Cuando el remedio agrava la enfermedad

Chile destina hoy más del 10% de su Producto Interno Bruto al gasto en salud, cifra que supera el promedio de los países de la OCDE, cercano al 9,3%. Sin embargo, esta cifra agregada oculta una debilidad estructural: cerca del 40% de ese gasto corresponde al pago directo de bolsillo de las personas, muy por encima del promedio de los países comparables. Esta brecha revela dos fallas persistentes de nuestro sistema: una insuficiente inversión en prevención y promoción, fallas de eficiencia en los sectores privado y público, y una protección financiera incompleta frente a la enfermedad, que empujan a miles de familias al empobrecimiento por razones de salud.

En ese contexto, resulta preocupante que, en el marco de la megarreforma que inicia su tercer trámite y sin ninguna discusión pública, el Senado haya introducido una norma que crea un crédito tributario de hasta 150 UTM para que las empresas financien los tratamientos de enfermedades catastróficas de sus trabajadores, descontándolo del Impuesto de Primera Categoría. Lejos de resolver los problemas de prevención o protección financiera antes descritos, esta norma los agrava: introduce un mecanismo en el que los recursos de todos los contribuyentes —vía menor recaudación fiscal— terminan beneficiando selectivamente a trabajadores de empresas con capacidad financiera para adelantar estos fondos, en desmedro de quienes se desempeñan en la informalidad, en el desempleo o en empresas de menor tamaño. Se trata de una solución que profundiza la segmentación del acceso a la salud según la condición laboral, en lugar de fortalecer los instrumentos solidarios y universales que el país ha construido con esfuerzo.

Es momento de retomar la senda iniciada con el Régimen de Garantías en Salud (GES) y la Ley Ricarte Soto: reformas meditadas, basadas en evidencia técnica y epidemiológica, diseñadas para ampliar de manera equitativa la protección financiera de toda la población, independientemente de su empleador o de su capacidad de pago. Cualquier cambio legislativo en esta materia debiese evaluarse a la luz de su impacto en la equidad, su sostenibilidad fiscal y su coherencia con los principios de solidaridad que sustentan nuestro sistema de seguridad social en salud.

Es cierto que persisten brechas importantes en la protección financiera de la salud en Chile. Pero esas brechas no se cierran con normas aprobadas de manera apresurada y sin el debido análisis técnico; se cierran con políticas públicas sólidas, deliberadas y equitativas.