Cuando la crítica a la “permisología” se convierte en un dogma ideológico

En la mitología del progreso moderno, pocos conceptos han sido tan venerados y tan mal comprendidos como el de “crecimiento económico”. Medido en frías abstracciones como el Producto Interno Bruto (PIB), se ha erigido como el tótem incuestionable de la política económica. Sin embargo, cuando esta fe se convierte en dogma ideológico, corremos el riesgo de emular la lógica más destructiva de la biología: la de las células cancerígenas. Estas células no son malignas por crecer, sino por crecer sin control, sin propósito ni conciencia de su ambiente, parasitando y destruyendo finalmente el organismo que las hospeda. Esta metáfora, lejos de ser una hipérbole, define con precisión escalofriante la actual deriva del gobierno de ultraderecha en Chile respecto a su política ambiental.

Nos encontramos ante una coyuntura global de inestabilidad bélica y fragmentación comercial que vuelve las proyecciones de crecimiento económico, cuando menos, inciertas. Paradójicamente, en lugar de actuar con la prudencia de un capitán en medio de una tormenta, el oficialismo parece empeñado en arrojar por la borda todo impedimento, comenzando por el más valioso para la navegación a largo plazo: la regulación ambiental. El discurso oficial, encarnado en una peligrosa mezcla de urgencia desarrollista y desprecio por el conocimiento técnico, ha declarado la guerra a lo que denominan peyorativamente “permisología”. Este término, acuñado para caricaturizar y ningunear el proceso de evaluación de impacto ambiental, no es una crítica inocente a la burocracia; es un ataque frontal al corazón del Estado de Derecho Ambiental y una muestra palmaria de ignorancia sobre la complejidad de los sistemas que pretenden intervenir.

La “permisología”, no es más que un neologismo para la destrucción del conocimiento en materia de gestión ambiental. Esgrimida con desparpajo por ministros y parlamentarios del oficialismo, es un artefacto lingüístico diseñado para deslegitimar la función preventiva del Estado. Al reducir la evaluación ambiental a un mero trámite de papeleo engorroso, un obstáculo “ideológico” para la inversión, se revela una incomprensión profunda —y peligrosa— de lo que estos procedimientos realmente significan.

Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no es un formulario que se rellena para obtener un permiso. Es la culminación de un proceso científico y técnico extenuante que busca responder a una pregunta fundamental: ¿puede este proyecto coexistir con la estabilidad ecológica y el bienestar social del territorio que lo acoge, o su existencia implica una herida irreversible? Llamar a esto “permisología” es tan intelectualmente deshonesto como llamar “diagnosticología” al examen exhaustivo que un oncólogo realiza antes de operar un tumor. En ambos casos, omitir el estudio por un afán de rapidez no cura, sino que condena.

Las declaraciones de autoridades, que descalifican los procesos de consulta indígena, los informes de servicios públicos con competencia ambiental o las observaciones ciudadanas como una “tramitología infernal”, no son meras anécdotas. Son graves muestras de una falta de conocimiento que linda con la temeridad. Ignoran deliberadamente que cada sección de un EIA, cada modelación hidrogeológica, cada inventario de biodiversidad, cada consulta con la comunidad, cada estudio de dispersión de contaminantes representa décadas de avance en las ciencias involucradas en la gestión ambiental. Despreciar este acervo de conocimiento es condenarnos a repetir los errores del siglo XX, cuando la prosperidad de unos pocos se construía literalmente sobre ríos muertos, bosques arrasados y comunidades envenenadas.

La complejidad invisible: Por qué los estudios son esenciales

La superficialidad del discurso “anti-permisología”, nos obliga a referirnos a la abrumadora complejidad que un verdadero estudio ambiental debe desentrañar. No se trata de proteger una “linda vista” o una “especie simpática”, como a menudo caricaturizan los promotores de la desregulación. Se trata de comprender la intrincada red de procesos que sostienen la vida y la economía misma.

