La deuda pendiente: memoria, reparación y la oportunidad que la UC no puede volver a perder

En las últimas semanas, algo se ha movido en el interior de la Universidad Católica. No es solo una reunión ni un acuerdo de comisiones: es la señal de que una comunidad universitaria —estudiantes, académicos, funcionarios, familias— ha sostenido durante décadas una exigencia que las autoridades no pudieron seguir ignorando. Esa persistencia no es menor. En un país donde la fatiga del recuerdo ha sido funcional a la impunidad, que una institución de este peso vuelva a poner la memoria en el centro de su agenda habla de una cultura interna que resistió el silencio oficial. Lo que sigue parte de ese reconocimiento: hay algo genuino en esta reapertura, y precisamente por eso merece ser leído con exigencia, no solo con alivio.

El año 1974 marcó un punto de inflexión en la historia de la Universidad Católica. La salida del cardenal Raúl Silva Henríquez de la Gran Cancillería, en medio de profundas discrepancias con las autoridades impuestas tras el golpe militar, simbolizó mucho más que una disputa institucional. Representó el quiebre de una tradición que se había consolidado durante la Reforma Universitaria de fines de los ’60, impulsada conjuntamente por el rector Fernando Castillo Velasco y el propio cardenal, y que entendía la misión universitaria como estrechamente vinculada a los desafíos sociales del país, la promoción de la dignidad humana y el compromiso con el bien común. Con esa ruptura, la institución quedó alineada con el régimen que bombardeó La Moneda, no con la Iglesia que acompañaría a las víctimas desde la Vicaría de la Solidaridad. Ambas tradiciones nacieron del mismo árbol; la dictadura las separó y esa separación todavía no ha sido resuelta.

Mientras el horror reinaba en las calles, decenas de estudiantes, funcionarios y profesores de la UC eran perseguidos, torturados, asesinados y hechos desaparecer. La universidad a la que pertenecían no les brindó apoyo alguno. No era casualidad: quien la dirigía era un almirante designado por la dictadura, parte de las mismas Fuerzas Armadas que habían bombardeado La Moneda. Terminada la dictadura, la institución tampoco asumió responsabilidad. Fue en ese vacío —ese silencio calculado— donde surgió el Colectivo de Memoria y Derechos Humanos, que hizo propia la lucha de las familias y las víctimas, levantando la memoria como resistencia frente a la impunidad.

Desde entonces, el colectivo ha sostenido un trabajo permanente en favor de la memoria, la verdad y la justicia. Entre sus principales hitos destacan la realización, en 2007, del primer acto con familiares de las víctimas de toda la universidad, mediante una misa conmemorativa; la publicación, en 2010, de un libro que reconstruyó las trayectorias de las víctimas de la comunidad universitaria, y la promoción de diversas medidas de reparación simbólica, entre ellas la instalación de memoriales y placas conmemorativas. Siguiendo esa trayectoria, en septiembre de 2025 el colectivo presentó nuevamente su petitorio de memoria y Derechos Humanos. Entre sus demandas figuraban un perdón institucional, la revisión de los honores otorgados a Jorge Swett Madge, la entrega de títulos póstumos pendientes y medidas de reconocimiento para profesores exonerados por razones políticas

El pasado viernes, en una reunión entre el Rector, la Federación de Estudiantes y el colectivo, se acordó la creación de tres comisiones para revisar el título Doctor Honoraris de Swett, la entrega de títulos póstumos pendientes y las medidas de reparación para académicos exonerados. El acuerdo representa un avance significativo en materias largamente postergadas y da cuenta de una disposición de las actuales autoridades a abordar estas demandas. Sin embargo, también es necesario hacerse la pregunta para comprender qué lo hace posible ahora, después de décadas de puertas cerradas. Y es que no es solo la voluntad personal de un rector, sino también de la acumulación de una presión sostenida que el colectivo ha liderado durante años de trabajo y movilización; el relevo generacional en la conducción institucional, y —hay que decirlo— el costo reputacional creciente de sostener sin resolución demandas de verdad, memoria y reparación que otras universidades han comenzado a abordar.

Lejos de restar valor al paso dado, este contexto lo amplifica, pues sugiere que existen condiciones para que los avances trasciendan el plano declarativo, pero también obliga a ser precisos sobre lo que está en juego. Crear comisiones es abrir una puerta; lo que ocurra al cruzarla definirá si estamos ante un cambio sustantivo o ante un gesto limitado de administración del conflicto. La diferencia entre ambas cosas no la define la intención declarada, sino la disposición a llegar a conclusiones incómodas y a actuar en consecuencia: retirar a Swett del lugar de honor que ocupa en la casa de estudios, reparar a los profesores exonerados, entregarles los títulos póstumos a las víctimas que aún los esperan.

Aquí hay algo más que una deuda administrativa. La UC fue simultáneamente cómplice y disidente durante la dictadura: su jerarquía colaboró con el régimen, pero sus estudiantes, funcionarios y parte de su cuerpo académico fueron víctimas del mismo. Y fue la Iglesia —la misma Iglesia que es gran canciller de esta universidad— la que organizó la resistencia más sistemática a la violación de derechos humanos en Chile, a través de la Vicaría de la Solidaridad. Esa Iglesia que acompañó a las víctimas y esta universidad que las abandonó comparten una misma identidad institucional. Resolver esa contradicción no es solo un acto de justicia hacia personas concretas; es una condición de coherencia para una institución que se define por valores que traicionó en sus horas más oscuras.

Si esta disposición logra traducirse en medidas concretas, podríamos estar ante uno de los avances más significativos que la Universidad Católica haya realizado en materia de verdad, justicia y reparación desde el retorno a la democracia. No solo por el alcance de las medidas en discusión, sino porque representaría una señal inequívoca de que la institución está dispuesta a enfrentar honestamente su pasado y a contribuir activamente a la reparación de quienes fueron afectados por él. Hablamos, en ese sentido, de una oportunidad histórica: el momento en que las autoridades puedan restituir parte de la paz que sus antecesores ayudaron a socavar y cuyas consecuencias continúan marcando a las víctimas, sus familias y a nuestra sociedad. Porque hay heridas que no desaparecen con el paso del tiempo; solo aprenden a convivir con él.

La democracia no se construye sobre el olvido administrado. Se construye sobre la verdad dicha y la reparación concreta. La impunidad no es neutral: normaliza la idea de que el poder puede actuar sin consecuencias, y esa normalización corroe las instituciones desde adentro.

Avanzar en estas medidas no es solo saldar una deuda con las víctimas y sus familias (aunque eso, por sí solo, sería suficiente razón). Es también contribuir a una cultura universitaria capaz de mirarse a sí misma sin evasión. Las familias lo siguen esperando. Y la memoria de los que ya no están no dejará de interpelar a esta institución hasta que la deuda sea saldada. Quizás, después de demasiados años, ha llegado el momento.