La deuda de todos

Esta semana la Tesorería General comenzó a embargar sueldos y bienes raíces a deudores del CAE. Son más de 550 mil personas. La deuda acumulada llega a 4 billones de pesos. El gobierno de Kast lo presenta como un avance en la regularización del sistema y, en términos fiscales estrictos, tiene razón: cobrar lo que se debe es una función legítima del Estado.

El problema no es que el Estado cobre. Es que lo hace con un instrumento que no distingue entre quien no quiere pagar y quien no puede. Un embargo sobre el sueldo de alguien que gana 800 mil pesos puede dejar a una familia sin ingresos operativos de un mes para otro, sin previo aviso, sin gradualidad, sin posibilidad de negociar antes de que llegue la medida. Eso no es rigor fiscal. Es brutalidad administrativa.

Un crédito diseñado como negocio, no como política

El CAE nació en 2006 con una lógica de mercado: la banca privada financia, el Estado avala, el estudiante paga. Pero hubo un tercer beneficiario que el debate de esta semana casi no menciona: las universidades. El crédito estatal garantizado fue para muchas instituciones una fuente de ingresos sin riesgo. El alumno llegaba con financiamiento asegurado. La universidad cobraba. El banco ganaba el spread. El Estado avalaba. Y nadie preguntaba qué pasaría cuando ese alumno egresara.

El resultado fue predecible. Las universidades expandieron matrícula en carreras de bajo costo operativo y alto margen: administración, derecho, pedagogía, psicología. Carreras que no requieren laboratorios, equipamiento ni infraestructura cara. El CAE no orientó la oferta hacia las áreas que el país necesitaba para crecer ni hacia las que generarían ingresos suficientes para pagar el crédito. Financió lo que era rentable para las instituciones, no lo que era útil para el desarrollo. Miles de egresados hoy cargan con deudas de carreras que el mercado laboral remunera por debajo del umbral necesario para servir ese crédito.

El estándar que Chile ignoró

Los países que resolvieron este problema —Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda— lo hicieron con un principio distinto: el pago se activa cuando el ingreso supera un umbral y se cobra como porcentaje de lo que se gana. Si el egresado gana poco, paga poco. El Estado recupera la inversión sin dejar familias sin ingresos. Chile tiene la infraestructura tributaria para hacer exactamente eso. Nunca lo implementó porque nunca rediseñó el instrumento ni tuvo incentivos para regular la oferta universitaria que el sistema estaba financiando.

Cuatro gobiernos, un mismo error

Bachelet, Piñera y Boric administraron el CAE sin corregir sus defectos estructurales. Ninguno implementó cobro proporcional al ingreso. Ninguno reguló la oferta de carreras que el crédito estaba financiando. Ninguno preguntó si el sistema estaba produciendo los profesionales que el país necesitaba o simplemente los que las universidades querían matricular.

El quiebre ocurrió entre 2019 y 2025: la deuda pasó de 500 mil millones a 4 billones, ocho veces más en seis años. Parte de esa explosión se explica por la promesa de condonación de Boric, que ingresó al Congreso pero no prosperó. El incentivo al no pago fue real. También lo fue la incapacidad del sistema de distinguir al evasor del deudor que egresó de una carrera que nunca iba a pagarle lo suficiente para cubrir el crédito que el Estado le avaló.

El costo de no tener política

Una sociedad que trata la educación superior como una mercancía individual termina cobrándola como tal: con embargo, retención de sueldo y bloqueo de cuentas. Una sociedad que la entiende como un bien público básico para el desarrollo diseña el financiamiento de otra forma: orienta la oferta hacia las necesidades del país, cobra según la capacidad del egresado y no deja que el negocio universitario decida qué se estudia en función de los márgenes de ganancia.

Ese es el debate que ningún gobierno chileno ha querido dar en veinte años. No si los deudores deben pagar —deben— sino bajo qué lógica el Estado financia el acceso al conocimiento, cómo regula lo que financia y cómo recupera esa inversión sin destruir en el camino a las familias que habilitó para estudiar.

Mientras esa pregunta no tenga respuesta, cualquier gobierno que llegue va a estar en el mismo dilema: embargar de forma indiscriminada o dejar que la deuda crezca. Lagos puso el instrumento. Las universidades lo usaron para crecer, los gobiernos lo mantuvieron, Kast lo cobra. El próximo gobierno lo va a heredar igual de roto.