Un ecosistema no es una simple colección de elementos del medio físico junto a las plantas, animales y poblaciones humanas que lo habitan. Es un sistema complejo y adaptativo, cuyo funcionamiento depende de flujos de energía, ciclos de nutrientes, interacciones biológicas (polinización, dispersión de semillas, control de plagas) y servicios ecosistémicos (purificación del agua, formación de suelo, regulación del clima, alimentos, materias primas, recursos medicinales, control de inundaciones, entre otros). Su “estabilidad” no es estática, sino una capacidad dinámica de resistir perturbaciones y regenerarse (resiliencia). Un proyecto extractivo, un embalse o una expansión urbana introducen perturbaciones que pueden desencadenar efectos en cascada, no lineales, impredecibles y a menudo irreversibles si no se estudian a fondo. Los estudios para un EIA no pueden ser superficiales.

Por tanto, se debe exigir a los inversores, en primer lugar, una Línea de Base Dinámica y Multidimensional, que no sea una mera foto fija, sino que integre la variabilidad estacional e interanual de los ecosistemas, corredores biológicos, procesos migratorios y la presencia de especies clave cuyo declive puede desencadenar un colapso ecosistémico. No basta con un listado de especies; se requiere un análisis funcional del ecosistema.

También se debe pedir una Modelación de Sinergias e Impactos Acumulativos: El error más grosero de una visión simplista es evaluar un proyecto de forma aislada. Un solo proyecto minero puede ser manejable, pero la suma de diez de esta o distinta naturaleza, en una misma cuenca, con sus respectivos caminos, campamentos, infraestructuras, emisiones, extracciones de agua, genera un impacto acumulativo y sinérgico que puede ser devastador. La evaluación debe ser estratégica y prospectiva, no un chequeo de requisitos para proyectos individuales. También se tiene que exigir un Análisis de Ciclo de Vida Completo del Proyecto: La responsabilidad del inversor no puede terminar en la puerta de la faena. Debe exigirse una evaluación que contemple desde la extracción de la materia prima hasta el cierre de operaciones, abandono y post-cierre, incluyendo la gestión de pasivos ambientales como tranques de relaves o suelos contaminados, cuyos costos sociales y ecológicos perduran por siglos.

Un Estado que se tome en serio la sostenibilidad debe exigir a los inversores, como condición ineludible para siquiera iniciar la evaluación una serie de antecedentes, entre ellos un Plan de Gestión Adaptativa: Reconociendo la incertidumbre inherente a los sistemas complejos, el proyecto debe incluir mecanismos flexibles para ajustar sus operaciones en función de monitoreos continuos y hallazgos imprevistos, según los cambios diámicos del medioambientte, imposibles de predecir y que pueden ocurrir en uno, dos, cinco años, o más. No se puede autorizar un proyecto bajo el supuesto de que todo está previsto y que la situación ambiental que circunda al proyecto permanecerá invariable.

También es crucial exigir al inversor Garantías Financieras Reales y Suficientes para el Cierre. La historia ambiental de Chile está plagada de faenas abandonadas y pasivos huérfanos. Es imprescindible que el Estado exija instrumentos financieros (seguros, fideicomisos) que cubran el costo total de la restauración ecológica antes de que el proyecto comience a operar, para que la deuda ambiental no sea heredada por la ciudadanía una vez termine el proyecto.

Otro elemento importante para exigir es una Evaluación de Alternativas Reales. Un EIA serio no debe limitarse a justificar la opción escogida por el proponente. Debe incluir un análisis riguroso de alternativas de localización, tecnología y escala, incluyendo la alternativa de “no hacer nada”, como un escenario base contra el cual medir los verdaderos costos y beneficios del proyecto.

Ignorar estos requerimientos y tachar su exigencia de “burocracia” es una confesión de que se prefiere la velocidad de la inversión a la calidad de la vida.

