Jaime Lavín: “Nos preocupa que los recursos no se destinen a soluciones reales”

Jaime Lavín no pasa inadvertido. Mide más de un metro 90. Es robusto, pálido y tiene unos profundos ojos azules. Es renuente a sonreír, pero es elocuente al responder de la materia que mejor conoce y más lo motiva: las personas en situación de calle. 

Lo vimos tomando en brazos a un hombre que dormía sobre una colchoneta húmeda y maloliente, mientras el cielo se desfondaba sobre Santiago hace unas cuantas semanas. Andábamos en un operativo que apuntaba a llevar a tres hombres especialmente frágiles a un albergue en medio del temporal. En uno de los puntos, se sumó su jefa, María Jesús Wulf. Economista de formación, con un paso por el Hogar de Cristo en los años previos a la pandemia, donde estuvo a cargo de los servicios sociales en la Región Metropolitana, hoy Jaime Lavín es el jefe de la Oficina Nacional de Calle, dispositivo que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

Desde allí es probablemente la voz más adecuada para responder sobre cómo operaron los dispositivos de emergencia para ayudar a esta población. Qué utilidad tienen, cuán cortos o largos se quedan y cuál es la real solución a un problema que abruma a los alcaldes. 

Son varias las autoridades comunales que buscan seguridad, orden, limpieza, y que la han emprendido contra este grupo poblacional que encarna la más cruda de las pobrezas, desalojando rucos, incluso en plena emergencia climática. 

De eso también le preguntamos. 

—Si hablamos de botar plata, hemos visto esa acción súper populista de muchos alcaldes que desalojan rucos en grandes operativos, que logran limpiar un lugar para que al día siguiente las personas estén en otro. ¿Qué medida propone el Ministerio de Desarrollo Social para que los alcaldes no gasten la plata en algo tan inútil y la destinen a soluciones más humanas y definitivas? 

—Tomando el guante de lo que reportan muchos alcaldes, es evidente que hay problemas de convivencia, de relacionamiento, de uso de suelo, de seguridad involucrados en esto. Por eso lo que estamos haciendo es tomar las mejores prácticas de comunas de Santiago y de regiones y consolidarlas y compartirlas. Así, por ejemplo, existe un protocolo para el levantamiento de rucos, que nació en 2017, en el Hogar de Cristo. 

Afirma que contiene recomendaciones que deben considerarse. Y anuncia que en los próximos días saldrá un documento que oriente el actuar de los alcaldes en la materia. 

—Lo primero es que la comuna debe tener mapeados a sus vecinos en situación de calle. ¿Quiénes son? ¿Cuál y cómo es su ruco? ¿Qué edad tienen? ¿Qué problemas de salud acarrean? Eso permite poder trabajar cada caso. 

Afirma que también es importante saber la ubicación de los rucos o conjuntos de rucos. Es muy distinto tener uno al lado de un jardín infantil que uno en un sitio eriazo, recalca.

—En esos casos, lo que recomendamos es conocer cuáles son los puntos críticos, los lugares donde no deben estar, como el ejemplo del jardín infantil. En esos casos, se debe  organizar desalojos planificados, involucrando a las personas. Esto se hace definiendo un plazo, ofreciendo alternativas dentro de la oferta estatal, visitando a la persona en los días previos, reiterándole que el ruco será removido y ayudándola a que saque sus pertenencias. Hacerlo así protege sus objetos personales, su documentación, sus remedios. 

Hace notar que varias de esas escasas pertenencias, como las medicinas, son financiadas por el Estado y los municipios. Y que, en los desalojos intempestivos, el camión de la basura se las lleva sin ninguna consideración. 

Cuánta plata hay involucrada en estos operativos es una zona oscura y enorme, donde nadie conoce el monto real. Jaime Lavín comenta: 

—Escuchábamos el otro día al capellán del Hogar de Cristo, José Francisco Yuraszeck, hablar de unos 6 mil millones de pesos gastados en esto en la Región Metropolitana. También sabemos que Juntos por la Calle está haciendo una investigación sobre el tema y que la van a presentar a fines de septiembre, comienzos de octubre. 

