Castigar la incivilidad de manera pareja, justa y proporcional

Cuando el gobierno anunció las primeras intenciones de crear un registro para frenar el vandalismo, muchos alcaldes y alcaldesas vimos una señal de que, por fin, la incivilidad sería tratada como un problema serio de convivencia y seguridad. Sin embargo, ahora que conocemos el texto definitivo del proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, la preocupación ha destruido la expectativa. El diseño final no solo profundiza las desigualdades de nuestro sistema, sino que introduce un nivel de desproporcionalidad y un punitivismo ciego que terminará dañando el tejido social donde más se necesita apoyo.

Quienes estamos a cargo de gobiernos locales sabemos que los rayados, la destrucción de mobiliario urbano, los microbasurales y el vandalismo cotidiano degradan los barrios y alimentan la sensación de abandono. Pero la ley debe ser pareja y, sobre todo, sensata.

El proyecto ingresado establece que el Servicio de Registro Civil administrará este listado y que cualquier ciudadano podrá consultar hasta cinco veces al año si un vecino está en él. Las sanciones principales no son solo advertencias: implican la pérdida o suspensión por cinco años de beneficios tan fundamentales como la Gratuidad en la educación superior y la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Aquí es donde la desproporcionalidad se vuelve alarmante. Si un joven de una comuna acomodada comete una incivilidad tras una noche de fiesta, el castigo no alterará su futuro universitario, porque su familia probablemente puede costear su carrera. Ahora, si el mismo error lo comete un joven de una comuna popular, la pérdida de la gratuidad destruye su única oportunidad de movilidad social. ¿Es proporcional condenar a la exclusión educativa a un joven por un rayado? ¿Es justo quitarle el sustento básico a un adulto mayor por una falta administrativa? Esto no es igualdad ante la ley; es un sesgo socioeconómico disfrazado de severidad.

El absurdo de castigar la solidaridad comunitaria

Uno de los puntos más peligrosos del proyecto radica en que encomienda a los Juzgados de Policía Local, que administrativamente dependen de los municipios, la inscripción en el registro por “incivilidades” de su competencia. Al meter en el mismo saco actos vandálicos e infracciones a ordenanzas locales, la ley persigue herramientas históricas de la cultura popular chilena, incluyendo la organización de bingos y loterías comunitarias.

En sectores vulnerables, donde la ausencia del Estado se padece, un bingo solidario es uno de los pocos mecanismos que tienen los vecinos para costear la operación de un niño con cáncer, comprar una silla de ruedas o reparar la techumbre de una sede vecinal. Al no contar con los permisos administrativos correspondientes, estas actividades caerían técnicamente en la ilegalidad y serían sancionadas por los Juzgados de Policía Local.

Considerando la redacción actual de la ley, una dirigente social que organiza una lotería para ayudar a un vecino enfermo podría terminar inscrita en el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. El castigo por ejercer la solidaridad comunitaria sería perder sus propios subsidios o apoyos estatales. El absurdo es total: el Estado criminaliza las redes de supervivencia que la misma gente pobre ha tenido que construir ante el abandono institucional.

La falacia del castigo ciego: una pésima señal para la reinserción

El proyecto asume que la exclusión y la humillación pública generarán un efecto disuasivo respecto de las prácticas que condena. El acceso de cualquier particular al registro pareciera suponer el éxito de tal mecanismo. Sin embargo, la evidencia científica y estadística en el campo de la criminología sugieren exactamente lo contrario. El “castigo universal” y la marginación económica no rehabilitan, sino que perpetúan la reincidencia.

Múltiples estudios sobre sistemas penales y administrativos indican que, cuando las sanciones se limitan a estrangular económicamente a un infractor (bloqueando su acceso al estudio o al trabajo), las tasas de reincidencia en conductas disruptivas superan el 50% en los primeros tres años.

Así lo ha planteado en varias de sus publicaciones el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. En sus evaluaciones sobre programas de reinserción y penas restrictivas, el CESC ha establecido que los sistemas que solo castigan, segregan o vigilan (sin componentes socioeducativos o comunitarios) muestran tasas de reincidencia que rondan o superan el 40% o 50% en el corto plazo.

Al quitar la gratuidad a un estudiante o estigmatizarlo públicamente, se le cierra la puerta de entrada a la sociedad formal. Una política pública que quita a ciertos jóvenes el acceso a las aulas inevitablemente empuja a los individuos a regresar a la calle y al circuito delictual.

El proyecto enciende las alertas al eliminar de raíz cualquier mecanismo claro de justicia restaurativa. El escenario se agrava al notar que no contempla incentivos para el cambio,  programas de apoyo ni vías de rehabilitación. Lo anterior supone una lógica de “cancelación estatal” que asume que las personas no pueden enmendar sus conductas y que dinamita el único puente que tienen los infractores para integrarse sanamente a la sociedad.

Recursos mal enfocados

El informe financiero del proyecto revela que el Estado gastará $1.362 millones de pesos solo en su primer año de implementación, y más de $333 millones anuales en régimen, principalmente para levantar la infraestructura informática del Registro Civil e interconectar ministerios para aplicar los bloqueos de beneficios. Mientras, las municipalidades seguimos mendigando recursos para luminarias, cámaras de vigilancia, atención primaria de salud y equipos de prevención comunitaria.

¿La implementación del proyecto corresponde a un uso razonable de los recursos públicos? Los mismos millones invertidos en un software de delación y castigo tendrían un impacto infinitamente superior si se transfirieran directamente a los municipios para recuperar plazas, iluminar paraderos oscuros y financiar programas de mediación comunitaria y empleo juvenil. La prevención y la intervención temprana reducen la incivilidad, mientras un registro computacional como el contemplado por el proyecto solo toma nota del daño cuando ya es demasiado tarde.

La justicia debe ser ciega, no selectiva

Chile necesita recuperar la cultura del cuidado de lo común. No podemos normalizar que se destruya un paradero o se vandalice el Metro. A pesar de esto, la respuesta estatal no puede basarse en reproducir desigualdades, castigar la pobreza y asfixiar la solidaridad de los barrios.

El principio a implementar es simple: misma conducta, misma responsabilidad. Su implementación debe incluir sanciones proporcionales a la falta, orientadas a la reparación efectiva del daño a la comunidad (como el trabajo comunitario obligatorio) y con un foco estricto en la reinserción.

Si el gobierno está dispuesto a corregir el rumbo, a sacar a los bingos vecinales de la mira de los castigos y a sustituir la pérdida de derechos sociales por medidas restaurativas, los municipios seremos los primeros en apoyar. Ahora bien, no podemos respaldar una ley que utiliza el Registro Social de Hogares para decidir a quién arruinarle la vida y a quién dejar impune.

La justicia debe ser ciega, y este proyecto tiene los ojos bien abiertos, mirando con una preocupante obsesión a los sectores más vulnerables, fomentando la marginalidad, la exclusión y la criminalización de la pobreza.