El Derecho Ambiental: La Última Trinchera de la Razón Pública

En este contexto el Derecho Ambiental emerge no como un lujo de países desarrollados, sino como una herramienta civilizatoria esencial para la gestión de los conflictos derivados de la interacción entre la actividad humana y los límites que impone un determinado ecosistema. Sus principios, forjados en medio siglo de fracasos, crisis ecológicas y luchas sociales, representan un dique de contención contra el “loco afán” de un crecimiento a cualquier precio. No respetarlos es, sin duda, la manifestación más evidente de “incivilidad” hacia el bien común en nuestro país.

Cuando el gobierno critica la EIA y la degrada a la “permisología”, está atacando implícitamente los principios del derecho ambiental que la sustentan, entre ellos el Principio Precautorio que estipula que ante la amenaza de un daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. La desregulación que propone el gobierno invierte este principio, exigiendo certeza absoluta de daño para actuar, lo cual es una falacia en sistemas complejos.

También cabe mencionar el Principio Preventivo, que es la esencia de todo EIA. Todos sabemos que es infinitamente más barato, justo y ecológicamente sensato prevenir un daño que intentar repararlo (a menudo de forma mucho más costosa y a menudo imposible). En la última década se ha reafirmado mundialmente el Principio de Participación Ciudadana, por lo tanto calificar las observaciones de las comunidades como un estorbo revela una visión autoritaria del desarrollo. La participación, por supuesto, no es un trámite es un derecho que enriquece la evaluación con conocimiento local, legitima las decisiones y previene conflictos socioambientales que luego paralizan los proyectos por vías de hecho, ante la falta de canales institucionales efectivos.

Por último tenemos el Principio de No Regresión, que se ha constituido como el pilar de la legislación internacional que impide a los Estados debilitar o derogar los niveles de protección ambiental ya alcanzados. La agenda de desregulación impulsada por el actual gobierno, sin duda, constituye una violación flagrante de este principio, una regresión que hipoteca el futuro de las próximas generaciones. Este asunto crucial parece no estar siendo atendido ni por las autoridades de gobierno ni por sus opositores.

Por otra parte, reducir la evaluación ambiental a un mero trámite administrativo es quizás el error más grave. El proceso de evaluación no es un estorbo para la inversión; es el espacio institucional donde la promesa de empleo y regalías de un proyecto se confronta, con rigor científico y escrutinio público, con los costos sociales y ecológicos que genera. Es un foro de deliberación donde se sopesan los valores en juego. Desmantelar y reducir este espacio en nombre de la eficiencia es silenciar la razón pública y someter el interés general al interés particular del inversor de turno. Es convertir al Estado en un mero buzón de proyectos, renunciando a su función esencial de árbitro y guardián del bien común.

Concluyendo, la ofensiva contra el derecho ambiental y la evaluación técnica no es un ejercicio de simplificación administrativa, sino de anulación política. Es la manifestación de una ideología que concibe la naturaleza como un mero stock de recursos a disposición del capital, y a las comunidades como un obstáculo. En su urgencia por mostrar cifras de crecimiento, este gobierno está dispuesto a dinamitar el armazón institucional y científico que décadas de gestión ambiental, con aciertos y errores, ha logrado construir.

No necesitamos menos evaluación ambiental, sino mejor y más estratégica. Necesitamos una discusión seria, respetuosa, sobre cómo agilizar procesos dentro de la EIA, sin sacrificar el rigor, incorporando innovación tecnológica y fortalaleciendo el Servicio de Evaluación Ambiental, no castrándolo. La mediocridad no está en el funcionario que pide a los inversores un estudio hidrogeológico completo para un proyecto minero en una cabecera de cuenca; la mediocridad está en la autoridad de gobierno o en el parlamentario que, desde su ignorancia soberbia, cree que la complejidad del mundo puede ser abolida por decreto para tranquilidad de los inversionistas. El verdadero desarrollo sostenible no es el enemigo del crecimiento económico; al contrario, es la única forma inteligente y moral de crecer, asegurando que los servicios ecosistémios que hoy nos sustentan puedan seguir haciéndolo en el futuro.