Volvamos a la esencia: empleo, crecimiento y desarrollo

Una de las afirmaciones que ha instalado el gobierno de José Antonio Kast es que “la mejor política social es el pleno empleo”.

Tanto el Presidente como su ministro de Hacienda han insistido en esta idea, transformándola en un eje discursivo de la nueva administración.

La frase no es casual. Tampoco es ideológicamente neutra. Su fuerza radica en que conecta con una aspiración que comparto: acceder a un trabajo estable, generar ingresos propios y construir un horizonte de bienestar para las familias.

Sin embargo, detrás de esa aparente simplicidad existe una disputa política más profunda que la centroizquierda está dejando pasar inadvertida.

Históricamente, el pleno empleo no surgió en el pensamiento neoliberal ni en la tradición de los Chicago Boys. Su formulación moderna se encuentra en Keynes y en las experiencias laboristas y socialdemócratas del siglo XX. El pleno empleo no era entendido como una consecuencia automática de los mercados, sino como un objetivo político que justificaba una acción activa del Estado para impulsar la inversión, el crecimiento y la creación de empleo.

La operación ideológica de la derecha consiste en conservar el prestigio político del concepto mientras modifica completamente su significado. El pleno empleo deja de ser el resultado de una estrategia de desarrollo impulsada por el Estado y pasa a ser presentado como una consecuencia natural del libre funcionamiento de los mercados.

En este contexto, la verdadera pregunta no es por qué la derecha ha logrado apropiarse de este concepto. La pregunta es por qué la centroizquierda renunció a disputarlo, del mismo modo en que dejó de liderar el debate sobre crecimiento, inversión y desarrollo.

En ese proceso, terminó privilegiando casi exclusivamente una agenda vinculada a las minorías, cuya importancia es indiscutible, pero relegando el diálogo con las grandes mayorías.

Y son precisamente esas mayorías las que, en democracia, mediante el voto, tienen la capacidad de impulsar y legitimar los cambios estructurales que el país necesita.

Hace más de dos décadas, Tomás Moulian advirtió que la centroizquierda estaba desvinculando progresivamente la política de la ideología en nombre del pragmatismo. Mientras ella abandonaba gradualmente su identidad socialdemócrata, la derecha continuaba consolidando la propia a través de las instituciones y de una narrativa coherente sobre economía y desarrollo. Los trabajos de otros sociólogos como Gonzalo Delamaza y Manuel Canales han reafirmado esta observación.

La paradoja actual es una consecuencia de ese proceso. Durante años, la izquierda chilena concentró gran parte de su reflexión en derechos sociales, desigualdad, reconocimiento y ampliación de garantías estatales. Muchos de esos debates eran legítimos y necesarios. Sin embargo, en ese camino fue abandonando una pregunta fundamental: cómo generar crecimiento económico sostenible en una economía abierta y competitiva.

Quizás el símbolo más elocuente de esa renuncia fue la sustitución de MIDEPLAN por el Ministerio de Desarrollo Social durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Más allá de sus implicancias administrativas, el cambio expresaba una transformación ideológica: el tránsito desde un Estado que pensaba el desarrollo económico como un objetivo político hacia otro concentrado principalmente en administrar sus consecuencias sociales.

La ironía es evidente. Fue precisamente desde ODEPLAN, antecedente de MIDEPLAN, desde donde los Chicago Boys diseñaron gran parte de las reformas económicas en el régimen militar (dictadura). Incluso quienes impulsaban una profunda liberalización económica comprendían la necesidad de contar con instituciones capaces de pensar estratégicamente el desarrollo nacional.

La centroizquierda, en cambio, aceptó sin demasiada resistencia la desaparición de una institucionalidad destinada precisamente a cumplir esa función.

Esta transformación contrasta con una de las principales enseñanzas del laguismo. Para los sectores progresistas de la antigua Concertación, el crecimiento económico, la inversión pública, la modernización de infraestructura, la apertura internacional y la generación de empleo formaban parte de un mismo proyecto político. Se entendía que la protección social y el crecimiento económico no eran objetivos contrapuestos. Por el contrario, asumía que la ampliación de derechos sociales dependía de la capacidad del país para generar riqueza, inversión y productividad.

En esa visión, el Estado no reemplazaba al mercado, pero tampoco se limitaba a corregir sus fallas. Su función consistía en orientar estratégicamente el desarrollo nacional.

La centroizquierda posteriormente ha ido perdiendo progresivamente esa vocación. El debate comenzó a girar cada vez más en torno a la redistribución y los derechos sociales, mientras el crecimiento, la productividad y la inversión quedaron relegados a un segundo plano.

Se asumió que la riqueza seguiría generándose de manera relativamente automática mientras la política se concentraba en discutir cómo distribuirla.

El estallido social y las dificultades experimentadas por el gobierno de Gabriel Boric terminaron por demostrar los límites de esa aproximación.

La demanda por mayor protección social sigue existiendo, pero hoy enfrenta una realidad ineludible: sin crecimiento económico sostenido, sin inversión y sin aumentos de productividad, las capacidades fiscales del Estado se vuelven cada vez más restringidas.

Por eso, la debilidad de la centroizquierda no radica en que la derecha utilice el concepto de pleno empleo. Su debilidad consiste en haber abandonado la capacidad de disputar su significado.

La oportunidad política que se abre hoy consiste precisamente en revertir esa renuncia ideológica. Una socialdemocracia renovada no debería limitarse a criticar a la derecha ni a reivindicar nuevas expansiones del gasto social. Su principal desafío consiste en volver a pensar el desarrollo.

Eso implica recuperar una pregunta que alguna vez estuvo en el corazón del proyecto de la centro izquierda iniciado por Lagos: ¿Cómo generar crecimiento económico, inversión, productividad y empleo de calidad en el Chile del siglo XXI?

La estabilidad macroeconómica seguirá siendo un activo indispensable. Pero la estabilidad, por sí sola, no constituye una estrategia de desarrollo.

Si la centroizquierda desea reconstruir una alternativa política relevante en el Chile post-estallido y post-Boric, deberá volver a hablar el lenguaje del desarrollo.

Y para hacerlo quizás deba reencontrarse con una tradición que alguna vez representó el laguismo: la convicción de que el mejor Estado social no es aquel que únicamente distribuye riqueza, sino también aquel que contribuye activamente a crearla.

La disputa no debería ser contra el pleno empleo. Debería ser por el significado político del pleno empleo y por el papel que el Estado debe desempeñar para hacerlo posible.

Volver a la esencia significa volver a poner en el centro el empleo, el crecimiento y el desarrollo. Solo así será posible reencantar a las grandes mayorías, recuperar la confianza de quienes viven de su trabajo y construir un proyecto de futuro donde prosperidad y justicia social vuelvan a caminar de la mano.