Pensar la reconstrucción desde la sociedad del conocimiento

Reducir la reconstrucción del país a una política legislativa de reactivación del capital y la inversión puede llevarnos a perder el momento de reflexión que necesitamos para pensar nuestro futuro como sociedad.

Lo que este momento de inflexión necesita —lo que los griegos llamaban Kairós, el tiempo oportuno y abierto para definir un destino colectivo en escenarios imprevisibles— es una discusión sistémica previa sobre el modelo de sociedad que imaginamos y queremos construir.

El verdadero desafío estratégico radica en transitar de manera decidida hacia una genuina sociedad del conocimiento, reconociendo que el valor estratégico más duradero de una nación no está enterrado en sus yacimientos mineros ni flota en sus jaulas salmoneras, sino en la capacidad colectiva para producir, articular, gobernar y transformar la información en conocimiento para el bienestar social sostenible.

La sociedad del conocimiento no se reduce ni a la sociedad de la información, centrada en el uso de las TICs y el potencial de acceso masivo a los datos, ni a la economía del conocimiento, que enfatiza la generación de valor y riqueza a través de la producción de bienes y servicios basados en el conocimiento, la innovación y el capital intelectual.

La sociedad del conocimiento está enfocada en un desarrollo político emancipador más integral para el ciudadano y sus organizaciones, permitiendo las condiciones habilitantes para el acceso y uso abierto de la información con capacidad de generar valor e impacto social. 

Poner en el centro de la discusión este concepto invita a pensar un paradigma social, cultural y político infinitamente más amplio, democrático e integrador que necesitamos en este momento para Chile. En una auténtica sociedad del conocimiento, las personas no son meras consumidoras pasivas de flujos transaccionales digitales, sino agentes activos que acceden y participan libremente en las dinámicas de creación, cuestionamiento y uso del conocimiento para impactar en su calidad de vida y encontrar soluciones colectivas ante crisis sistémicas.

Esta mirada sistémica nos obliga a poner el valor y el propósito social por delante de la fascinación fetichista por una economía basada solo en los avances tecnológicos, entendiendo que las herramientas digitales van cambiando a velocidad vertiginosa, pero las relaciones humanas que dan sentido al conocimiento permanecen.

El conocimiento no es un bien intangible flotante que se produce de forma aislada; surge necesariamente de las múltiples trayectorias, saberes técnicos, científicos, tradicionales y experienciales de comunidades y organizaciones específicas dentro de nuestra sociedad. Pero es necesario advertir que si la creciente capacidad tecnológica de procesamiento de datos con algoritmos avanzados la desacoplamos de nuestras experiencias colectivas y locales de conocimiento nunca produciremos un beneficio social para el país.

El gran error de la gobernanza pública tradicional en Chile ha sido tratar de acoplar de manera forzada los modelos organizacionales del siglo XX con las tecnologías de la información del siglo XXI, generando fenómenos agudos de contraproductividad, donde se gasta progresivamente más en sistemas de captura de datos transaccionales sin que ello se traduzca en una mayor capacidad de comprensión sistémica de nuestra propia realidad.

La fragmentación del ecosistema actual no es, por tanto, un problema de escasez de información, sino de inteligencia organizacional para conectarla dentro de los organismos públicos y con los ciudadanos, y así construir visiones de país comunes y proyectos colectivos integrados.

Con todo, para que la información que el Estado produce se convierta en una infraestructura basal que permita visibilizar los flujos metabólicos de la sociedad y pasar de una gestión puramente reactiva a una coordinación sistémica de carácter anticipatorio, es necesario no solo consolidar una arquitectura legal adecuada, sino que, ante todo, diseñar e implementar una política de gobernanza de los datos.

El dato como infraestructura crítica de la nación

Una estrategia de gobernanza respecto de la información pública y científica financiada por el Estado cambia de coordenadas cuando la pensamos desde el paradigma de una sociedad del conocimiento.

Los datos acumulados por el Estado chileno en el ejercicio de sus funciones —tales como registros de Fonasa, datos socioeconómicos del Ministerio de Desarrollo Social, variables ambientales de la Superintendencia del Medio Ambiente o transacciones contractuales de la Dirección de Compras Públicas— dejan de ser vistos como propiedades burocráticas o activos reservados de cada ministerio o servicio sectorial. Y en la medida que estos activos intangibles son “abiertos por defecto” (open by default) para el ciudadano, se transforman en infraestructura crítica de la nación y en un capital informacional inalienable de la comunidad política que los financió a través de sus impuestos.

Tratarlos bajo esta óptica es una decisión política estratégica con consecuencias jurídicas y organizacionales concretas sobre cómo deben circular y gobernarse para producir valor social colectivo. 

