Me endeudé para estudiar, no para despertar con la cuenta en cero

Es algo de pesadilla despertar con la cuenta bancaria en cero. 

No con menos plata de la prevista, no con un cobro no calculado, sino que, literalmente, con nada, sin margen para pagar comida, arriendo o locomoción. Cuesta pensar que una consecuencia así haya estado claramente anticipada o informada.

Pero eso es lo que hoy denuncian deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), luego de que la Tesorería General de la República iniciara procesos de cobro por deudas morosas, lo que en algunos casos habría derivado en embargos de la totalidad de los fondos disponibles. 

En medio de las críticas, el presidente José Antonio Kast justificó la desmesura de estos cobros señalando que “cada uno es responsable de sus propios actos”, una frase que solo puede sonar razonable desde la distancia de quien nunca tuvo que ver en el CAE la única opción para acceder a la educación superior. 

Nadie se endeuda así por comodidad. Quienes lo hicieron no estaban pensando en lo que esa deuda podía quitarles años después, sino lo que podía entregarles. Tratar hoy ese compromiso como una simple obligación financiera es borrar el origen y la responsabilidad de un sistema que no fue capaz de generar las oportunidades que ofrecía. 

Hoy tener una carrera profesional ya no asegura ningún esplendor, como dice nuestro himno. Según el Observatorio del Contexto Económico de la UDP, en el trimestre agosto-octubre de 2025 más de 1,4 millones de personas con educación superior trabajaban en empleos que requerían menos calificación que la obtenida, lo que equivale al 36,4% de los trabajadores con educación superior completa. 

Y el desajuste no solo tiene efectos simbólicos, sino que también económicos, ya que, para las personas con grado universitario, magíster o doctorado, trabajar en puestos por debajo del nivel formativo alcanzado implica percibir un 38% menos que quienes sí se desempeñan en cargos acordes.

Lo que en 2006 se presentó como el pasaporte a una vida mejor terminó chocando con una realidad bastante menos generosa, donde el título dejó de ser una excepción que abría puertas y pasó a convivir con una competencia más dura, trayectorias laborales más inciertas y expectativas cada vez más difíciles de cumplir.

Por eso el Gobierno de Boric intentó dar una salida a un sistema cuyo agotamiento ya era evidente: en 2024, solo el 41% de los egresados y el 16% de los desertores estaban al día en sus cuotas. La propuesta de reemplazar el CAE por el FES intentaba ordenar ese escenario con condiciones de pago más equitativas, pero la alternativa quedó atrapada en el Senado luego de que, el 14 de mayo de 2025, la Comisión de Hacienda rechazara la idea de legislar el proyecto. 

A eso se sumó un problema político no menor, de que la expectativa, —alimentada durante años—  de una condonación total del CAE se encontró con una propuesta que solo ofrecía una solución parcial. Como consecuencia, hoy seguimos sin resolver el problema de fondo y vuelve a aparecer la peor versión del sistema, esa que no entrega una salida real, sino que administra y persigue.

El CAE nunca fue solo un crédito, fue una promesa mal escrita: estudien, endeúdense, el título les permitirá pagar. En la práctica, terminó siendo la respuesta de un país que, frente a una educación superior cada vez más cara, trasladó a las familias el costo de convertirse en “capital humano”. 

Lo que esta decisión de cobro expone no es solo la poca humanidad que niega tener el gobierno de Kast, sino la profunda diferencia de trato entre unos y otros. La lógica es absurdamente darwinista: quienes se endeudaron para estudiar deben arreglárselas solos; quienes concentran capital, en cambio, reciben alivios, rebajas e incentivos en nombre del crecimiento. 

Esa no es responsabilidad política, es una pedagogía del castigo.