La frágil apuesta ultraliberal

La escena económica y política de estos primeros meses de gobierno encabezado por la derecha republicana merece atención.

En pocos meses se ha promovido una rebaja del impuesto corporativo de 27 a 23%, la reintegración tributaria total, garantías de invariabilidad para grandes inversiones, desregulaciones ambientales y financieras, flexibilidad laboral y recortes presupuestarios masivos y cuasi indiscriminados.

Visto en conjunto, el paquete expresa una ofensiva coherente de reordenamiento económico, fiscal y social en clave ultraliberal.

El gobierno sostiene que su objetivo es elevar el crecimiento potencial de Chile, atrapado desde hace años en torno al 2%. Esa preocupación es legítima. El país tiene un problema persistente de crecimiento, inversión y productividad. La economía perdió dinamismo, la inversión privada no despega, la productividad se estancó y el empleo formal ofrece menos oportunidades de las que requiere una sociedad de ingresos medios. Chile necesita crecer más, invertir más, innovar más y generar empleos de mejor calidad.

La dificultad comienza con el diagnóstico oficial. Para la derecha republicana y los sectores empresariales que la respaldan, la crisis de crecimiento parece explicarse casi enteramente por el costo del capital, la carga tributaria de las empresas, la rigidez laboral, la “permisología”, los estándares ambientales y la hipertrofia regulatoria del Estado.

Esa mirada empobrece el debate. El bajo crecimiento chileno también se relaciona con una matriz productiva poco sofisticada, baja inversión en investigación e innovación, formación técnica insuficiente, concentración económica, débil competencia, rezagos logísticos, informalidad, inseguridad, baja movilidad social y desconfianza institucional.

Una reforma que atiende apenas una parte del problema difícilmente resolverá el conjunto. Rebajar impuestos puede mejorar la rentabilidad de ciertos proyectos, pero la inversión depende de expectativas, demanda esperada, acceso al financiamiento, infraestructura, seguridad, trabajadores calificados, calidad regulatoria, estabilidad social y previsibilidad política.

En sectores ligados a recursos naturales pesan además los precios internacionales, el acceso al recurso, la logística, la certeza jurídica y reglas ambientales claras.

Hay aquí un punto macroeconómico elemental. La inversión es el componente más volátil de la demanda agregada y reacciona con fuerza ante la incertidumbre.

Reducir costos privados no alcanza para activar nuevos proyectos si los agentes económicos dudan de la sostenibilidad de las reglas, de la capacidad del sistema político para procesar sus diferencias y de la continuidad de las reformas más allá del ciclo electoral siguiente.

Desde esa perspectiva, un paquete de esta magnitud, impulsado sin consensos sociales suficientes y aprobado en su idea de legislar por márgenes mínimos, difícilmente producirá por sí solo un salto de inversión.

Una reforma tributaria, laboral, ambiental y financiera que exhibe una señal distributiva regresiva puede inducir espera, cautela y cobertura frente al riesgo, aún cuando mejore la rentabilidad inmediata de ciertos proyectos.

La estrechez de la votación en el Senado agrava ese problema. Que la idea de legislar haya avanzado por apenas un voto puede servir para superar una etapa del procedimiento legislativo, pero resulta insuficiente para fundar una política duradera.

Las reformas que alteran la distribución de cargas, beneficios y poder económico necesitan una legitimidad más amplia que la mera aritmética parlamentaria. La democracia permite gobernar con mayoría. Las transformaciones que afectan el pacto fiscal y social requieren consentimiento político y social suficiente para sostenerse en el tiempo.

La tributación expresa algo más que recaudación. También organiza una relación de reciprocidad entre Estado, ciudadanía y actores económicos. Un pacto fiscal define quién contribuye, quién recibe, qué bienes públicos se financian y qué obligaciones sostienen la convivencia. Cuando ese pacto se percibe sesgado en favor de quienes tienen mayor poder económico, la confianza se deteriora.

Chile llega a esta discusión con baja cohesión social, instituciones debilitadas, desigualdad persistente, endeudamiento, inseguridad y una ciudadanía atravesada por un malestar profundo.

Por eso la señal distributiva de la reforma es tan delicada. Se propone reducir impuestos progresivos, rebajar el impuesto corporativo, reintegrar plenamente el sistema tributario, otorgar invariabilidad a grandes inversiones, comprimir gasto público y relajar regulaciones relevantes para sectores de alto poder económico.

Esta secuencia instala la percepción de que la prioridad gubernamental se concentra en mejorar las condiciones de rentabilidad del gran capital, mientras amplios sectores medios y populares enfrentan empleos inseguros, servicios tensionados, alzas cotidianas, endeudamiento y sensación de abandono.

La ciudadanía interpreta ese orden de prioridades como una señal sobre la orientación real del poder.

El problema es, además, fiscal y macroeconómico. Si las rebajas tributarias carecen de fuentes de financiamiento suficientes, la promesa de crecimiento futuro empieza a reemplazar una compensación presente.

Un déficit prolongado puede elevar la deuda pública, aumentar el riesgo país, encarecer el financiamiento del Estado, de las empresas y de los hogares, y tensionar la política monetaria si afecta la credibilidad macroeconómica o presiona las expectativas.

Una reforma tributaria seria no debería descansar en la esperanza de que sus efectos dinámicos compensen por sí solos la pérdida inicial de ingresos.

El gobierno actúa como si Chile hubiera regresado a un momento anterior al estallido social, a la crisis de representación y a la caída de confianza en partidos, Congreso, empresas e instituciones. Esa lectura desconoce que las razones sociales del malestar permanecen abiertas.

Una reforma de mercado en una sociedad cohesionada tiene un significado. La misma reforma en una sociedad fracturada y desconfiada puede transformarse en símbolo de abuso reiterado.

Chile requiere una agenda seria de productividad. Esa agenda debería simplificar permisos con instituciones más capaces, fortalecer competencia, innovación, formación técnica, infraestructura, seguridad, digitalización, ciencia aplicada, financiamiento para pymes y capacidades estatales.

También debería modernizar el mercado laboral con protección y diálogo social, y ordenar el sistema financiero combinando innovación con supervisión robusta.

La apuesta ultraliberal puede fracasar incluso bajo sus propios criterios. Busca estimular inversión, pero puede aumentar la incertidumbre que la inhibe. Promete crecimiento, pero puede debilitar la legitimidad social, la responsabilidad fiscal y las capacidades públicas que lo hacen posible. Una reforma puede aprobarse en el Congreso y fracasar en la sociedad. Ningún crecimiento duradero se construye contra la sociedad.

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