La crueldad como política pública: una alternativa desde la fraternidad

En los últimos meses hemos asistido a una sucesión de propuestas legislativas que merecen ser llamadas por su nombre: la criminalización de la pobreza. Un sector de nuestra clase política ha presentado iniciativas para crear un registro de “vándalos” con pérdida de derechos sociales, convertir en delito el ingreso clandestino al país, y, en lo que tal vez sea la expresión más descarnada de esta tendencia, sancionar penalmente a quien construya un refugio precario en la calle, un “ruco”.

El problema es que no se trata de propuestas aisladas ni de excesos retóricos de campaña. Se trata de una visión coherente del mundo social, una donde la respuesta al sufrimiento humano es el castigo, donde la persona en situación de calle no es una víctima de un sistema que falló, sino un delincuente que debe ser perseguido. Donde el migrante que cruza una frontera huyendo del hambre o la violencia no merece protección, sino condena penal.

El Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, nos advertía con una claridad que no envejece: “Hay que reconocer que la ciudad genera una mezcla sin comunidad” Vivimos en sociedades que toleran la indigencia como dato estadístico pero que se indignan cuando esa indigencia se hace visible, cuando el descartado tiene la audacia de existir en el espacio público. La respuesta de estos proyectos de ley no es reducir la indigencia; es reducir su visibilidad. No es resolver el problema; es criminalizar al problema y de paso, seguir llenando las atestadas cárceles.

Francisco nos habla del “descarte” como una de las patologías más graves de nuestra época. No es una metáfora amable: es la descripción precisa de lo que ocurre cuando una sociedad decide que ciertos seres humanos, el migrante, el sin techo, el joven marginalizado, son prescindibles, molestos, peligrosos por el mero hecho de su precariedad. Cuando el legislador propone quitarle derechos sociales a quien comete una infracción, o encerrar a quien no tiene dónde dormir, está tomando partido en esa lógica del descarte. Está diciéndole al descartado: no solo no tenemos nada para ti, sino que tu existencia misma es un crimen.

Es necesario decirlo con franqueza: ninguna de estas iniciativas resuelve problema alguno. No habrá menos vandalismo porque exista un registro que prive de derechos a quien vandalizó o protesta públicamente; habrá más exclusión y más rabia acumulada. No habrá menos migración irregular porque se la persiga penalmente; habrá más personas en la clandestinidad, más vulnerables a la explotación y el abuso. No habrá menos personas en la calle porque se sancione armar un ruco; habrá las mismas personas en la calle, solo que más perseguidas, más humilladas, más lejos de cualquier red de apoyo.

Lo que sí produce esta política es un relato. Un relato que identifica al pobre como amenaza, que convierte el problema social en problema policial, y que ofrece a un electorado ansioso la ilusión de seguridad a través del castigo. Es un relato antiguo, conocido, tan ineficiente, como profundamente inhumano.

Fratelli Tutti nos propone el camino inverso: la cultura del encuentro, el reconocimiento del otro como hermano o hermana, aunque sea extranjero, aunque sea distinto, aunque incomode. “Nadie puede ignorar que muchos de sus compatriotas son pobres o están en situaciones de gran marginalidad, sin que eso lleve a la indiferencia ni a la simple constatación de los hechos”, escribe Francisco. La indiferencia ya la conocemos. Lo nuevo, y lo difícil, es la fraternidad.

Como sociedad chilena tenemos opciones reales. Podemos seguir el camino de la crueldad y abandono, de los registros y los delitos nuevos para viejas miserias. O podemos optar por la humanidad: políticas de vivienda digna, de salud mental accesible, de integración migratoria real, de rehabilitación por sobre el castigo. No es ingenuidad ni buenismo; es lo que funciona donde se intenta con seriedad.

Francisco nos recuerda que “la dignidad de cada persona humana” es el principio que no admite excepciones. No tiene excepciones para el vándalo, no las tiene para el migrante, no las tiene para quien duerme bajo un cartón en una vereda de Santiago. Esa dignidad no se suspende por decreto legislativo ni se pierde por la condición social de quien la porta.

Los que promueven estas iniciativas tienen todo el derecho a hacerlo en democracia. Y nosotros tenemos el deber de llamarlas por lo que son: una apuesta por la crueldad como política pública. Y de proponer, con la misma claridad, el único camino que conduce a una sociedad que merezca ese nombre: el de la fraternidad.