Abandonemos la falsa disyuntiva entre crecimiento y medio ambiente

En Chile, el debate sobre crecimiento económico no puede seguir planteándose como una elección entre inversión y protección ambiental.

El crecimiento importa, al igual que la creación de empleo, pero ambos pierden legitimidad y sostenibilidad cuando se intentan conseguir debilitando las reglas que resguardan el territorio, la salud de las personas y la viabilidad futura de la propia economía.

Ese es precisamente el dilema del actual enfoque gubernamental: en lugar de mejorar la evaluación ambiental para hacerla más eficiente y seria, la presenta como un obstáculo que habría que desmontar.

En un escenario internacional incierto, con guerras, menor dinamismo económico y fuertes tensiones globales, nuestro país necesita una estrategia que combine inversión, empleo y estabilidad institucional. Sin embargo, el gobierno ha optado por instalar un discurso de urgencia que caricaturiza la regulación.

Esa forma de presentar el problema no es inocente, por el contrario reduce un sistema técnico y jurídico complejo a simple burocracia, y con ello debilita una de las pocas barreras que existen frente a decisiones apresuradas y de alto costo social y ecológico.

Cuando autoridades y parlamentarios oficialistas insisten en debilitar el derecho ambiental, deslegitiman la función preventiva del Estado y transmiten la idea de que evaluar bien un proyecto sería una exageración ideológica.

Pero un Estudio de Impacto Ambiental no es un trámite decorativo, es el mecanismo que permite determinar si una inversión puede convivir con el territorio donde se instala o si generará daños que luego pagarán las comunidades y el propio Estado.

Presentar esa evaluación como un obstáculo revela una comprensión deficiente de cómo funciona hoy la gestión ambiental. Revisar impactos sobre agua, biodiversidad, contaminación, comunidades y riesgos acumulativos no es un capricho técnico, es la condición mínima para que el crecimiento no se transforme en deterioro irreversible.

Acelerar inversiones sin ese respaldo no moderniza al país; lo expone a conflictos, judicialización, mayores costos futuros y pérdida de confianza pública.

Por eso resultan especialmente graves las señales del gobierno y algunos parlamentarios cuando descalifican las consultas ciudadanas, las observaciones de los científicos o los informes técnicos de los servicios públicos como si fueran una “tramitología infernal”. Esa mirada no solo desprecia décadas de conocimiento científico y experiencia regulatoria; también ignora que el crecimiento económico para que resulte en un verdadero desarrollo sostenible exige legitimidad científica y social.

Un proyecto que no considera a las comunidades ni evalúa bien sus impactos puede prometer empleo en el corto plazo, pero termina generando conflicto, paralización y daños difíciles de reparar.

Por qué los estudios ambientales siguen siendo indispensables

La discusión no debería centrarse en si hay que evaluar, sino en cómo evaluar mejor y con mayor capacidad estatal. Los ecosistemas sostienen agua, suelos, regulación climática, alimentos y otras bases materiales de la economía. Por eso un proyecto no puede revisarse solo en función de su rentabilidad inmediata: también debe medirse por sus efectos acumulativos, por su impacto a largo plazo y por su capacidad de operar sin destruir el entorno del que dependen otras actividades productivas y la vida cotidiana de la población.

El derecho ambiental: La última trinchera de la razón pública

El derecho ambiental cumple justamente esa función: ordenar los conflictos entre inversión, empleo, bienestar social y límites ecológicos. No es un lujo ni un freno irracional al crecimiento. Es una herramienta para evitar que las decisiones públicas queden capturadas por la presión de mostrar resultados económicos rápidos, aunque esos resultados comprometan el futuro.

Aquí aparece una de las fallas más serias del gobierno del Presidente Kast: en vez de fortalecer la institucionalidad ambiental para que entregue respuestas más rápidas y de mejor calidad, impulsa una desregulación que debilita el principio precautorio.

En la práctica, eso significa que si no existen pruebas casi absolutas del daño que se provocaría es preferible avanzar con todo para alcanzar un crecimiento cualquiera sea el costo social y ecológico.

Esta actitud es inadmisible después de cinco décadas en las que las ciencias ambientales nos han enseñado que muchas veces los efectos graves se vuelven evidentes cuando ya es demasiado tarde.

Otra falla es tratar la participación ciudadana y las observaciones territoriales como un estorbo. Esa actitud revela una visión autoritaria ajena a la democracia y desconoce que la prevención de conflictos también es una condición para invertir mejor.

Si el gobierno realmente quisiera compatibilizar crecimiento y empleo con estabilidad, debería entender que escuchar a las comunidades, incorporar conocimiento local y corregir tempranamente los proyectos no retrasa el desarrollo: lo hace más viable.

A ello se suma una tercera deficiencia: la renuncia al principio de no regresión, es decir, a la obligación de no retroceder en niveles de protección ambiental ya alcanzados.

La agenda oficial de flexibilización no solo arriesga ecosistemas y comunidades; también transmite una señal económica equivocada, porque un país que debilita sus reglas genera más incertidumbre, más controversias y peores condiciones para una inversión seria y duradera.

Reducir la evaluación ambiental a un trámite administrativo es, en ese sentido, un error político y económico. Es precisamente en esa evaluación donde se contrapesan las promesas de inversión y empleo con sus costos sociales, sanitarios y ecológicos.

Desmantelar ese espacio no trae eficiencia real: solo traslada los problemas hacia adelante y debilita la capacidad del Estado para arbitrar entre intereses privados y el bien común.

De acuerdo con estas consideraciones es posible que los inversores internacionales consideren a nuestro país como un entorno no estable ni seguro para la inversión. No obstante, el peligro persistiría dado que es altamente probable que sean los inversores locales los que sin regulaciones ambientales sólidas busquen aumentar sus ganancias en el menor tiempo posible dejando de paso, como antaño, buena parte de nuestro patrimonio natural devastado.

La ofensiva contra el derecho ambiental no representa una modernización del estado moderno chileno, sino una regresión. El problema no es querer crecer ni generar empleo, objetivos que todo país necesita; el problema es intentar hacerlo vaciando de contenido los controles que permiten distinguir entre crecimiento económico y depredación. Ese es el núcleo de la crítica a la actual conducción gubernamental 

Concluyendo, necesitamos un camino distinto, con más crecimiento económico, más y mejores empleos y mayores inversiones, pero dentro de una estrategia de sustentabilidad ambiental que no hipoteque el futuro. Eso exige agilizar procesos sin sacrificar rigor, fortalecer al Servicio de Evaluación Ambiental, elevar la calidad técnica de los proyectos y abandonar la falsa disyuntiva entre crecimiento y medio ambiente.

La equivocación fundamental del gobierno de Kast no está en priorizar únicamente la urgencia económica, sino en responder a ella con simplificaciones que debilitan la institucionalidad, trivializan la complejidad ambiental y arriesgan tanto el patrimonio natural como la estabilidad del propio crecimiento que busca alcanzar.