Opinión
Eximir a los adultos mayores: una solución correcta para un problema que es más profundo
Eliminar las contribuciones para las personas mayores puede ser una decisión socialmente razonable. Sin embargo, la implementación de esta medida no debería cerrar la discusión, sino abrir una ventana para abordar con seriedad una reforma más profunda.
La eliminación de las contribuciones sobre la vivienda principal de las personas mayores de 65 años beneficiaría potencialmente a 271.212 propiedades en Chile, equivalentes al 23% de las viviendas principales que actualmente pagan este impuesto. De acuerdo con una estimación de la plataforma de inteligencia inmobiliaria y georreferenciación Inciti, estas propiedades representan cerca de $241 mil millones de recaudación anual.
La medida responde a un problema real. El impuesto territorial se determina sobre el avalúo fiscal de la propiedad y no sobre la capacidad de pago de su dueño. Así, una persona jubilada puede ver aumentar considerablemente las contribuciones de su vivienda sin haber experimentado un incremento equivalente en sus ingresos.
En términos económicos, se grava una valorización no realizada. El propietario dispone de un activo más valioso en el papel, pero no obtiene liquidez mientras no lo venda, arriende o explote comercialmente. Para una persona mayor que vive en su casa y depende de una pensión, esa diferencia no es teórica: puede obligarla a reducir otros gastos, endeudarse o incluso terminar vendiendo su propiedad.
El proyecto corrige esta situación, pero también abre preguntas necesarias. La primera es distributiva: una exención basada principalmente en la edad puede beneficiar por igual a propietarios con baja capacidad de pago y a personas de patrimonio elevado. La segunda es fiscal: las contribuciones financian tanto directamente a los municipios como al Fondo Común Municipal, por lo que cualquier rebaja debe contar con una compensación estable y no depender de transferencias sujetas cada año a la discusión presupuestaria.
La tercera pregunta es institucional. La exención protege a un grupo afectado por las distorsiones del sistema, pero no corrige la falta de transparencia y trazabilidad de los avalúos fiscales. Si el valor base está mal determinado, si las características constructivas son incorrectas o si el terreno recibe coeficientes que no corresponden, el problema seguirá afectando a los demás contribuyentes.
Eliminar las contribuciones para las personas mayores puede ser una decisión socialmente razonable. Sin embargo, la implementación de esta medida no debería cerrar la discusión, sino abrir una ventana para abordar con seriedad una reforma más profunda: disponer de avalúos comprensibles, procedimientos de reclamación efectivos, una necesaria gradualidad frente a incrementos abruptos y una relación más directa entre el impuesto y la capacidad económica del contribuyente.
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