—En definitiva, ¿qué dice el Estado de este desperdicio de plata?

—Obviamente, como Estado nos preocupa mucho que se haga un uso poco eficiente de los recursos y no los destinemos a soluciones reales, así como a saber qué está pasando con las personas en situación de calle. El otro punto incluso más relevante es que normalmente en las comunas y en los distintos territorios operan distintos programas para este grupo que no tienen conexión entre ellos.

Experiencia piloto en curso 

En comunas como Santiago o Estación Central, por ejemplo, pueden funcionar ocho o nueve instituciones con programas específicos para personas en situación de calle: centros de día, albergues, rutas, Vivienda Primero, casas compartidas, programas para jóvenes. Pero no necesariamente existe una conexión entre ellos.

—¿Qué proponen para cambiar eso?

—Hacer un cambio en toda la política de calle, de modo que podamos administrar la oferta desde el territorio. Que sea la comuna la que defina qué necesita, cuál es la oferta que va a estar disponible y cómo se gestionan los cupos.

La idea, explica, es que los municipios puedan administrar los cupos de alojamiento, tratamiento y otras prestaciones, pero siempre poniendo a la persona en el centro.

—Es un cambio bien relevante. Queremos pasar de una lógica en que los programas buscan meter a la gente adentro a otra en que se gestione cada caso. Que se vea cuáles son las necesidades de una persona y, a partir de eso, se monte la oferta que requiere.

El modelo comenzará a probarse en Independencia y Renca, dos comunas escogidas, dice Jaime Lavín, precisamente porque tienen características distintas —incluso los alcaldes son de signo político opuesto—. Eso permite darle al piloto una mirada transversal. La intención es que participen los municipios, las organizaciones de la sociedad civil y los distintos programas que operan en el territorio.

—¿Cuándo podrán saber si funciona?

—El piloto parte en octubre y queremos evaluarlo hasta abril del próximo año. Después, durante 2027, esperamos incorporar nuevos municipios. La idea es que entre 2027 y 2028 podamos tener una oferta montada de esta manera.

No significa, advierte, abandonar los dispositivos de emergencia. Al contrario. Habrá una oferta permanente y otra destinada a situaciones extraordinarias, como el temporal que acabamos de vivir en varias regiones del país.

—Es necesario tener rutas, albergues, Código Azul y una serie de otras ofertas de emergencia.

50 mil personas a la intemperie

Jaime Lavín asegura que este año se llegó al número más alto de camas y dispositivos para personas en situación de calle. “Estamos cerca de las 2.400 camas, cuando normalmente son 2.000”.

Durante el temporal, sin embargo, hubo albergues que se saturaron. La respuesta fue habilitar sobrecupos y abrir nuevos espacios.

—Cada albergue alojó dos o tres personas más y se abrieron más de 20 albergues de emergencia en todo el país. En la Región Metropolitana fueron 14. Algunos funcionaron durante 15 días y otros durante 30, dependiendo de las condiciones climáticas.

También se amplió la activación del Código Azul. Hasta ahora se aplicaba principalmente considerando temperaturas bajo los cinco grados y precipitaciones. Esta vez, frente a la alerta preventiva decretada por el Ministerio del Interior, se utilizó también como mecanismo para salir a buscar y proteger a las personas que estaban a la intemperie.

Pero el número de camas disponibles no responde a la magnitud del problema. Además. tampoco existe claridad absoluta sobre cuántas personas viven en calle.

El último catastro específico de la Región Metropolitana, recuerda Jaime Lavín, data de 2008. El Censo de 2024 entregó nueva información, pero la situación de calle tiene una particularidad: no es estática. Y los catastros son una foto. 

—Las personas se van moviendo. No están siempre en el mismo punto donde uno las busca.

