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¿Qué hay detrás del encuentro entre José Antonio Kast y Peter Thiel en La Moneda? Opinión Archivo

¿Qué hay detrás del encuentro entre José Antonio Kast y Peter Thiel en La Moneda?

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Juan Carlos Lara
Por : Juan Carlos Lara Codirector ejecutivo de Derechos Digitales.
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¿Qué se habló en La Moneda? ¿Existe algún memorándum, carta de intención o negociación en curso entre el Estado chileno y Palantir o sus filiales? ¿Bajo qué condiciones de transparencia, licitación y auditoría independiente el gobierno evalúa incorporar tecnología de este tipo?


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El pasado 8 de junio el gobierno de Kast confirmó que el presidente se reunió con Peter Thiel en La Moneda, pero se negó a revelar de qué se habló, invocando la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Que el Ejecutivo use garantías constitucionales diseñadas para proteger a la ciudadanía frente al poder estatal para blindar la opacidad de una reunión presidencial con el dueño de la mayor empresa de vigilancia de datos del planeta, es alarmante y lesiona los principios de transparencia democrática.

La reunión con Kast no es un evento aislado. Entre abril y mayo de 2026 Thiel se reunió también con Milei en Buenos Aires, con el presidente Peña en Asunción, además de figuras como José Piñera y con Johannes Kaiser en Santiago de Chile. Los gobiernos que reciben a Thiel tienen en común una afinidad ideológica que considera las instituciones democráticas, el pluralismo y los contrapesos normativos más como un obstáculo burocrático que como una garantía para las libertades individuales. El propio Thiel ha declarado públicamente, en un ensayo del año 2009, que cree que la libertad y la democracia son incompatibles.

Peter Thiel no es solo un inversionista excéntrico, sino también cofundador y parte del directorio de Palantir Technologies, una empresa que provee infraestructura de análisis de datos e inteligencia a los principales ejércitos y agencias de espionaje del mundo. Su CEO, Alex Karp, publicó en 2025 un libro convertido hace pocas semanas en manifiesto de Palantir, que reivindica el “poder duro” y el rol de Silicon Valley en construir armas informáticas de IA, reforzando el poder estadounidense. Así, reunirse con jefes de Estado se muestra como lobby geopolítico.

Esta corporación tecnológica ya tiene presencia concreta en la región. El caso más avanzado es Ecuador: en mayo de 2025, el gobierno de Noboa firmó un contrato corporativo cuyo contenido fue declarado confidencial. Sin licitación pública, sin transparencia ciudadana y con una total dependencia tecnológica instalada, como parte del modelo de negocio cerrado que Palantir exporta activamente. En Argentina, el último día de 2025, también se reformó vía decreto la Ley de Inteligencia, reforma estructural que creó una agencia de ciberinteligencia y habilitó el cruce masivo de bases de datos personales. No hay un contrato con Palantir confirmado aún, pero el marco normativo nacional está construido exactamente a su medida.

El riesgo para Chile no es hipotético. Palantir registró su marca en INAPI en 2022. El gobierno de Kast ha convertido la “seguridad digital” en una prioridad, con el Plan Nacional de Entornos Digitales Seguros y una agenda de vigilancia que incluye un “registro de vándalos” y el uso predictivo de IA con fines de seguridad pública.

Chile está a pocos meses de que entre en plena vigencia la renovada Ley 21.719 de Protección de Datos Personales (diciembre 2026). Sin embargo, el proyecto de ley de IA en tramitación excluye expresamente los sistemas de defensa nacional de su ámbito de aplicación. Esa exclusión sectorial, combinada con la opacidad de la reunión Kast-Thiel, es una puerta trasera deliberada en el momento en que más se necesita una regulación estricta y protectora.

Lo que está en juego no es si Thiel invierte en minería o en desarrollo tecnológico. Es si los Estados latinoamericanos van a construir su infraestructura digital sobre plataformas cerradas en manos de actores que desprecian la democracia y que en Estados Unidos ya facilitan la deportación masiva de migrantes. Una vez instalada esa infraestructura de control, desmantelarla es casi imposible.

Las preguntas que nos hacemos son simples: ¿Qué se habló en La Moneda? ¿Existe algún memorándum, carta de intención o negociación en curso entre el Estado chileno y Palantir o sus filiales? ¿Bajo qué condiciones de transparencia, licitación y auditoría independiente el gobierno evalúa incorporar tecnología de este tipo? La sociedad civil no puede exigir rendición de cuentas sobre acuerdos opacos que no sabe que existen.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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