Chile: ¿país de clase media?

Con escasa cobertura y menor repercusión, a inicios de marzo del 2026 y días antes del traspaso de mando al nuevo gobierno, se hicieron públicos los primeros resultados de la Casen 2024, encuesta socioeconómica de hogares que se aplica cada dos años, y que debieron conocerse a mediados del 2025.

Estos resultados fueron pospuestos a la espera de que la nueva y más exigente medición de la pobreza fuera acordada por el gobierno a partir de las recomendaciones formuladas por la Comisión Experta Asesora Presidencial para la Actualización de la Línea de Pobreza, integrada por expertos y expertas representantes de diversas disciplinas y orientaciones políticas, de modo de dar plenas garantías de rigurosidad en la propuesta de actualización de la medición.

Con esta nueva medición, Chile eleva los estándares de exigencia de necesidades básicas a ser satisfechas acorde a los progresos y cambios del país y, por lo tanto, hace mucho más exigente financiar una canasta familiar de necesidades que le dé dignidad a las familias.

Es así que, con esta nueva medición, la pobreza ahora es de dos dígitos: 17,3% de la población -casi tres millones y medio de personas- vive en condiciones de pobreza.

Sin duda, siguen siendo estas personas las que, con mayor urgencia, reclaman una acción prioritaria del Estado. Y siendo aún una significativa magnitud de población, hay que valorar que, con la misma vara de medida aplicada a los datos de la Casen 2009, sea un 54% menor a la población que vivía en condiciones de pobreza 15 años atrás, cuando este índice representaba el 37,7% de los habitantes del país.

Esta reducción importante de la pobreza, sin embargo, no logra reparar el hecho de que sigue castigando con mayor dureza, al igual que hace 15 años, a niños, niñas y adolescentes, así como a mujeres, a habitantes de sectores rurales, a población indígena y, en mayor proporción ahora que antes, a inmigrantes.

Así como es de lamentar que esta evidencia de pobreza y de grupos de la sociedad especialmente afectados por esta situación no esté presente en la agenda pública, también se echa de menos que se desconozcan las condiciones de vida del resto del país.

La Casen aplicada en todo el territorio a más de 70 mil hogares es, por lejos, la encuesta más grande a nivel nacional que entrega información socioeconómica exhaustiva y representativa de todas las regiones y de sus 20 millones de habitantes.

Y los resultados públicos se remiten a tres millones y medio de personas, dejando una interrogante abierta respecto de los 16 millones y medio restantes.

A esta interrogante nos hemos abocado, analizando las bases de datos de la Casen, no solo de la más reciente del 2024, sino también la del año 2009, de modo de tener, al igual que con la pobreza, una mirada comparativa de nuestra sociedad en los últimos 15 años.

Con esas bases de datos y utilizando la metodología de la Cepal -que identifica estratos sociales a partir de múltiplos de la línea de pobreza- estamos en condiciones de mostrar la estratificación social que caracteriza la estructura social nacional, más allá de la pobreza.

Y el resultado es esclarecedor de los retos que enfrentamos como sociedad. Más allá del 17,3% de la población que vive bajo la línea de pobreza (incluido en ese segmento el 6,9% en extrema pobreza), existe un estrato bajo no pobre que representa el 28,2% de la población y un estrato medio-bajo que es el 26,5%.

Es decir, sectores que, habiendo logrado abandonar la pobreza de ingresos, viven en la vulnerabilidad propia de sus precarias condiciones socioeconómicas y que en la actualidad representan el 54,7% de los habitantes del país.

En suma, el 72% de la población se mueve entre la extrema pobreza y el estrato medio-bajo del país. En 2009, estos sectores representaban el 85,1%.

Aún si se evidencia un avance en estos 15 años, dos terceras partes de la población vive entre la peor de las exclusiones que representa la pobreza extrema y la precariedad de pertenecer al estrato medio bajo de la sociedad. En igual período, el estrato medio-medio, el sector medio propiamente tal, si bien ha crecido, solo representa el 18,8% de la población.

Con estos datos a la mano se rompe el mito de que Chile ha pasado a ser, gracias a sus éxitos en la reducción de la pobreza, un país de clase media y lo que nos caracteriza es una sociedad precarizada.

Estas vulnerabilidades que afectan a dos tercios de nuestros habitantes son explicativas de los miedos e inseguridades que acompañan las vidas de la mayor parte de nuestra sociedad y que no están presentes ni son prioridades en la agenda pública nacional. Es más, es un escenario social desconocido, innombrable y, por lo mismo, inexistente.

En medio de la discusión sobre restricciones fiscales, cuando se materializan reducciones presupuestarias y se filtran documentos que dan cuenta del cierre de programas sociales, mientras se propone legislar reducciones tributarias a los más altos ingresos y eximir del pago de contribuciones indiscriminadamente a todos los adultos mayores de 65 años, sin compensaciones en los ingresos fiscales y municipales, resulta ser que estas cifras de pobreza, vulnerabilidad y precariedad socioeconómica ya han aumentado del 72% en 2024 al 74,3% en mayo del 2026, por efectos de la inflación, que ha elevado el costo de la canasta familiar de necesidades básicas.

Mientras el debate político ante las iniciativas del gobierno pone su acento en cómo se está beneficiando al reducido segmento de mayores ingresos, esta mirada a la desigualdad que caracteriza a nuestra estructura social pone la vista en los más de 14 millones de habitantes que, a diario, transitan entre la angustia de no poder satisfacer necesidades básicas, el miedo y amenaza de recaer en pobreza, o la obligación del endeudamiento para seguir manteniendo sus hogares.