona que obtuvo su cargo a través de gestiones ilegítimas haya integrado durante años ese mismo tribunal cuyos ministros hoy aspiran a circular por vías exclusivas? ¿Qué dice eso de la cultura institucional que allí se respira?

La OTJ no cuestiona la dignidad del cargo de ministro de corte. Cuestiona la distancia que separa a quienes lo ejercen de quienes les dan sentido: la ciudadanía y, en particular, las propias trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, que cada día cumplen funciones esenciales sin vehículos institucionales, sin estacionamientos reservados, y sin la posibilidad de sesionar en pleno para pedirlos.

La justicia no se ejerce desde los privilegios. Se ejerce desde la comprensión de la realidad del pueblo al que se sirve. Y en eso, la Corte de Apelaciones de Santiago tiene una deuda pendiente que ninguna vía exclusiva podrá saldar.