Por eso, explica, el Ministerio prefiere mirar el fenómeno como un flujo y observar durante un año los distintos puntos de contacto que las personas tienen con los programas.

Hay, sin embargo, dos cifras que permiten aproximarse a la magnitud del fenómeno. El Registro Social de Hogares identifica actualmente a unas 21 mil o 22 mil personas en situación de calle. Pero si se consideran todas las personas distintas que pasaron por programas ministeriales durante 2025, la cifra se acerca a las 50 mil. “Ese número es mucho más cercano a la realidad”, afirma. 

La diferencia entre ambas cifras es de un 50 por ciento. Pero ambas sirven. Una permite saber cuántas personas están registradas y conocer aspectos de su perfil. La otra muestra cuántas han tenido contacto con la red durante un año.

—Necesitamos aproximar estos dos mundos. Saber dónde está la mayor población en calle, dónde existe mayor riesgo y cómo son esas personas. Eso nos permite focalizar mejor los albergues, las rutas y los programas de superación.

¿Por qué no quieres ir a un albergue?

Durante el temporal salimos juntos a terreno. Buscábamos a personas particularmente frágiles para trasladarlas a un albergue. Algunas aceptaron. Otras no. Es una escena que se repite con frecuencia y que alimenta una de las ideas más instaladas sobre quienes viven en calle: que, si no quieren ir a un albergue, es porque prefieren seguir allí.

Jaime Lavín discrepa. “Cuesta convencer a alguien que vive en calle de que vaya a un albergue. Pero ahí las rutas calle cumplen un papel fundamental”.

Las rutas son circuitos conocidos que los trabajadores sociales recorren para visitar a quienes no llegan a los albergues, que son la mayoría. Les llevan alimentos, abrigo y otras prestaciones, pero su función, va mucho más allá de la asistencia.

—La ruta nos permite acercar a las personas a la red social, a las distintas prestaciones y apoyos. Si nosotros no llegamos, por ejemplo, debajo de un puente en Carrascal donde hay personas que no quieren acercarse a un albergue, es muy probable que esas personas queden invisibilizadas.

La comida caliente o el abrigo son, en ese sentido, una puerta de entrada, “una excusa para poder trabajar socialmente con esa persona”.

Uno de los hombres a los que intentamos convencer para que se subiera al vehículo en que lo llevaríamos al albergue ese viernes que hicimos ruta calle juntos estaba en silla de ruedas. No tenía ninguna de sus dos piernas. Mientras la lluvia caía con fuerza, inventaba distintas razones para no irse con nosotros: que esperaba a su familia, que tenía que hacer otra cosa, que volviéramos en media hora.

—¿Qué hay detrás de esa negativa?

—Múltiples factores. No existe una única causa. Las personas llegan a la calle por distintas razones. Pero hay un elemento que se repite: el quiebre de los vínculos familiares. Por lo general, la situación de calle comienza por un quiebre familiar. Después pueden aparecer otras cosas: una depresión, un consumo, una patología dual. Esos factores pueden acrecentar la situación de calle y hacer que la persona permanezca más tiempo en ella.

Por eso el vínculo que construyen las rutas resulta tan importante. 

Ese viernes en que recorrimos Recoleta, Renca y Estación Central, concordamos en que era contraproducente que todos nos acercáramos a argumentar con las personas para convencerlos de las ventajas del albergue. 

—Si nosotros estuviéramos en calle, probablemente nos pasaría lo mismo. No sirve que quince personas bien intencionadas lleguen y traten de razonar contigo para que te me vayas a un albergue. En cambio, una persona que participa de una ruta y que te ha visitado durante dos meses, tres veces por semana, que sabe tu nombre, conoce tu historia y ha construido una relación contigo, sí puede motivarte a hacer un cambio.

Por eso, insiste, la ruta no es simple asistencialismo. “Es un trabajo social con quienes están más allá de la frontera normal de la sociedad. Necesitamos llegar hasta ellos, motivarlos, conquistarlos y trabajar con otros procesos”.

