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Foto: AgenciaUNO
Delegado de Kast en Chañaral bajo la lupa: Contraloría acredita ocupación ilegal de terreno fiscal
El ente fiscalizador acreditó que Sebastián Urrejola mantiene desde hace 16 años una ocupación ilegal de 1.000 m² en Portofino y advirtió un conflicto de interés: entre sus propias atribuciones está impedir ese tipo de ocupaciones y exigir la restitución de bienes fiscales.
La Contraloría Regional de Atacama acreditó que el delegado presidencial provincial de Chañaral, Sebastián Urrejola Aranda, mantiene una ocupación ilegal de un inmueble fiscal en el sector de Portofino y ordenó a la Subsecretaría del Interior iniciar un procedimiento disciplinario para establecer su responsabilidad administrativa.
El pronunciamiento, fechado el 7 de agosto, es especialmente severo con la autoridad: concluye que la ocupación infringe el principio de probidad administrativa y advierte un conflicto de interés, porque entre las atribuciones legales del propio delegado está precisamente vigilar los bienes del Estado, impedir su ocupación ilegal y exigir administrativamente su restitución. La Subsecretaría deberá informar a Contraloría sobre el inicio del procedimiento dentro de 10 días hábiles.
Instaló construcción de material ligero
El caso se originó en una denuncia reservada que apuntaba a que Urrejola utilizaba desde hace años un terreno fiscal en Portofino, al que actualmente concurriría durante los fines de semana. Los antecedentes fueron corroborados por la Seremi de Bienes Nacionales: un catastro de 2019 ya había constatado la ocupación y una fiscalización realizada el 2 de junio de 2026 volvió a ratificarla.
Según Bienes Nacionales, Urrejola instaló en el lugar una construcción de material ligero dentro de una superficie cercada de 1.000 metros cuadrados. La repartición estimó que la ocupación se extiende por 16 años y señaló que, pese a que actualmente reside en Chañaral por sus funciones públicas, sigue frecuentando el inmueble los fines de semana.
La Seremi comunicó los antecedentes a la delegada presidencial regional de Atacama el 11 de junio y anunció el inicio del procedimiento para poner término a la ocupación ilegal, cobrar la correspondiente indemnización y fijar un plazo para la restitución voluntaria del terreno. Si aquello no ocurre, los antecedentes pueden ser remitidos al Consejo de Defensa del Estado para ejercer las acciones legales correspondientes.
Contraloría ordenó además a Bienes Nacionales informar documentadamente sobre el avance de ese proceso, incluido el cobro por la ocupación ilegal y la restitución del inmueble o, en su defecto, el eventual envío del caso al CDE.
El oficio también abordó una segunda denuncia: la contratación de Carlos Ramos Guerra como jefe de gabinete de la Delegación de Chañaral. Contraloría confirmó que presta servicios a honorarios en ese cargo, pero señaló que no pudo acreditar que esté casado con la hermana de Urrejola, como afirmaba la denuncia.
El organismo dejó, sin embargo, una prevención: si existe una relación especial entre Ramos y la hermana del delegado que pueda afectar objetivamente la imparcialidad de la autoridad, Urrejola deberá abstenerse de intervenir en actuaciones relacionadas con el jefe de gabinete.
Los registros que acompañaron la denuncia ante Contraloría
