Incivilidades ABC1

En 1995 la filósofa Adela Cortina necesitó inventar una palabra porque las que había no le servían: aporofobia.

No es rechazo al extranjero —eso es xenofobia— ni al color de piel —eso es racismo—. Es el rechazo al pobre, simplemente porque no tiene nada que ofrecer a cambio.

A nadie le incomoda el inmigrante que llega a comprar departamentos en Vitacura. El problema empieza cuando llega con las manos vacías.

El Registro único de vándalos que anunció Kast en su Cuenta Pública es casi un caso de estudio de esta actitud. Sanciona el rayado de un paradero, la evasión del Metro, el copete en la calle. No menciona la colusión de las farmacias, las boletas ideológicamente falsas ni al jefe que humilla a un subalterno.

Las penas —pérdida de la gratuidad, suspensión de la PGU— solo le duelen a quien necesita esos beneficios. A los controladores de Penta nadie les va a quitar la PGU: jamás la van a necesitar.

Ahí está el mecanismo aporofóbico en su versión más limpia: no se castiga la incivilidad, se castiga la incivilidad de quien no tiene cómo pagarla de otro modo. El joven que raya un muro queda fichado por años. El ejecutivo chileno detenido en Brasil el 10 de mayo por insultar a la tripulación de un vuelo Latam, e intentar abrir una puerta en pleno vuelo, no entra en el registro: su incivilidad fue contra una persona, no contra el espacio público, y su patrimonio lo vuelve inmune a cualquier sanción administrativa imaginable.

La ley dibuja un mapa de clase sin decirlo: incívico es el que ensucia la calle, no el que ensucia el directorio.

El mismo fin de semana, en la Costanera Norte, un conductor de 38 años fue sorprendido manejando a 264 km/h, más del doble del límite. La Fiscalía pidió arresto domiciliario total. La jueza le dio firma mensual y arraigo, le dejó la licencia pese a una condena previa por manejar ebrio y prohibió revelar su identidad: está ligado a un enorme grupo empresarial.

Kast, por su parte, ofreció esa misma semana una clase magistral involuntaria sobre el tema: ante una mujer que reclamaba por el trato distinto hacia una familia adinerada, le respondió que no se comparara y que más bien agradeciera al país por dejar que esa familia “pudiera salir adelante”.

El politólogo Juan Pablo Luna lleva meses señalando algo similar: la criminalidad no respeta clase social, y existen también “narcozorrones” de altos ingresos, enredados en apuestas, criptomonedas y deudas que terminan empujándolos al tráfico de drogas de alta pureza en los barrios de la “cota mil”. Lo que cambia, según Luna, no es la conducta de riesgo. Es la sensación de impunidad con que se ejerce.

Si el ABC1 tuviera su propio registro —uno que tratara la colusión, la elusión tributaria o el desfalco municipal con la misma vara que el torniquete del Metro— probablemente tendría más inscritos de los que el Gobierno quisiera admitir.

Pero esas incivilidades no necesitan registro: ya tienen sus mecanismos de inmunidad, más eficientes que cualquier base de datos del Registro Civil. Una clase de ética, algún sermón en una iglesia y, en el peor de los casos, una pena remitida.

El Registro único de vándalos es una nueva agenda ideológica disfrazada de agenda ética. Solo tiene sentido si uno asume que la convivencia se juega en blanco y negro: vándalos de un lado, ciudadanos decentes del otro.

Necesitamos lo contrario: un marco que no pregunte primero de qué bando viene la conducta, sino si daña el interés público, sea quien sea. Bajo esa vara, el rayado de un paradero y la colusión de un retail pesarían igual. Hoy no es así, y esa distancia es, literalmente, la aporofobia de Cortina convertida en política pública.

La aporofobia no es el prejuicio de unos pocos arrogantes: es una estructura que ya organiza buena parte de nuestras instituciones, sin que nadie tenga que decirlo en voz alta. El Registro no surge de la nada; nace de una élite que decidió, mucho antes de que existiera el proyecto, a quién le tolera la incivilidad y a quién no.

La pregunta para el Congreso no es si aprueba el proyecto tal como llegó de La Moneda, sino si está dispuesto a dar el salto hacia esa agenda ética pendiente, o si prefiere darle, esta vez con sello legal, una forma más prolija a un prejuicio que ya conocíamos de sobra.