¿Será Chile el próximo narcoestado?

Las últimas semanas han estado marcadas por una discusión aparentemente técnica: si el Estado debe o no contar con mayores facultades para acceder a información bancaria en investigaciones relacionadas con crimen organizado.

La controversia sobre el secreto bancario, las investigaciones recientes sobre lavado de activos y la creciente preocupación por la infiltración de organizaciones criminales en mercados legales han devuelto este tema al centro del debate público.

Sin embargo, la cuestión de fondo probablemente no sea la que estamos discutiendo.

Durante siglos, los Estados desarrollaron instrumentos para saber quién posee qué, quién controla qué y quién responde por qué. La democracia moderna se edificó sobre esa infraestructura de legibilidad. De allí que la discusión actual no gire únicamente en torno a la privacidad financiera. También involucra la aptitud del Estado para comprender los procesos económicos que pretende gobernar.

La cuestión decisiva no es cuánto sabe el Estado sobre los ciudadanos, sino cuánto puede dejar de comprender sin comenzar a perder margen efectivo de gobierno.

Cuando se habla de narcoestado suele pensarse en policías capturados, autoridades corruptas, carteles que desafían abiertamente al gobierno o territorios fuera de control. La experiencia internacional muestra, sin embargo, que los procesos de deterioro institucional rara vez comienzan de esa manera.

Antes de aparecer en las calles, suelen desarrollarse en los balances. Y antes de expresarse mediante violencia, suelen hacerlo mediante opacidad.

Así, la pregunta relevante para Chile quizás no sea si corre el riesgo de convertirse en un narcoestado. La cuestión más útil es si están emergiendo espacios donde seguir la trayectoria de los activos se vuelve crecientemente difícil y donde las herramientas públicas para determinar quién ejerce control sobre determinados recursos comienzan a deteriorarse.

Son zonas marrones financieras: espacios donde la propiedad sigue existiendo, pero donde esclarecer quién controla, quién se beneficia y quién responde se vuelve progresivamente más complejo.

Nunca antes los Estados dispusieron de tantos datos y, al mismo tiempo, resultó tan difícil convertirlos en una imagen coherente de los procesos patrimoniales que intentan supervisar.

Las grandes operaciones de lavado de activos contemporáneas rara vez dependen de una cuenta bancaria secreta. Operan mediante estructuras societarias complejas, beneficiarios finales difíciles de rastrear, activos inmobiliarios y múltiples capas de intermediación jurídica y financiera.

Conviene precisar algo: la posibilidad de reconstruir trayectorias patrimoniales no equivale a responsabilidad penal. Ninguna democracia puede sacrificar debido proceso, presunción de inocencia o control judicial en nombre de la eficacia. El desafío consiste en compatibilizar garantías con la posibilidad de seguir la trayectoria de activos y patrimonios complejos, precisamente porque la discusión no debería reducirse a una falsa elección entre privacidad y persecución.

Existe una opacidad legítima. Los ciudadanos tienen derecho a la privacidad de sus decisiones económicas. Las empresas requieren espacios razonables de confidencialidad y los mercados necesitan resguardar información estratégica. Una sociedad completamente transparente sería incompatible con la libertad.

Existe, sin embargo, otra forma de opacidad: aquella que dificulta responder preguntas elementales para cualquier democracia moderna. ¿Quién controla? ¿Quién decide? ¿Quién se beneficia? ¿Quién responde?

Las democracias no sólo necesitan limitar el poder del Estado. También requieren niveles mínimos de transparencia institucional que permitan identificar quién controla recursos económicos relevantes. Cuando determinados actores adquieren una ventaja persistente para ocultar la estructura de sus activos, relaciones y beneficios, la opacidad deja de ser una garantía de libertad y comienza a transformarse en una fuente de poder.

El verdadero problema aparece cuando resulta extraordinariamente difícil establecer quién controla determinados activos, quién financia determinadas operaciones o quién se beneficia finalmente de ellas. Cuando eso ocurre, la opacidad deja de ser una cuestión privada y comienza a afectar la posibilidad colectiva de descifrar cómo se distribuye el poder económico.

La experiencia de países como Reino Unido, Estados Unidos o Italia apunta en la misma dirección. Las reformas orientadas a transparentar beneficiarios finales y estructuras societarias no surgieron principalmente para aumentar condenas penales. Surgieron porque los Estados comenzaron a advertir una dificultad más básica: determinar quién ejercía efectivamente control sobre recursos económicos relevantes. Se trataba, en última instancia, de una cuestión de gobierno.

Porque ninguna autoridad pública puede regular aquello que no logra identificar, del mismo modo que un sistema tributario difícilmente puede fiscalizar lo que no consigue reconstruir. Los mercados tampoco funcionan adecuadamente cuando resulta imposible identificar quién controla efectivamente determinados activos.

La fortaleza de una economía moderna no depende únicamente de cuánto capital acumula. Depende también de su capacidad para reconstruir de manera confiable la historia de ese capital.

Durante siglos, los registros de propiedad, la contabilidad, los catastros y los sistemas financieros cumplieron precisamente esa función. Permitieron transformar relaciones económicas complejas en historias patrimoniales verificables. Hicieron posible saber quién posee qué, cómo llegó a poseerlo y quién responde por sus consecuencias jurídicas.

Cuando esa capacidad se debilita, las consecuencias trascienden ampliamente la persecución penal. También se resienten la capacidad tributaria, la supervisión financiera, la prevención de conflictos de interés, el control de la corrupción y la posibilidad misma de atribuir responsabilidades de manera efectiva.

En la discusión sobre secreto bancario suele preguntarse cuánto debe ver el Estado, pero la pregunta decisiva es otra: cuánto puede dejar de comprender sin dejar de gobernar.

Las democracias no solo dependen de elecciones libres o tribunales independientes. También descansan sobre la posibilidad de saber dónde reside el poder económico y quién responde por él.

Cuando esa capacidad se debilita, la soberanía no desaparece. Simplemente comienza a desplazarse y la historia muestra que las sociedades suelen advertir ese desplazamiento cuando ya lleva bastante tiempo ocurriendo.