En el plano de la investigación y el desarrollo científico financiado con fondos públicos, la oportunidad y el desafío es igual de evidente que con los datos públicos. Anualmente se invierten miles de millones de pesos de todos los contribuyentes para que universidades y centros de investigación generen acervos de datos clínicos, epidemiológicos, económicos y territoriales de inmenso valor potencial. No obstante, una vez concluidos los proyectos, esa información permanece en silos inaccesibles, fragmentada en computadores personales de investigadores o encapsulada en formatos incompatibles que impiden su reutilización, obligando al propio Estado a duplicar esfuerzos económicos para recolectar información que ya posee.

Desarrollar una política de gobernanza de datos públicos y científicos abiertos transforma la información en un bien común (data commons) y en una infraestructura crítica que genera valor y beneficios directos para diversos actores de la sociedad.

El Estado mejora radicalmente la calidad de su toma de decisiones, permitiendo el diseño de políticas públicas basadas en evidencia y con una capacidad de anticipación y prevención mucho mayor. La academia potencia su investigación para crear nuevo conocimiento científico que mejora la evidencia para soluciones país. Las empresas se benefician al utilizar los datos abiertos como un insumo estratégico para la innovación, habilitando el desarrollo de nuevas tecnologías, servicios de valor agregado y nuevos modelos de negocios.

Avances regulatorios aislados, sin estrategia de gobernanza de datos país

Si bien Chile ha realizado esfuerzos significativos por robustecer su entramado regulatorio en materia de digitalización, sobre el terreno esos avances no se han traducido en una estrategia país para que nuestra información genere valor con real impacto social.

En los últimos años, contamos con una Ley de Transformación Digital del Estado orientada a digitalizar los trámites administrativos. Contamos también con una exigente Ley Marco de Ciberseguridad para resguardar la infraestructura crítica frente a amenazas informáticas. Y también con una nueva Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 21.719) que modifica la obsoleta Ley N° 19.628, y que nos alinea con el exigente estándar del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. Respecto de esta última su potencial innovador y habilitador para el uso secundario de la información dependerá no solo de la futura Agencia de Protección de Datos que crea esta nueva ley, sino de una legislación coordinada que establezca una gobernanza para la disponibilidad, acceso y reúso de los datos públicos y científicos. 

Para alcanzar un marco legal e institucional para la gobernanza de datos abiertos, como lo han hecho países líderes en el índice del OURdata de la OCDE (Francia y Corea del Sur a la cabeza con una institucionalidad legal centralizada y los países nórdico-bálticos como Dinamarca, Noruega, Finlandia, Estonia y Polonia con modelos de infraestructura pública de datos), habrá que profundizar y extender el proyecto de ley, ingresado en junio de 2025 al parlamento, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos, acelerando e integrando los avances hechos hasta ahora. (Chile es uno de los países con mayor crecimiento en el índice OURdata 2025).

Este proyecto apunta en la dirección técnica correcta al intentar fijar una “Infraestructura integrada de datos” con fines expresos de evaluación de políticas públicas e investigación científica, directrices de interoperabilidad y términos estandarizados para que todos los órganos de la administración compartan información sobre una base coordinada. Sin embargo, no contiene ninguna disposición de datos abiertos hacia los ciudadanos (ni “apertura por defecto” ni conjuntos de datos de alto valor) ni tampoco establece un régimen de acceso para investigación con las debidas garantías (autoridad de permisos, entornos seguros certificados, acreditación tipo Five Safes). 

El proyecto es una condición necesaria pero no suficiente para una política de gobernanza de datos abierto. Al menos se requiere mejorar el diseño de esta política con tres condiciones habilitantes: primero, una autoridad técnica autorizada por ley (el proyecto la deposita en la Secretaría de Gobierno Digital), pero que cuente con rectoría eficiente y dientes; segundo, implementar plataformas de datos federadas y controladas bajo el paradigma internacional de los Five Safes (Trusted Research Environments) para investigación con información sensible; tercero, capital humano especializado y la profunda transformación de la cultura y los incentivos institucionales, especialmente de los organismos del Estado.

La voluntad política no se legisla, se ejerce

Estas tres condiciones habilitantes se cumplen con voluntad política, no solo con una legislación bien diseñada. Los países líderes de la OCDE en gobernanza de datos abiertos lograron estar a la vanguardia porque imprimieron una voluntad política inquebrantable en diseñar las instituciones, los entornos seguros de investigación y los incentivos de colaboración para que la información produjera valor colectivo real y democrático.

Esa voluntad política y ese liderazgo estratégico constituyen, al final de cuentas, la condición habilitante más urgente e importante de todas para que nuestro país empiece a transitar hacia la sociedad del conocimiento.