Después de la tormenta

Las rutas pueden acercar, los albergues proteger y el Código Azul salvar vidas. Pero ninguna de esas herramientas constituye una salida definitiva de la calle.

—El programa social para esta población más exitoso es, sin duda, Vivienda Primero. ¿Qué actitud tiene hoy el gobierno frente a este programa? ¿Lo mantendrán?

Lavín asegura que tanto la ministra como su equipo lo valoran y que se ha revisado durante estos primeros meses de la nueva administración. También busca desmontar algunos de los prejuicios que existen en torno al programa. “Había un mito de que Vivienda Primero era una especie de saltarse la fila y que se le entregaba una casa propia a una serie de personas. Nada de eso es cierto”.

El programa funciona de manera similar a un subsidio de vivienda y contempla un acompañamiento social, dice Jaime Lavín. Y agrega:

—La vivienda sí es la solución, pero es la vivienda con acompañamiento psicosocial. No es solo la vivienda.

Ese es precisamente el cambio de paradigma que propone Vivienda Primero: no exigirle pruebas de buena conducta y la vivienda al final del proceso como un premio a la persona en calle. 

—No es necesario que la persona vaya subiendo escalones y cumpliendo metas para poder llegar a una vivienda. No tiene que demostrar que dejó el alcohol o las drogas. Primero le pongo un techo. Después de tener ese techo, obtiene una seguridad básica y desde allí y con apoyo se puede trabajar el resto.

La fórmula nació en Estados Unidos en los años 90 y rompió con la llamada “teoría de la escalera”, según la cual las personas debían cumplir una serie de etapas antes de acceder a una vivienda.

En Chile, el modelo adquirió características propias. Por razones de recursos, se implementó para dos personas que comparten espacios comunes, como cocina y comedor, pero mantienen habitaciones y baños independientes. “En Estados Unidos eran viviendas unipersonales. Pero acá hay aspectos culturales. El latino tiene mucho vínculo. Es más fácil relacionarse con otro y apoyarse en el proceso en vez de estar solo”.

El programa comenzó a pilotearse en Chile entre 2018 y 2019, con Hogar de Cristo, y se focalizó en adultos mayores. La razón es brutalmente sencilla: la calle envejece.

—Por lo general consideramos adulto mayor a una persona de más de 50 años cuando tiene trayectoria en calle. El deterioro que produce vivir en calle es enorme. Te suma como 15 años.

Vivienda Primero no solo parece una solución más humana. También es una solución más eficiente para el Estado.

—Una persona en Chile que está presa cuesta alrededor de 39 mil pesos diarios. Una persona en Vivienda Primero está entre los 20 y 22 mil. No quiero comparar a una persona presa con una persona en calle, sino mostrar que no es un programa social tan caro.

Y cuando se compara con los costos asociados a hospitalizaciones, problemas de salud y otras prestaciones que requieren las personas que permanecen en calle, sostiene, el resultado es todavía más claro. “Vivienda Primero incluso puede salir más barato que un albergue, dependiendo de la zona y de otras características. Es un programa absolutamente costo-efectivo.

—¿Qué has aprendido después de tanto tiempo de trabajar con personas en situación de calle? 

—He aprendido que un leve gesto, o simplemente estar ahí, volver y volver, hace que se cree un vínculo y una confianza. Y muchas veces las personas no solo quieren, sino que pueden hacer pequeños cambios internos y dejar la calle.

También rescata el aprendizaje que le ha dejado Vivienda Primero. “Debemos ver cómo implementarlo en más ciudades”. Y regresa a una idea que está en todos los que conocen la problemática social chilena. 

—Es necesario trabajar de una manera común, no solamente desde una institución. Necesitamos una fuente de información única, una plataforma que permita que distintas instituciones, incluso en un municipio alejado, sepan qué se está haciendo con una persona, cuáles son sus necesidades y qué requiere para poder salir adelante.